El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dio inicio ayer al juicio de la denominada mega causa "Zona 5", en el que se juzga a 38 ex militares y a ex policías federales y provinciales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante la época del terrorismo de Estado. Por parte del Ministerio Publico Fiscal intervinieron el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y, como auxiliares fiscales, Pablo Vicente Fermento, José Nebbia y Paula Molini.

Pasadas las 9.30, la audiencia, que se hizo de forma semi presencial y con público en la sala, tuvo una breve exposición inicial por parte del tribunal en la que explicó la modalidad del juicio y los requisitos necesarios para el desarrollo del debate. A las 10.00, luego de distintos problemas de conexión por parte de algunos imputados, los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido dieron inicio al juicio, que comenzó con la lectura de la síntesis de la acusación por parte del MPF.

Alrededor de las 14.00 el tribunal interrumpió la exposición para otorgarle la palabra a las defensas, quienes cuestionaron la modalidad de intervención en el juicio y la lectura de la síntesis de la acusación. Frente a esto, el tribunal resolvió no hacer lugar y finalizar la jornada que continuará el próximo jueves, con la continuidad de la requisitoria.

Siguieron la audiencia de forma virtual los 38 imputados, entre los cuales hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un exmiembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos exoficiales de la Policía Federal de Viedma y el exdirector de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.

La mega causa "Zona 5" aborda el entramado criminal que, encabezado desde la jefatura del V Cuerpo del Ejército con sede en Bahía Blanca, operó durante la época del terrorismo de Estado en su jurisdicción, que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires -partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones-, y las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Palazzani: "Los padecimientos que vamos a ver surgieron y son parte de un plan sistemático generalizado racional para crear un modelo de sociedad en el que se desplegó toda la fuerza y logística de un aparato y poder estatal para aniquilar personas".

Plan sistemático para crear un modelo de sociedad

En el comienzo de la exposición de la pieza acusatoria, el fiscal Palazzani señaló que “el camino que nos trajo hasta acá fue complejo, porque transitó décadas de impunidad, y fue arduo y dificultoso, porque a pesar de casi todo y de casi todos, los sobrevivientes víctimas, familiares y organismos de derechos humanos lo impulsaron, motorizaron, transitaron e hicieron posible, insistiendo en reclamar memoria, verdad y justicia”.

Asimismo, caracterizó a la dictadura cívico militar como un proyecto de transformación de la sociedad argentina en su conjunto “mediante modificaciones estructurales de la arquitectura política, económica y social a través del terror”.  “Los padecimientos que vamos a ver surgieron y son parte de un plan sistemático generalizado racional para crear un modelo de sociedad en el que se desplegó toda la fuerza y logística de un aparato y poder estatal para aniquilar personas”, agregó.

Por otra parte, señaló que en el juicio hay 79 personas que fueron asesinadas, 23 que se encuentran desaparecidas, cuatro fueron halladas en democracia y tres víctimas que nacieron en cautiverio fueron apropiadas y todavía se siguen buscando. Además, indicó: “También hemos intentando visibilizar la violencia sexual sobre las mujeres en los centros clandestinos de detención”.

Luego, el fiscal citó las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado actual del proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad e indicó que “el índice de absoluciones, sobreseimientos y faltas de mérito es del 42% en causas de lesa humanidad, significativamente más que en las causas comunes”.

Entre las 334 víctimas, 79 personas fueron asesinadas, 23 se encuentran desaparecidas, cuatro fueron halladas en democracia y tres víctimas que nacieron en cautiverio fueron apropiadas y todavía se siguen buscando.

Imputados

Al juicio llegaron acusados como coautores de distintos delitos de lesa humanidad constitutivos como genocidio, los ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército: Mario Horacio Torres, quien revistaba como Jefe del Departamento III;  Osvaldo Bernardino Paéz, quien se desempeñó como Oficial de Estado Mayor;  Mario Alberto Casela,  Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson y Jorge Horacio Rojas, quienes formaron parte del grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”; Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal, quienes cumplieron funciones en el Departamento II de Inteligencia; y Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Victor Raúl Aguirre, quienes integraron el Destacamento de Inteligencia 181.

Entre los imputados militares se encuentran además los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes –para la acusación– realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita” que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Mientras que Adalberti se desempeñó en el Hospital de Evacuación 181, Bonini cumplió funciones como enfermero General en la División Sanidad del Departamento IV Logística, del Comando V Cuerpo de Ejército, con el grado de sargento primero.

Por otra parte, están acusados Bernardo Artemio Cabezón, Jose Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen, Desiderio Andrés González, Raúl Artemio Domínguez y Gabriel Cañicul, quienes formaron parte de la Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26, cumpliendo servicios como guardias del CCDyT “La Escuelita”. También integran la nómina los acusados Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés, Enrique Stel, Eduardo Carlos Videla, Martin Guttierez Velasco, quienes en el momento de los hechos ejercían funciones en el Batallón de Comunicaciones del Comando 181. Por último, también se encuentra dentro de los militares acusados Oscar Lorenzo Reinhold, quien al momento de los hechos era oficial de Estado Mayor de la Brigada de Infantería Montaña VI, con asiento en Neuquén.

Entre los ex policías que llegaron a debate imputados se encuentran Claudio Alejandro Kussman, quien fue oficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires; Vicente Antonio Forchetti y Hector Abelleira, quienes se desempeñaban como jefe y oficial principal –respectivamente- de la Delegación Viedma de la Policía Federal; y Hector Luis Selaya, quien era el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.