A quince años del reinicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo de Estado, tribunales de todo el país dictaron 269 sentencias en las cuales condenaron a 1052 personas y absolvieron a 165.

Las cifras de esta estadística corresponden al informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), cerradas al 1° de diciembre de 2021, por lo que no ingresaron en el recuento las condenas dictadas el 2 de diciembre a dos ex policías y a la esposa de uno de ellos en Mendoza en el caso de la apropiación de una niña e impuestas el 9 de diciembre a 15 militares y policías en Neuquén en el juicio "Escuelita VII".

Los datos que se incluyen en el informe son de elaboración propia de la PCCH, a partir de la sistematización, procesamiento y análisis de la información brindada por las fiscalías y unidades fiscales de todo el país.

El trabajo indica que durante 2021 se dictaron 17 sentencias: 6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 en Mar del Plata y en San Martín; y 1 en Bahía Blanca, Catamarca, Córdoba, Posadas, Resistencia, Rosario y Santa Fe. Se registró así un considerable aumento interanual de las sentencias respecto de 2020, año en que se dictaron 11.

Entretanto, otras 364 causas judiciales aún no registran sentencia, de las cuales 17 se encontraban -al 1° de diciembre- en trámite, en etapa de juicio oral o plenario (como "plenario" se conoce a la etapa definitoria de juicio del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, anterior al Código Procesal Penal dictado en 1992).

Durante 2021 además se iniciaron 17 juicios, de los cuales 9 llegaron a sentencia, 7 continúan con el debate en curso y uno se suspendió por el fallecimiento de los dos imputados involucrados.

En este contexto, son 67 las causas elevadas a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate para 2022.

En la fase de instrucción, es decir, en la primera parte del proceso, se registran 280 causas. De todas ellas, en 21 el MPF ha requerido la elevación a juicio.

"Se contabilizan 18 imputados/as en el exterior del país que registran pedido de captura, de los cuales 6 han sido localizados/as pero aún no extraditados/as, 11 a quienes se les ha denegado la extradición, y 1 que se encuentra en proceso de extradición".

Personas requeridas

Por otro lado, el informe de la procuraduría especializada indica que el MPF ha requerido la investigación de 3551 personas desde la reapertura de las investigaciones, tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad insanable de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Entre ellas se encuentran las 1217 sentenciadas (1052 condenadas y 165 absueltas), que representan poco más de un tercio del total de investigadas.

En 2021, hasta el 1° de diciembre, fueron condenadas 65 personas y 9 resultaron absueltas. Es decir, 74 personas obtuvieron veredicto en juicio. Esta última cifra es superior a las 58 registradas en 2020, pero inferior a las 234 de 2017; 108 de 2018; y 95 de 2019.

"Continúa siendo significativo el número de personas que aún no han obtenido sentencia", indica la procuraduría en su informe, pues explica que "de ellas, 572 se encuentran procesadas, 154 con falta de mérito y 93 sobreseídas. Asimismo, de la información recibida por las distintas fiscalías de todo el país, surge que aún resta que se resuelva la situación procesal de 620 personas, de las cuales 38 ya fueron indagadas, y 582 tienen pedido de indagatoria pendiente".

"Es importante resaltar que, a lo largo de este año, han fallecido un total de 79 personas investigadas por crímenes contra la humanidad. Asimismo, 22 permanecen prófugas de la justicia, desconociendo su paradero, mientras que al cierre de este informe también se contabilizan 18 imputados/as en el exterior del país que registran pedido de captura, de los cuales 6 han sido localizados/as pero aún no extraditados/as, 11 a quienes se les ha denegado la extradición, y 1 que se encuentra en proceso de extradición", añade.

En la actualidad hay 785 personas detenidas en los procesos por crímenes de lesa humanidad, un 75% de ellas (590 en total) en arresto domiciliario, la cual se transformó en "la modalidad de encierro predominante desde el año 2016", indica la procuraduría. Un 39% de las personas detenidas en sus hogares están controladas con un dispositivo de monitoreo electrónico. En tanto, 127 están alojadas en dependencias penitenciarias, mientras que 68 en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad, así como también en el Hospital Militar. La procuraduría pone de relieve que 55 de esas 68 están privadas de su libertad en la cárcel que funciona dentro del predio militar de Campo de Mayo, donde "las características de esta dependencia y el rol del Ejército en su administración impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país".

La prisión domiciliaria es "la modalidad de encierro predominante desde el año 2016", indica la procuraduría. 590 personas, que representan el 75% de las detenidas, goza de ese beneficio.

Delitos sexuales

En el informe sobre el estado de los procesos, la procuraduría especializada diferencia y destaca "un incremento en la cantidad de sentencias donde se juzgan dichos delitos, que han demostrado que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado". Especifica que, si bien se observa una constante desde 2013 -en 2012, la Procuración General fijó la política criminal al respecto-, no se ha superado el dictado de cinco sentencias con estas características por año.

En números globales, 40 de las 269 sentencias dictadas hasta el 1° de diciembre pasado contemplan delitos por violencia sexual que tuvieron como víctimas a 117 mujeres y 25 varones.

En relación a las personas juzgadas por estos delitos, suman 124 las condenadas y 14 las absueltas.

"Espiral recursivo"

De las 269 sentencias dictadas desde el reinicio de los procesos, solo 81 se encuentran firmes. De estas últimas, 69 adquirieron esa calidad mediante recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), 11 ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) por no haber sido recurridas al máximo tribunal, y una quedó firme en tribunal oral por no haberse interpuesto recurso.

En este contexto, suman 316 las personas condenadas con al menos una sentencia firme y 28 las absueltas. Representan el 30% y el 18% del total, respectivamente. "Del universo de condenados/as, 206 (20%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 20 (12%) en el caso de los/as absueltos/as", agrega la procuraduría.

La PCCH se detiene a analizar los plazos que conllevan las instancias más significativas del proceso y, en particular, las que suponen la revisión de las sentencias. En ese sentido, especifica que:

• En instrucción, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación es de 4 meses.
• En instancia de juicio transcurren en promedio 2 años y 2 meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto.
• En instancias recursivas pasan en promedio 3 años y 7 meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema para que una sentencia quede firme. "Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, para confirmar o no lo dispuesto por el TOF", concluye la PCCH.

En números globales, 40 de las 269 sentencias dictadas hasta el 1° de diciembre pasado contemplan delitos por violencia sexual que tuvieron como víctimas a 117 mujeres y 25 varones.

En este marco, el informe profundiza sobre las demoras en esta última etapa y se detiene en el análisis de los reenvíos que realiza la CFCP para que los tribunales orales dicten nuevos pronunciamientos por defectos en diferentes aspectos de las sentencias, en lugar de dictar, el propio tribunal revisor, una nueva sentencia que modifique la del tribunal de inferior jerarquíaAsí, la CFCP falló sobre las sentencias definitivas en 134 causas, de las cuales en 71 reenvió la causa al tribunal de origen. De estas, dos se encuentran firmes. Una es la causa “Floreal Avellaneda”, en la que pasaron 12 años entre la sentencia del tribunal oral y su firmeza.

De acuerdo con los registros de la PCCH, el tiempo total de tramitación de las causas con sentencias no firmes con al menos un reenvío de la CFCP es de seis años desde el dictado de la sentencia del tribunal oral. En tanto, el tiempo total de tramitación de las causas firmes que no tuvieron reenvío por el máximo tribunal penal es de cuatro años entre la sentencia del tribunal y el último fallo de la Corte.

"Aquellas causas que han sido reenviadas desde la CFCP al tribunal de origen, y que no se encuentran firmes aún, han superado en 2 años a aquéllas que se encuentran firmes y no tuvieron reenvíos", lo cual demuestra "cómo se ralentiza el proceso de juzgamiento", indica el informe.

Este fenómeno que caracteriza a la etapa de revisión, donde la causa no pasa linealmente de una etapa a la otra sino que regresa para que se dicte un nuevo pronunciamiento que otra vez deba ser revisado, fue conceptuado por la PCCH como "espiral recursivo". Esta particularidad fue advertida en los informes anuales de 2019 y 2020.

Finalmente, de acuerdo a los registros de la PCCH existen al menos 75 recursos pendientes de resolución ante la CSJN, que involucran a 130 personas acusadas en 34 causas.