28 de febrero de 2024
28 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal Marcelo García Berro
Comisaría de Villa Ballester: la fiscalía pidió 19 y 25 años de prisión para los tres acusados
Se juzgan los casos de 14 víctimas que estuvieron secuestradas en la dependencia policial del partido de San Martín. El pedido de 25 años de prisión comprende al ex jefe de Campo de Mayo, Santiago Riveros, y al ex jefe de área, Rodolfo Feroglio. Para el ex comisario Carlos Caimi, la Fiscalía pidió 19 años de prisión.

El fiscal general Marcelo García Berro pidió este mediodía que se condene a 25 años de prisión al ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros (92 años) y al ex director de la Escuela de Caballería y jefe del área militar 430 Rodolfo Emilio Feroglio (87), mientras que requirió 19 años para el ex comisario de la seccional de Villa Ballester Carlos Daniel Caimi (80), en el marco del juicio que se les sigue por delitos de lesa humanidad contra víctimas que estuvieron secuestradas en esa dependencia policial.

Además, requirió que al momento de dictar el veredicto "se revoquen los beneficios concedidos que permiten que, hasta ahora, los imputados puedan estar en sus domicilios", y que la sentencia sea comunicada a los gobiernos nacional y provincial para que se dé inicio al proceso de baja por exoneración y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación que los acusados pudieran estar gozando.

El fiscal también pidió que se remitan constancias del juicio a la justicia federal de primera instancia para que se investiguen otros hechos denunciados durante el debate y aquellos que el Tribunal no incorporó cuando la Fiscalía amplió su acusación por delitos sexuales.

En el petitorio final, García Berro solicitó que la sentencia haga cumplir "la señalización de la comisaría de Villa Ballester como centro clandestino de detención y tortura".

Los que daban las órdenes

García Berro indicó que los tres acusados actuaron en grado de coautores mediatos. A los dos ex militares, los consideró responsables de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio en siete casos, robo agravado en otros dos hechos, privación ilegal de la libertad agravada respecto de catorce víctimas, imposición de tormentos agravada en doce casos, dos violaciones agravadas y un caso de abuso deshonesto.

El ex comisario Caimi, por su parte, fue acusado por su participación en seis allanamientos ilegales, dos casos de robo agravado, doce privaciones ilegales de la libertad agravadas, doce casos de imposición de tormentos agravados, dos casos de violaciones agravadas y uno de abuso deshonesto.

"Cada uno de los imputados, por su ubicación en la cadena de mandos, no sólo conoció la ilicitud del sistema de represión clandestino instaurado en la última dictadura, sino que desde sus lugares de dirección, impartieron las órdenes a sus subordinados para que pudieran cometerse los hechos que se les endilgan", acusó García Berro.

Obreros y militantes

El fiscal señaló que en la comisaría de Villa Ballester, situada en el partido de San Martín, en el norte del conurbano bonaerense, "funcionó un centro clandestino de detención y torturas al menos desde el 24 de marzo de 1976 y hasta mediados de diciembre del mismo año".

"Ese lugar funcionaba como un engranaje más de la maquinaria del aparato organizado de poder que desplegó el ataque sistemático contra una parte de la población civil identificada principalmente con la clase obrera y las militancias populares y de izquierda", explicó.

De las 14 víctimas que integran el objeto del juicio, tres permanecen desaparecidas: el ex concejal José María Castiñeiras, Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri. Entre los sobrevivientes, cuatro eran trabajadores y delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la empresa BOPAVI, ubicada en el partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de las instalaciones de la firma.

García Berro recorrió en su alegato la prueba que acreditaba cada hecho. En el caso de los trabajadores de BOPAVI se detuvo en el "daño irreparable" que el secuestro, la tortura y la posterior estigmatización produjeron en las víctimas, a quienes se dificultó la reinserción laboral. García Berro explicó que uno de los trabajadores, luego de ser liberado, "estuvo tres meses pasando la noche en la base del tanque de agua de su casa. No podía trabajar, no podía salir, estaba aterrado", y que hoy vive de la venta ambulante.