En la jornada Nº 100 del juicio conocido como Megacausa Campo de Mayo, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti desarrolló la octava jornada del alegato del Ministerio Publico Fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, en la que se centró sobre los secuestros de los trabajadores ferroviarios de la zona norte del Gran Buenos Aires, la responsabilidad de la empresa Astarsa -Astilleros Argentinos Río de la Plata S.A- y la persecución de militantes cristianos y de la organización Montoneros.

Durante su exposición, que duró cuatro horas y que se realizó de forma virtual, la auxiliar fiscal abordó los hechos ocurridos entre agosto de 1977 y enero de 1978. Al respecto, mencionó los secuestros de los trabajadores de la empresa Ferrocarriles Argentinos junto a sus familias y la persecución de militantes barriales de Montoneros.

Asimismo, sobre el caso de la empresa astillero Astarsa, Sosti remarcó que “la justicia no se abocó a investigar esta responsabilidad” y solicitó que se inste a que se investigue “porque, además, es el verdadero contexto histórico en que se perpetraron los crímenes que sí investigamos en la causa y que por eso es fundamental conocerlo, ya que marca el tenor de la etiología del genocidio”.

El juicio aborda los crímenes cometidos contra 350 víctimas, que en su mayoría eran trabajadores, trabajadoras y militantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre quienes hubo 14 mujeres embarazadas.

El juicio aborda los crímenes cometidos contra 350 víctimas, que en su mayoría eran trabajadores, trabajadoras y militantes de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre quienes hubo 14 mujeres embarazadas.

Secuestro de trabajadores ferroviarios

Sosti comenzó su exposición a las 10.00 de la mañana con el relato de los secuestros de los obreros ferroviarios ocurridos entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Sobre ello manifestó que los trabajadores fueron secuestrados junto a sus parejas, como fue el caso de Egidio Battistiol y de su compañera Juana Colayago, quien estaba embarazada de seis meses.

Egidio trabajaba en el Ferrocarril Mitre hasta el momento de su desaparición y era militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). En ese operativo del 31 de agosto también secuestraron a la hermana de Juana y a la hija de ésta, a quienes liberaron a los pocos días.

Juan Carlos Catnich también trabajaba para el Ferrocarril Mitre, en los talleres de José León Suarez, y fue detenido ese mismo día. Se lo llevaron durante la mañana de su lugar de trabajo, mientras que su pareja, Leonor Landamburu, que estaba embarazada, fue secuestrada durante la noche en su domicilio.

Sosti expuso que otras dos familias de trabajadores ferroviarios fueron secuestradas al otro día, durante la madrugada del 1° de septiembre: se llevaron a Enrique Gómez Pereyra y a su pareja, en su casa de Boulogne. Él había trabajado en el ferrocarril y había militado gremialmente dentro de la JTP, hasta que la empresa lo cesanteó y comenzó a trabajar en una fábrica de muebles. Ella recuperó su libertad unos días después del secuestro, mientras que Gómez Pereyra continúa desaparecido.

Ese mismo día, también en la localidad de Boulogne, fue secuestrado Carlos Raúl Parra, mientras trabajaba en los talleres del Ferrocarril. Luego, fue detenida su pareja, Georgina del Valle Acevedo de Parra, quien se encontraba en su domicilio de Don Torcuato junto a sus dos hijas, quienes fueron dejadas en la casa de una vecina.

Astilleros Astarsa “era una de las empresas que vivía del Estado y otra de las que financiaba las publicaciones del emblema más funesto del horror, como fue el Batallón 601”, recordó la representante del MPF.

Astarsa

En otro momento de su exposición, la auxiliar fiscal señaló la complicidad de la empresa Astarsa con la dictadura: “Era una de las empresas que vivía del Estado y otra de las que financiaba las publicaciones del emblema más funesto del horror, como fue el Batallón 601”. Asimismo, indicó que, junto con la empresa Mestrina, eran los dos astilleros más grandes del conurbano bonaerense. Explicó que tenía dos grandes talleres en Tigre y que contaba con 1500 obreros trabajando en una producción con destino militar tanto en el rubro marítimo como terrestre.

En ese sentido, citó el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado por la investigadora Victoria Basualdo. Sosti mencionó que en el documento “se releva que, a partir del terrorismo de Estado, la connivencia militar-empresarial desató una represión contra esos trabajadores cuyo resultado fueron diez asesinatos, veintiún desaparecidos y veinte liberados”.

Asimismo, indicó que las constancias testimoniales, documentales y periodísticas recopiladas en el trabajo de Basualdo “hacen explícita la colaboración de Astarsa, reconocida por los propios empresarios, a través de las amenazas a los trabajadores, las conducciones militares, la presencia de agencias de seguridad dirigida por militares, la embestida directa por despidos masivos y a través de los recortes de derechos laborales en materias salariales y de salubridad”.

Al respecto, Sosti describió el contexto laboral y los reclamos que hacían los obreros en cuanto a temas de salubridad y la necesidad de una asistencia médica digna en los astilleros para atender urgencias. Enumeró los accidentes que padecían los obreros, como la caída en altas alturas, las quemaduras eléctricas por soldaduras, la inhalación de gases y vapores, y las explosiones en lugares cerrados por disolventes volátiles.

Por último, la auxiliar fiscal señaló, que esos obreros, que pedían mejoras en las condiciones de trabajo, encabezaron las primeras listas de despidos de las empresas y después la de los asesinatos y desapariciones. Es el caso de Aldo Omar Ramirez, quien participaba en la agrupación gremial naval “Alessia”, y que fue secuestrado el 1 de septiembre de 1977.