17 de julio de 2024
17 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La causa que se sigue en La Rioja al actual jefe del Ejército y a otros imputados
El fiscal general dictaminó que "nada impide" llamar a indagatoria a César Milani
Alberto Lozada postuló ante la Cámara Federal de Córdoba que el juez riojano Piedrabuena está en condiciones de convocar a indagatoria al actual jefe del Ejército y a otros imputados por los hechos que sufrieron dos hombres y una mujer. Y pidió que se rechace el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa del general.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Córdoba, Alberto Lozada, dictaminó que "nada impide al señor Juez Federal de La Rioja [Daniel Herrera Piedrabuena] citar para que presten declaración indagatoria" al general César Milani y ex otros funcionarios policiales, militares y judiciales en dos casos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar perpetrados en La Rioja.

"La abundante prueba existente en la causa principal, que avala la imputación formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal [Martha Kunath] en este caso, es más directa y de mayor poder convictivo que la existente en otras causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado que se tramitan en el mismo Juzgado Federal de La Rioja y en Córdoba, en las cuales ya hay personas imputadas, procesadas y cumpliendo prisión preventiva", indicó el fiscal.

En esta causa, el actual jefe del Ejército se encuentra imputado por su presunta participación en los secuestros de Ramón Alfredo Olivera y de su padre, Pedro Adán Olivera, en marzo de 1977 en la capital riojana. Pedro fue secuestrado en su casa el 12 de ese mes y liberado dos días después. Durante el cautiverio en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) fue torturado y presionado para que renunciara o se jubilara de su trabajo en la Municipalidad. En medio de esa situación, sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo. Luego fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio.

El 14 de marzo, horas antes de la liberación de Pedro, Ramón fue secuestrado de la Oficina de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja, donde trabajaba, por dos suboficiales del Ejército. Los militares lo llevaron a un auto de la policía, donde lo esperaban los también imputados en esta causa, Américo Castro y un sargento de apellido Santacroche, tras lo cual fue conducido al IRS. Allí pudo escuchar cómo planeaban su fusilamiento y luego padeció interrogatorios y diferentes tipos de torturas en un lugar denominado "Luna Park". Al día siguiente, en el IRS lo revisó el médico del Ejército Léonidas Carlos Moliné, imputado también en este expediente, quien pese a los evidentes signos de tortura le dio un calmante. La víctima conocía al médico, porque el día del secuestro de su padre había ido a ver al profesional castrense para que se ocupara de su salud.

Según declaró Olivera, las torturas siguieron en los días siguientes hasta que el 24 de marzo lo trasladaron al Juzgado Federal, a cargo de Roberto Catalán, otro de los imputados. Fue en ese trayecto en un auto policial donde reconoció a Milani, pues ya lo había visto en su casa cuando se llevaron a su padre. Milani, por entonces subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, fue quien lo condujo hasta la sala donde declaró ante un secretario. Olivera sostuvo en sus testimonios -que datan de 1984- que durante toda su declaración Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), e incluso le dijo que le había cortado su "carrera de guerrillero". La víctima dijo que supo y recuerda el nombre de Milani porque escuchó una conversación entre aquél y el secretario de Catalán sobre la ascendencia del apellido.

Por los mismos hechos además están imputados otros dos policías provinciales de apellidos Nievas y Ruiz y el ex inspector de la Policía Federal, Roberto Reinaldo Ganem.

En esa misma causa, en tanto, también se investiga el caso del que fue víctima una mujer, que reconoció a Milani entre sus secuestradores, de acuerdo con una denuncia que presentó el año pasado.

La imputación que enfrentan los militares, policías y el juez Catalán es haber participado en privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y amenazas. Lozada consideró que existen elementos suficientes para que todos los identificados por Olivera ejerzan su derecho de defensa en el marco de una declaración indagatoria.

El dictamen del fiscal

El pronunciamiento del fiscal Lozada se dio en el marco de un incidente de falta de acción promovido por la defensa de Milani ante el juez Pidrabuena, en La Rioja, que llegó al tribunal de alzada para su revisión. Sucede que el juez riojano evitó pronunciarse en ese incidente porque antes había anulado previamente el requerimiento de instrucción de la fiscalía y consideró que la nulidad dictada le impedía resolver la presentación de la defensa, que apeló esa decisión. Y, paralelamente, la querella apeló la nulidad.

Pero mientras la causa estaba en la Cámara Federal de Córdoba, la fiscal subrogante de La Rioja, Martha Kunath, formuló un nuevo requerimiento de instrucción ante Piedrabuena, lo que provocó que la querella desistiera del recurso que había interpuesto. Ante tal situación, el fiscal Lozada le pidió al tribunal de alzada que certificara la presencia del nuevo requerimiento, que en rigor es la herramienta del Ministerio Público que impulsa la acción penal, y de todas las nuevas pruebas agregadas.

Entre esos elementos, el fiscal Lozada advirtió que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad había realizado -ya en 2013- un informe para la fiscalía, que figura en el expeidente y que "resulta ilustrativo de la existencia de suficiente prueba testimonial directa y documental que correctamente valorada sirve como fundamento suficiente de la imputación por la que deberían responder las personas señaladas como partícipes en los delitos denunciados".

En efecto, Lozada enumeró las pruebas y remarcó que "resultan más que suficientes para dar inicio formalmente a la instrucción" y para convocar a declaración indagatoria a los imputados.

El fiscal Lozada, además, se pronunció contra un pedido de sobreseimiento interpuesto en el mismo incidente ante la Cámara Federal por la defensa de Milani y dejó asentado que, si el tribunal falla en línea con lo solicitado por la defensa, recurrirá a la Cámara Federal de Casación y a la Corte Suprema.