El fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad hoc José Nebbia pidieron este martes la imposición de penas de prisión perpetua para 25 acusados y condenas de entre 13 y 19 años de prisión para otros siete, en todos los casos de cumplimiento en "cárcel común", en el marco del juicio a ex militares, ex policías de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, a quienes acusaron por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el ámbito del V Cuerpo del Ejército. Por la cantidad de acusados -comenzó con 37, pero por fallecimiento o razones de salud la cantidad de imputados se redujo- el proceso tramitado en Bahía Blanca es el más grande de estas características realizado en la provincia de Buenos Aires.

"Estos juicios integran procesos históricos y lejos de mirar al pasado, como muchos pregonan, están mirando al futuro. En esta sala los imputados saben y conocen dónde están los bebés apropiados, hoy adultos, y los desaparecidos. Les preguntamos, porque para muchos que hoy esperan puede ser la última oportunidad, dónde están esos niños, dónde están los desaparecidos. Hasta que no aparezcan, hasta que esas heridas no se cierren, todo lo que hagamos seguirá siendo poco", cerró el alegato el fiscal Palazzani ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, que sesiona para este juicio -el quinto celebrado por crímenes de lesa humanidad en esa ciudad- en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur.

Si bien requirieron la aplicación de los tipos penales del derecho internacional de genocidio y crímenes de lesa humanidad para describir los delitos en el marco del plan sistemático, los fiscales acusaron por los tipos penales locales de asociación ilícita, aplicación de tormentos, privación ilegítima de la libertad, homicidios, sustracción de niños menores de diez años, lesiones gravísimas, violación de domicilio y falsedad ideológica de instrumento público. En el juicio se abordaron los casos de 103 víctimas.

El final del alegato de la Fiscalía, que había comenzado el 24 de abril, incluyó, además de los pedidos de pena, una serie de requerimientos que tienen por objetivo reparar en parte el daño causado en la región por el terrorismo de Estado. Esas medidas, señalaron, "se dirigen a evitar o al menos morigerar la realización de las prácticas de terrorismo de Estado, en el plano de lo simbólico, la cultura y las relaciones sociales".

"Parte de las garantías de no repetición que debe asegurar el Estado, radica en mantener vigente en el tiempo, y hacer visible al público, la proclama de que nadie puede ser perseguido, secuestrado, torturado ni desaparecido por defender sus derechos y expresar sus ideas, y de que la potencia punitiva del Estado no puede desatarse contra la población bajo ningún tipo de pretexto, y menos aún por el hecho de pensar distinto", fundamentaron.

"Estos juicios integran procesos históricos y lejos de mirar al pasado, como muchos pregonan, están mirando al futuro", dijo el fiscal Palazzani en el cierre del alegato.

Derecho a réplica colectivo

En ese sentido, los fiscales reiteraron el pedido que habían formulado en el juicio anterior -y que fue receptado entonces por el mismo tribunal que desarrolla este debate- de ordenar que "la parte resolutiva de la sentencia que recaiga en este juicio se publique en el diario La Nueva Provincia y en un lugar destacado y visible para que la sociedad bahiense se pueda enterar". Palazzani y Nebbia fundaron el pedido en el marco de una "réplica colectiva", cuyo ejercicio titulariza el Ministerio Público, pues "no puede dejar de sopesarse que hay víctimas imposibilitadas de ejercerlo porque se encuentran desaparecidas o fallecidas y tienen derecho a que se repare su historia biográfica".

Con ello hicieron referencia, a que "el diario La Nueva Provincia manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca, y cómo –en ese registro histórico aún predominante– las víctimas no sólo fueron torturadas, fusiladas y desaparecidas, sino que además fueron instaladas en el imaginario social como los criminales más abominables y peligrosos, y como el mayor enemigo de la sociedad".

La actuación del grupo de medios de la familia Massot fue descripta en la sentencia del tercer juicio, terminado en Bahía en 2012. El tribunal ordenó por aquellas conductas que se investigue a los miembros del directorio y, tras un largo derrotero judicial, la Fiscalía logró el allanamiento del diario en 2014 y la indagatoria de su entonces director, Vicente Massot. En un proceso que derivó en graves irregularidades, el empresario fue beneficiado con la falta de mérito, que se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"El diario La Nueva Provincia manipulaba, escondía, encubría, tergiversaba, deformaba y falseaba los hechos en Bahía Blanca".

Las universidades y el Municipio

En su alegato que cerró el martes por la noche, los fiscales además requirieron que encomiende a las universidades nacionales del Sur y del Comahue la publicación y difusión de la sentencia, teniendo en cuenta que gran parte de las víctimas pertenecían a esas comunidades educativas y que el Comando del V Cuerpo del Ejército había apuntado especialmente a esas instituciones como espacios destacados para la implementación del plan represivo.

Con referencia particular a la UNS, que tiene sede en esa ciudad, señalaron que la medida tiende a "asegurar la continuidad y el sostenimiento de los esfuerzos que forman parte de su política universitaria, para la construcción y el mantenimiento de la memoria colectiva, mediante la adopción de medidas tendientes al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las víctimas miembros de aquella comunidad universitaria, y de la práctica de genocidio que tuvo a aquella Casa de Altos Estudios entre sus escenarios principales".

En esa línea, remarcaron la persecución a las comunidades de ambas instituciones y destacaron que "los efectos supresivos sobre ese colectivo de sujetos, y sobre aquellas prácticas sociales que les eran propias, no redundan únicamente en la persecución, el secuestro y el asesinato de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, sino en la manera en que esas prácticas venían a destruir lazos de identidad y solidaridad sobre el colectivo en su totalidad. Allí deben computarse también el exilio, la muerte civil y el miedo. Y con ello, la inmovilidad, la autocensura, y la autorepresión".

Finalmente, pidieron que en la sentencia se solicite a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Bahía Blanca, "la realización de un acto de reconocimiento y difusión pública del fenómeno de terrorismo de Estado vivido por la sociedad bahiense, como así también de las historias individuales de cada una de las víctimas". Para ello, solicitaron que se les encomiende "la colocación de baldosas en espacio público de la ciudad, como parques, plazas o paseos, con el nombre de cada una de las víctimas en este juicio, donde se indique que los hechos sufridos han sido juzgados en el marco de la presente causa judicial, y que han sido individualizados como responsables los imputados de este juicio".

Palazzani y Nebbia recordaron además los casos de trabajadores municipales desaparecidos, algunos de ellos incluso secuestrados en la misma sede comunal, y pidieron al respecto "la colocación de una placas o baldosas, en un espacio visible al público del Palacio Municipal, en donde se haga referencia a su carácter de víctimas en esta causa judicial, a las circunstancias básicas de su secuestro, cautiverio y torturas, y a la calidad que revestían como empleados o funcionarios municipales, y –en su caso– militantes gremiales".

"No debe perderse de vista que las autoridades locales constituyen uno de los niveles gubernamentales del Estado Argentino y que, como tal, se encuentran alcanzadas por el deber de reparación y prevención de los crímenes juzgados", remarcaron.

"Las autoridades locales constituyen uno de los niveles gubernamentales del Estado Argentino y, como tal, se encuentran alcanzadas por el deber de reparación y prevención de los crímenes juzgados".

25 pedidos de prisión perpetua

Los fiscales pidieron que se condene a prisión perpetua a los siguientes acusados:

• El ex jefe del Departamento de Operaciones del Cuerpo V, Juan Manuel Bayón, y el ex jefe de división del mismo departamento, Osvaldo Bernardino Páez.
• El ex subjefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V del Ejército, Walter Bartolomé Tejada, y su subordinado, el ex mayor Osvaldo Lucio Sierra.
• El ex segundo jefe de la "Agrupación Tropa" o "Equipo de Combate contra la subversión", Julio Guillermo González Chipont, el ex jefe de Sección Caballería Carlos Alberto Ferreyra, el entonces encargado de compañía, Pedro Ángel Cáceres, y el ayudante del comandante del V Cuerpo e integrante del mismo "Equipo", Alberto Magno Nieva.
• El ex jefe de la Sección Actividades Sicológicas Secretas (sic) y de la 1era Sección Ejecución del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército, Jorge Horacio Granada, los ex teniente primero del mismo organismo, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel y José Enrique Del Pino, y el ex sargento Víctor Raúl Aguirre.
• El ex jefe del Batallón de Comunicaciones 181 Mansueto Swendsen; el ex oficial de Logística y también ex jefe de la Compañía A de aquella unidad, Raúl Oscar Otero; y el ex jefe de la sección Arsenales, Alejandro Lawless.
• El elenco de militares que actuaron directamente en el centro clandestino de detención "La Escuelita", integrado por el entonces cabo Raúl Artemio Domínguez y quienes cumplieron funciones de guardia: Arsenio Lavayén, Desiderio Andrés González, Gabriel Cañicul, y José María Martínez.
• Los ex integrantes del Comando Radioeléctrico policial y del grupo de tareas de la Unidad Regional V, Pedro José Noel y Jesús Salinas.
• El ex jefe de la División II de Inteligencia del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Neuquén, Oscar Lorenzo Rinhold.
• El ex militar y entonces jefe de la policía neuquina, Osvaldo Antonio Laurella Crippa.

Pedidos de penas mensurables

Palazzani y Nebbia reclamaron que se imponga 19 años de prisión al ex cabo de la Delegación Viedma de la Policía Federal, Osvaldo Vicente Florida; 18 de prisión al ex jefe de sección Jorge Horacio Rojas, al ex jefe de grupo en el "Equipo de Combate", Miguel Ángel Nilos, y al ex subteniente Miguel Ángel Chiesa; 15 años de prisión al ex jefe de la Unidad Carcelaria 4 del SPB, Héctor Luis Selaya; y 13 años de prisión al también ex jefe de la misma cárcel, Andrés Reynaldo Miraglia, y para el ex comisario de la unidad 24 de Cipolletti, Río Negro, Antonio Alberto Camarelli.