28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Audiencia ante la sala IV de la CFCP
El MPF solicitó ante Casación que se anule la absolución de un ex juez federal y de Musa Azar por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero
Los fiscales generales Raúl Plee e Indiana Garzón requirieron que se deje sin efecto la resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que en diciembre de 2017 absolvió al ex magistrado Santiago David Olmedo de Arzuaga por la omisión de hacer cesar detenciones ilegales durante el terrorismo de Estado. El ex jefe de la Dirección de Investigaciones Policiales, en tanto, fue condenado pero absuelto por dos hechos, y beneficiado con el arresto domiciliario.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, llevó adelante el pasado viernes la audiencia prevista por el art. 465 último párrafo y 468 del CPPN, para tratar los recursos oportunamente interpuestos por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que, en diciembre de 2017, absolvió al ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga de los delitos de omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal de víctimas del terrorismo de Estado y abuso de autoridad, por los que la Fiscalía interviniente había pedido que sea condenado a seis años de prisión.

El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales generales Raúl Pleé e Indiana Garzón, mantuvo los recursos y requirió ante esa instancia que se revoque también  la absolución -y la prisión domiciliaria- del ex jefe de los grupos de tareas policiales, Antonio Musa Azar, de su segundo Miguel Tomás Garbi y de otros dos imputados en torno a una serie de delitos de las que fueron víctimas dos personas, no obstante haber sido condenados a 22 años de prisión en el juicio que se conoció como “Megacausa III”. Dicho debate reunió por primera vez en la provincia el análisis de las responsabilidades de miembros de las fuerzas de seguridad y civiles en crímenes de lesa humanidad.

En su recurso de casación, interpuesto en abril de 2018, los fiscales generales Indiana Garzón y Carlos Gonella cuestionaron, entre otros aspectos, que el fallo del tribunal contenía una valoración arbitraria de pruebas regularmente incorporadas al proceso, que se había incurrido en una “defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos” y que se había segmentado “el análisis de los hechos, desconectándolos del contexto del terrorismo de estado y el plan sistemático de persecución por razones políticas”.