03 de diciembre de 2022
03 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El alegato del fiscal general Miguel Palazzani y del fiscal ad hoc José Nebbia
Bahía Blanca: la Fiscalía inició el alegato por los crímenes en el V Cuerpo del Ejército
Los representantes del MPF describieron que la represión ilegal en Bahía Blanca, en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén se llevó a cabo en el marco de un genocidio. El proceso aborda los casos de más de 100 víctimas y actualmente tiene 34 acusados. Remarcaron la impunidad que aún hoy gozan los civiles. Continúan con la descripción de la prueba de cada caso.
El fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia abrieron ayer la etapa de alegatos en el quinto juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad celebrado en Bahía Blanca. Con el foco puesto sobre la actividad represiva ilegal realizada desde el Comando del V Cuerpo del Ejército, se trata del proceso con más acusados, 34 actualmente, realizado en la provincia de Buenos Aires.

"Aún con los esfuerzos sociales e institucionales emprendidos para correr el telón del terrorismo de Estado, el genocidio ha hundido sus raíces tan profundo, y ha extendido sus extremidades tan alto, que se nos torna siempre incontenible e inabarcable", indicaron en el inicio del alegato.

Los fiscales señalaron que en el presente debate se trataron por primera vez los casos de 13 víctimas y que se "rememoraron las de otras 92" abordados en procesos anteriores. Además, en el marco del actual juicio, "se escuchó la narración de numerosas personas que vinieron como testigos, y que aún no han podido hablar como víctimas, sobre las torturas padecidas en 'La Escuelita' y en distintas sedes policiales".

Es el quinto juicio oral en la ciudad por crímenes de lesa humanidad. "Aunque parezca que tenemos ante nuestros ojos el fenómeno completo, debemos ser conscientes de que se trata sólo de una parte", advirtieron los fiscales.
 "Aunque parezca que tenemos ante nuestros ojos el fenómeno completo, debemos ser conscientes de que se trata sólo de una parte, seccionada abstractamente bajo la ficción del objeto procesal y las normas de la competencia jurisdiccional", señalaron en la introducción. En efecto, en este juicio se analiza la responsabilidad de ex miembros del Ejército, de las policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y del Servicio Penitenciario Bonaerense en delitos contra 105 víctimas.

Tras introducirse en los hechos y en el contexto del plan criminal, los fiscales iniciaron ayer el recorrido de la prueba vinculada a los crímenes cometidos contra cada víctima de este proceso, con lo cual continuarían durante la jornada de hoy.

Los fiscales recordaron que hasta ahora "ningún civil ha estado en el banquillo de los acusados" aún en Bahía Blanca y que pasaron cinco años desde la sentencia de este mismo tribunal que ordenó investigar a La Nueva Provincia y a los miembros de la familia Massot. "Estos no sólo continúan impunes, sino que los vientos que soplan dejan la sensación de que esa expresión de justicia se va perdiendo en el aire", señalaron.

Sobre el objeto procesal del juicio en curso, los fiscales señalaron que el centro clandestino "La Escuelita", que funcionó dentro del predio del V Cuerpo, fue "el epicentro del terror de la Patagonia argentina y que la subzona militar 51 fue "ese confín que, con su fuerza centrífuga, atrajo hacia la tortura, la muerte y la desaparición a innumerables ciudadanos del sur argentino". Este proceso trata, además, sobre crímenes cometidos en los centros clandestinos "El Galpón" y el Gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181; "El vagón de tren", "El Galpón ferroviario" y la División Cuatrerismo, dependientes de la Policía bonaerense, y la Unidad Penal N°4 del SPB.

Los fiscales describieron que en ese circuito fluían "la inteligencia y las órdenes operativas" entre Bahía Blanca y Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, "dos extremos territoriales hermanados por la represión".

"Plan criminal a gran escala"

"La existencia de este plan criminal a gran escala, pergeñado y llevado a la práctica de manera paciente y organizada, por etapas, con el propósito de suprimir de la sociedad a una parte de la población, ha sido suficientemente investigada y sentenciada en ésta y en todas las jurisdicciones federales del país, al punto que la consideramos un hecho notorio, a esta altura del proceso histórico de justicia", indicaron los fiscales, y luego describieron la normativa que configuró las estructuras represivas en el marco del plan de exterminio, desde los decretos y disposiciones que en 1975 ordenaron la represión en Tucumán en el contexto del Operativo Independencia.

Aquella experiencia tuvo mucho que ver con Bahía Blanca. El primer comandante de esa empresa criminal en la provincia de Tucumán, el fallecido Acdel Vilas, se convirtió luego en el jefe del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca. Junto a él arribaron oficiales hoy acusados en el juicio, que conformaron su "grupo de confianza" y fueron "afectados a las tareas más clandestinas y criminales", señalaron los fiscales, como Enrique José Del Pino, Osvaldo Lucio Sierra y Jorge Horacio Rojas, y el suboficial Víctor Raúl Aguirre.

Palazzani y Nebbia analizaron las características del plan criminal y concluyeron que "no fue cualquier tipo de ataque contra la población, sino ni más ni menos que una práctica efectiva de genocidio".

Los fiscales citaron en su exposición un artículo publicado por Vilas, titulado "De Tucumán a Bahía Blanca", en el que el militar definía la acción desplegada en el V Cuerpo: “Las dos primeras medidas adoptadas fueron: proceder a obtener una inteligencia eficiente y real de la situación subversiva en la zona y, simultáneamente, establecer un sistema fluido de relaciones con la civilidad en sus diversos estamentos y expresiones, a fin de conocer el medio social y predisponerlo para la aceptación de una lucha en conjunto contra la subversión”.

Vilas también escribió que "paralelamente a la ejecución de las operaciones, se inició una planificada acción de propaganda y acción psicológica sobre la población, estableciéndose cuáles eran los objetivos del accionar de las FFAA y promoviendo la adhesión de la civilidad a una lucha que comenzaba a ser, de este modo, integral y no meramente militar”, citaron los fiscales.

Tras las citas, Palazzani y Nebbia enfatizaron: "Señores Jueces, estos párrafos tienen una significancia jurídica incontestable, porque lo que el rector del exterminio nos está confesando es que, aquello que planificó y consumó en la jurisdicción, no fue cualquier tipo de ataque contra la población, sino ni más ni menos que una práctica efectiva de genocidio".

En el final de la introducción, los fiscales recordaron que, en el marco de ese plan, la vinculación entre las autoridades militares y los dueños de La Nueva Provincia se evidenció en la "planificada acción de propaganda y acción psicológica, para promover la adhesión y obtener la integración de la población al programa de exterminio".