27 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Es el cuarto juicio en la provincia por crímenes de lesa humanidad
Catamarca: comenzó el juicio a un ex militar por dos casos de secuestro y homicidio y asociación ilícita
El coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda está acusado como autor mediato de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de dos víctimas y partícipe necesario en el homicidio de ambas en concurso real con asociación ilícita. El acusado se negó a declarar y la próxima semana comienzan las declaraciones testimoniales.

El Tribunal Oral Federal de Catamarca dio inicio ayer al cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se desarrolla en esa provincia. En la causa, se analiza la responsabilidad del coronel retirado Francisco Gabriel Castañeda, a cargo de la Jefatura A del Regimiento Aerotransportado 17, como autor mediato en la privación ilegítima de la libertad de Griselda Ponce y Julio Genaro Burgos, ocurrida en diciembre de 1976, y como partícipe necesario en el homicidio de ambas víctimas en concurso real con asociación ilícita. En el juicio interviene el fiscal Rafael Vehils Ruíz. 

El tribunal está compuesto por los jueces Enrique Lilljedahl, Federico Bothamley, de La Rioja; y Mario Eduardo Martínez, de Santiago del Estero, mientras que la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es representada por Ramiro Fresneda. En la jornada inicial se realizaron los alegatos de apertura y se le tomó declaración al imputado, que se negó a declarar. El juicio continuará el 18 de este mes, con la recepción de declaraciones testimoniales.

De acuerdo a la elevación a juicio, el 15 de diciembre de 1976, a las 3.00, un grupo de entre cinco y seis personas vestidas de civil junto con una que portaba uniforme militar, y con los rostros cubiertos con pañuelos o antifaces, golpearon la puerta del domicilio de la familia Ponce, en la calle 9 de julio N° 1276, en la capital provincial. Sin mostrar una orden de requisa o de detención, ingresaron por la fuerza a la vivienda munidos de armas de fuego y amenazaron de muerte a Griselda Ponce. Luego, despertaron a su pareja, Julio Genaro Burgos, y se dieron a la fuga en dos vehículos. Desde ese entonces no hubo más indicios del paradero de ambos.

Por este hecho, Castañeda fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en calidad de autor mediato y como partícipe necesario con dolo eventual del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la inmunidad para sí o para otro. Al prestar declaración indagatoria durante la instrucción, manifestó que al momento del secuestro de Ponce y Burgos se encontraba de licencia y que este tipo de actividades, conocidas como "censos de población" (sic), no las ejecutaba personalmente, ya que solamente impartía las órdenes a los jefes de sección para llevarlas a cabo, citó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio. 

En aquella declaración, Castañeda aseguró que él no fue quien dio la orden de allanar el domicilio de la familia Ponce, aunque también agregó que no era obligatorio informar de este tipo de procedimientos de control poblacional ya que eran “de rutina”. 

Luego de ser sobreseído en primera instancia, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, pero la Cámara Federal de Apelaciones la confirmó. El fiscal Vehils Ruiz interpuso un recurso de Casación, que fue concedido al entender que el fundamento empleado por la Cámara tucumana para confirmar su sobreseimiento "evidenciaba vicios graves de logicidad", por lo que consideraba al fallo ilegítimo.

En esta causa también estuvo acusado el teniente coronel retirado Juan Daniel Rauzzino, quien falleció en abril pasado. Rauzzino llegaba acusado por la desaparición forzada de Nelly Yolanda Borda. En 2012, había sido condenado a diez años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Julio Genaro Burgos y Griselda Ponce.

Tras esa sentencia, Vehils Ruiz y la querella recurrieron la resolución. En octubre de 2015 la Sala II de Casación anuló la sentencia y lo condenó a prisión perpetua.