El fiscal general Marcelo García Berro amplió la acusación contra los represores Santiago Omar Riveros, Rodolfo Emilio Feroglio y Carlos Daniel Caimi por delitos sexuales en perjuicio de tres víctimas, en el marco del juicio que se está llevando a cabo por crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires.

El representante del Ministerio Público señaló en la audiencia celebrada anteayer que, “en virtud de lo que ha surgido con claridad en el debate”, el organismo “tiene la manda legal de requerir y exigir que los abusos sexuales y las violaciones ocurridas en la Comisaría de Villa Ballester sean juzgadas y sancionadas”. En ese sentido, consideró que de no hacerlo “se estarían incumpliendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado, además de perjudicar  a las víctimas y difundir un mensaje poco alentador respecto de la realización efectiva de los derechos de las mujeres”.

La ampliación solicitada por García Berro se produjo en torno a los delitos de índole sexual cometidos contra tres mujeres. Dos de ellas ya habían hecho referencia a ellos durante la etapa de instrucción de la causa y los reiteraron y ampliaron en el debate, en tanto que la restante declaró por primera vez en el juicio por videoconferencia desde Barcelona y narró los padecimientos a los que fue sometida. Al dar su testimonio, aseguró que “tenía la certeza que algún día iba a llegar este día, en el que iba a poder denunciar los hechos”.

El fiscal general indicó que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad, en tanto que “fueron cometidos en el marco del ataque generalizado y sistemático contra una población civil durante el terrorismo de estado en Argentina y, por lo tanto, merecen la misma interpretación que todos los demás delitos cometidos en ese mismo contexto”. Al respecto, hizo también una repaso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nacional aplicable al caso, sobre la que destacó en particular un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que enumera las pautas para considerarlos de esa forma, y que encontró acreditados en el caso. También, se valió de numerosas citas bibliográficas y del documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, titulado “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, cuya utilización por parte de los fiscales fue instruida por la procuradora general de la Nación en la resolución 552/12.

Por otra parte, García Berro se refirió a la presunta inactividad del Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, para investigar una violación denunciada por una de las víctimas, ya que pese al pedido formulado en ese sentido por el fiscal federal Jorge Sica, existían constancias que hacían presumir que nada se habría hecho en ese sentido. Por esos motivos, le solicitó al Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Marta Milloc, Maria Lucía Cassain y Diego Barroetaveña la extracción de testimonios para ser remitidos al Juzgado Federal en turno para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, ello de acuerdo a la obligación de denunciar el hecho que le imponía el artículo 177, inciso 1°, del Código Procesal Penal de la Nación.

Riveros -ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo-, Feroglio -ex director de la Escuela de Caballería y jefe del área militar 430- y Caimi -ex comisario de la seccional de Villa Ballester- están siendo juzgados desde agosto por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 víctimas de la zona norte del conurbano bonaerense, que estuvieron secuestradas en la mencionada dependencia policial. Tres de ellas permanecen desaparecidas: el ex concejal José María Castiñeiras, Alicia Ana Moscatelli y Ernesto Sirri. Entre los sobrevivientes, cuatro eran trabajadores de la metalúrgica BOPAVI, ubicada en el partido de San Martín, y fueron secuestrados dentro de las instalaciones de la firma.