La auxiliar fiscal Gabriela Sosti comenzó este jueves el alegato del Ministerio Público Fiscal en el juicio denominado “Contraofensiva Montonera”, que aborda crímenes de lesa humanidad de los que se acusa once ex integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército: privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 94 víctimas entre 1979 y 1980.

En el marco de una audiencia que se realizó con la modalidad virtual y presencial, la fiscalía -que continuará exponiendo el próximo jueves- enfocó su acusación en seis de los ex integrantes del Ejército imputados en la causa: Jorge Apa, quien se desempeñó como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino; Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano y Eduardo Ascheri, quienes integraron la Sección Operaciones Especiales (S.O.E.) de Campo de Mayo; y Marcelo Curto, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.

En el comienzo del alegato, Sosti sostuvo que “una de las virtudes de este juicio es que se están juzgando a funcionarios de la estructura que diseñó, planificó e instrumentó el mayor de los genocidios de nuestro país”, y destacó el rol fundamental que ocupó la inteligencia del Ejército por haber sido “la pieza vital para mantener en funcionamiento el atroz dispositivo de tortura y muerte”.

Asimismo, remarcó que muchos de los responsables fallecieron sin condena y que la cantidad de militares que son juzgados en este juicio “no refleja ni mínimamente la extraordinaria cantidad de recursos con los que operó la inteligencia”. En ese sentido, puso de relieve que el Batallón 601, espacio en el que operaron los imputados, “contó con aproximadamente alrededor de cuatro mil agentes entre civiles y militares, y hoy apenas, tenemos sentados a dos”.

La representante del MPF expuso el entramado y la estructura que desplegó el Ejército, para perseguir y exterminar a los militantes de la organización Montoneros, “ya que era la organización que retenía alguna capacidad de reorganización para militar contra la dictadura” y cuya dirigencia había convocado en esos años a los militantes que estaban en diferentes países a volver a la Argentina para realizar acciones en contra de la dictadura militar. A ello se denominó “contraofensiva montonera”.

Sosti describió cómo los agentes de inteligencia suministraban la información que luego era utilizada para privar de la libertad, torturar o asesinar a las víctimas. “Su técnica predilecta fue la tortura y se implementó una monumental infraestructura en todo el país y en el exterior” explico, y describió cómo las operaciones militares también se desarrollaron en otros países.

Explicó que varias de las persecuciones, torturas y asesinatos fueron realizadas en el noreste argentino hacia integrantes del colectivo de las Ligas Agrarias, quienes volvieron del exilio para reorganizar al colectivo de militancia campesina, que estaba integrado por trabajadores rurales y pequeños productores que proponían un modelo económico alternativo.

La auxiliar fiscal describió cómo el Ejército realizaba las operaciones militares, a través del despliegue de helicópteros, camionetas y patotas, que irrumpían en los montes para hostigar, reprimir, desaparecer y asesinar a los trabajadores rurales.

Por último, Sosti destacó la importancia de estos juicios, que “deben tener una proyección pedagógica hacia nuestra institucionalidad y deben responder al inalienable derecho a saber que tienen las víctimas y sus familiares, al derecho de la verdad que tenemos como sociedad y al deber a recordar que tiene el Estado”.

De las 94 víctimas que integran el objeto de este juicio, 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas durante operativos represivos, o bien sus cuerpos fueron entregados o aparecieron sin vida meses después. La mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, en donde fueron torturadas y mantenidas en absoluta clandestinidad.

La primera parte del alegato del MPF puede visualizarse en el siguiente enlace del canal de Youtube de La Retaguardia: https://www.youtube.com/watch?v=NMlD7jOKvkI