La auxiliar fiscal Gabriela Sosti comenzó ayer el alegato del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín en el juicio que tiene a 20 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la guarnición militar de Campo de Mayo entre 1976 y 1978 contra 350 víctimas, que en su mayoría eran trabajadores y militantes políticos de la zona norte de Buenos Aires, entre las cuales hubo 14 mujeres embarazadas.

En la jornada 93° del debate –iniciado en marzo de 2019-, la fiscal calificó los crímenes cometidos como genocidio y denominó a Campo de Mayo como un “infierno a cielo abierto”. Contextualizó con una descripción sobre la coyuntura económica de esa época y el objetivo que tenía el terrorismo de Estado “de eliminar a una clase trabajadora que se resistía al modelo económico conservador neoliberal que se buscaba imponer”. Luego, comenzó de forma cronológica, a exponer, caso por caso, los hechos de las causas sucedidos durante los primeros días del golpe cívico militar.

El juicio, que comenzó en abril del 2019 y que acumula 14 causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, se juzgan los secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados del cordón fabril de la zona norte de la provincia de Buenos aires, como también de militantes políticos, muchos de ellos que trabajan en los municipios de la zona. Los acusados son veinte policías, gendarmes, militares y civiles de inteligencia, imputados secuestros, torturas, homicidios y apropiaciones de bebés. Doce de los veinte acusados afrontan por primera vez un juicio por este tipo de hechos.

La resolución sobre la ausencia de los acusados en los alegatos

Después de haberse suspendido la audiencia el miércoles pasado -en la que la fiscal Sosti tenía que comenzar su alegato-, la jornada de ayer comenzó a las 10.00 con la lectura de la resolución sobre el recurso de reposición interpuesto por parte de la querella, que pretendía que el tribunal ordenara la presencia de todos los imputados durante las jornadas de alegatos.

Los hechos que se juzgan deben calificarse como genocidio “no solo por la masividad del exterminio, sino también por la intención de destruir a un sector de la población previamente seleccionado”.

El TOF, integrado por el juez Daniel Omar Gutiérrez y las juezas Silvina Mayorga y Nadia Flores, ratificó su decisión, resolvió no hacer lugar a la reposición interpuesta y determinó la no obligatoriedad por parte de los imputados de presenciar la etapa de alegatos. Añadió que todos los acusados ratificaron su voluntad de no estar presentes y de ser representados a todos sus efectos por sus abogados defensores.

A su vez, el tribunal dispuso que en el inicio de cada jornada se haga llegar a los correos electrónicos de los acusados los enlaces de acceso remoto para presenciar, si lo desean, la audiencia del juicio y que al finalizar de cada jornada se les envíe el video respectivo del debate.

Primera jornada de alegato

Luego de la resolución, Sosti comenzó con la exposición de su alegato, que duro más de cuatro horas y que continuara con su segunda jornada el miércoles que viene. Durante su alocución sostuvo que “los genocidas organizaron una comunidad para la muerte” y que los imputados la integraron a conciencia con sus variados aportes. En ese sentido, indicó que los hechos que se juzgan deben calificarse como genocidio, “no solo por la masividad del exterminio, sino también por la intención de destruir a un sector de la población previamente seleccionado”.

Hizo una descripción sobre el modelo económico que buscaba instalar la dictadura cívico militar, basado en “la transferencia feroz de la riqueza de toda la sociedad hacia los sectores económicos concentrados”. Asimismo, explicó que, para llevar adelante ese plan económico, el terrorismo de Estado buscó “eliminar a una clase trabajadora que se resistía a ese espantoso propicio” y precisó que el 67 por ciento de las víctimas fatales de la última dictadura fueron trabajadores.

La representante del MPF explicó que durante ese periodo hubo un proceso de “recesión, inflación, desnacionalización de la economía, toma de deuda ilegítima e imperio del sector financiero en detrimento de la producción”. Remarcó que más de veinte mil fabricas cerraron durante la dictadura y que, específicamente, en cuanto al territorio donde ocurrieron los hechos, en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, “durante la década de los sesenta y setenta había más de 300 fábricas donde trabajaban 600 mil obreros organizados”.

Con respecto a la guarnición militar de Campo de Mayo, Sosti señaló que sus instalaciones operaron como centros clandestinos de detención y tortura y que el lugar “fue el infierno a cielo abierto donde imperó el horror”. Resaltó que allí “al menos seis mil personas padecieron en sus mazmorras, de las que apenas sobrevivieron el uno por ciento: un porcentaje de sobrevivencia menor al peor campo de concentración nazi, Auschwitz”.

Los primeros días del golpe

La representante del MPF sostuvo que ya a mediados de 1975 las fuerzas armadas estaban preparadas para emprender el plan sistemático de exterminio y mencionó el caso de Roberto Quieto, uno de los jefes de la organización Montoneros y una de las víctimas de este juicio, que a finales de aquél año fue secuestrado y llevado a Campo de Mayo.

“Al menos seis mil personas padecieron en sus mazmorras, de las que apenas sobrevivieron el uno por ciento: un porcentaje de sobrevivencia menor al peor campo de concentración nazi, Auschwitz”.

Luego, la fiscal siguió con la exposición de cada uno de los casos perpetrados que se encuentran en la causa. Comenzó con los hechos ocurridos en el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo de 1976. Manifestó que ya desde ese día hubo secuestros masivos de los trabajadores del astillero Mestrina y Astarsa, y de la multinacional Ford.

También mencionó los secuestros de militantes peronistas que eran funcionarios de distintas municipalidades de la zona noreste del Gran Buenos Aires, como es el caso de Elio Julio Barroso, quien en ese entonces era concejal de San Martin.

El juicio

El juicio aborda los secuestros masivos de trabajadores, comisiones internas y delegados que se sucedieron durante la época del terrorismo de Estado. Entre sus víctimas hay trabajadores de la compañía automotriz Mercedes Benz, de Dálmine Siderca, de astilleros Mestrina, Cadenasi, Tensa y Astarsa, ferroviarios, el Frigorífico Martín Fierro, Papeleros y Gráficos, Laboratorio Nasar, Squeeb, Laboratorio Oramon, Sindicato Químico de Campana, estatales, empleados de la Salud de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, San Miguel y San Fernando. Además, durante el juicio, fueron reconstruidas las identidades políticas de las víctimas que provenían del PRT- ERP y de la Juventud Guevarista, como también se identificó por primera vez a unas 100 personas de distintas agrupaciones de Montoneros - JTP, JUP y UES-, integrantes del PC, Vanguardia Comunista, religiosos, estudiantes y conscriptos.
La jurisdicción operativa de Campo de Mayo como epicentro de la represión ilegal se extendía sobre un amplio territorio de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, de San Miguel a Zárate, Campana y San Isidro. El predio, de unas cuatro mil hectáreas, alojó prisioneros en diversos lugares: El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita, el Hospital Militar con la maternidad clandestina y la prisión de encausados.

Los acusados en esta instancia de debate son Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos militares con asiento en Campo de Mayo y Jefe de la Zona de Defensa IV, con el grado de general de división; Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela de Servicio para Apoyo de Combate “General Lemos”; Luis Sadi Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones y jefe del área militar 420; Luis del Valle Arce, ex jefe del departamento de inteligencia de la plana mayor de Institutos Militares; Carlos Javier Tamini, ex jefe de la División Contrainteligencia del Departamento II del Comando de Institutos Militares; Carlos Villanova, ex integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal y miembro del Batallón 601 del Ejército; Carlos Eduardo José Somoza, personal civil de inteligencia (PCI) de la central de reunión de información del Batallón 601; Miguel Ángel Conde, ex agente de inteligencia del Batallón 601; Mario Dominguez y Bernado Caballero, ex agentes del Departamento II de Inteligencia de Institutos Militares; Carlos Alberto Rojas, ex encargado de la sección “perros de guerra” de la compañía de la Policía Militar 201; Hugo Miguel Castagno, ex jefe de los celadores del Escuadrón de Gendarmería de Campo de Mayo; Roberto Julio Fusco, ex guardia del CCD “El Campito”; Carlos Caimi, ex comisario de la comisaria de Villa Ballester; Arnaldo Roman, ex comisario a cargo de la comisaria General Sarmiento 1ª de San Miguel; y Francisco Rolando Agostino, Luis Pacífico Britos, Federico Ramírez Mitchell, Alfredo Oscar Arena y Ramón Vito Cabrera, ex policías de inteligencia del Área militar 400.