25 de mayo de 2024
25 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El alegato del equipo fiscal integrado por Indiana Garzón, Carlos Gonella y Federico Carniel
La Fiscalía pidió la condena de los diez acusados en la "Megacausa III" de Santiago del Estero
Los representantes del MPF pidieron la condena a perpetua para tres acusados y otras penas de entre 4 y 25 años de prisión, entre ellas la de un ex fiscal por omisión agravada de hacer cesar una detención ilegal y por abuso de autoridad. Solicitaron innovadoras medidas reparatorias para las víctimas.

La Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero pidió el viernes pasado que se condene a diez acusados -civiles, ex militares y ex policías- por crímenes de lesa humanidad en el marco de la denominada "Megacausa III". Entre otros pedidos, el Ministerio Público reclamó penas de 25 años de prisión para el ex jefe de los grupos de tareas policiales, Muza Asar, y su segundo, Miguel Tomás Garbi, y de seis años de prisión para el ex fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga.

El pedido de pena fue el corolario de un largo alegato de la fiscal general Indiana Garzón y de los fiscales generales Carlos Gonella (Córdoba) y Federico Carniel (Resistencia), quienes integraron el equipo del MPF para el juicio que por primera vez juzgó en la provincia a un ex funcionario judicial. Los representantes del Ministerio Público expusieron durante el jueves y el viernes pasado, en dos maratónicas jornadas que culminaron este último día a las 23.00.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron penas para todos los imputados, tanto por considerarlos autores materiales y mediatos de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y tres de ellos abuso sexual. Asimismo, solicitaron penas de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado.

Las palabras iniciales en el desarrollo del contexto y marco histórico fueron expuestas por la fiscal Garzón, quien fue enfática al afirmar la estructura de poder organizado cívico-militar y judicial en la perpetración de los delitos.

A su turno, el fiscal Gonella expuso sobre la autoría mediata y explicó el funcionamiento del sistema represivo en Santiago del Estero durante el terrorismo de Estado. Carniel, por su parte, alegó sobre los casos por los que está acusado el ex oficial de la Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Roberto Díaz, quien estuvo prófugo largo tiempo hasta 2015.

En el final, la fiscal Garzón requirió al tribunal una serie de reparaciones integrales a las víctimas bajo el antecedente del caso de La Plata “Astilleros Rio Santiago”, entre ellas restituciones de objetos robados y saqueados por las fuerzas de seguridad en el marco de los allanamientos ilegales de domicilios, la percepción de una jubilación que le hubiere correspondido por haber sido víctima y una medida cautelar que le permita gozar a la víctima los haberes caídos. Asimismo, se solicitó que el Tribunal Oral exhorte al Ministerio de Defensa de la Nación que enmiende los legajos de los conscriptos desaparecidos que habían sido considerados desertores.

Los pedidos de pena

La Fiscalía pidió prisión perpetua para el ex jefe de compañía del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Jorge Alberto D'Amico, como autor mediato del delito de violación de domicilio de seis personas, de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas cometidos en perjuicio de quince víctimas, de seis hechos de homicidio calificado y, en grado de partícipe necesario, en otros tres hechos por el mismo delito.

Igual pena solicitó para el ex oficial Díaz, como autor material de privación ilegítma de la libertad de tres personas, tormentos aplicados a ocho víctimas, homicidio calificado en un caso y asociación ilícita.

Los fiscales también requirieron la pena máxima para el ex interventor militar en la Policía provincial, Ramón Warfi Herrera, como autor mediato de los delitos de violación de domicilio en cuatro hechos, privación ilegítima de la libertad de una víctima, tormentos de otras siete, homicidio calificado en un caso y asociación ilícita.

En tanto, pidieron 25 años de prisión para el ex jefe de los grupos de tareas policiales y de la SIDE local, Muza Asar Curi, y de su segundo, Miguel Tomás Garbi, como coautores mediatos de los delitos de violación de domicilio en tres hechos, privación ilegítima de la libertad y tormentos en ocho casos y abuso sexual agravado de una víctima.

La Fiscalía pidió 15 años de prisión para el ex oficial del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ramiro del Valle López Veloso, como autor material del delito de privación ilegítima de la libertad y tormentos en dos casos y abuso sexual agravado en un hecho.

Por otro lado, Garzón, Gonella y Carniel pidieron la imposición de 10 años de prisión para el ex oficial del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Juan Felipe Bustamante, como autor material de los delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en un hecho y de tormentos en dos casos.

Asimismo, solicitaron la aplicación de una pena de seis años de prisión para el ex oficial del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Pedro Carlos Ledesma, como autor material del delito de privación ilegítima de la libertad y tormentos en un hecho, y para el ex fiscal Santiago David Olmedo de Arzuaga, a quien acusaron en carácter de autor material del delito de omisión agravada de hacer cesar una detención ilegal cuya duración fuera mayor a un mes en tres hechos y doblemente agravada por su duración y por el grave daño a su persona en un caso, y abuso de autoridad en perjuicio de cuatro víctimas.

Finalmente, reclamaron la imposición de cuatro años de prisión para el ex empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia Raúl Humberto Silva, a quien consideraron autor material del delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una víctima.

Medidas reparatorias

La fiscal Garzón expuso además el pedido de una serie de medidas reparatorias "en concepto de reposición, restitución y cese de los daños, conforme el artículo 29 del Código Penal y los principios internacionales" y en compensación "del daño sufrido por las víctimas de delitos de lesa humanidad". En ese sentido, solicitó:

- La restituicón a una familia de una suma de dinero necesaria para adquirir un modelo actualizado y equivalente a un camión Mercedes Benz 1114, vehículo que se prestaba adhiquirir con una suma que le fue robada.

- Instar al Estado Nacional a que adopte las medidas conducentes para se le otorgue a una víctima el mismo beneficio previsional que le hubiere correspondido si no hubiese sido despojada violentamente de su trabajo en lo que hoy se conoce como ANSES, sobre la base de la máxima jerarquía o categoría a la que no pudo acceder por su condición de víctima.

- Se ordene a la ANSES, en carácter de medida cautelar, que habilite la dispensa de los haberes que le hubiere correspondido a una víctima de no haber ocurrido la interrupción arbitraria de la prestación laboral, hasta tanto se encuentren en condiciones de incorporarla al régimen previsional solicitado.

- Instar a ANSES que arbitre las medidas necesarias para borre del Legajo de una víctima la renuncia consignada en noviembre de 1978 y se reconozca en el mismo la situación de ex detenida política, circunstancia por la cual fue privada de volver a su trabajo y por la cual perdió su trabajo.

- Se inste al Estado provincial a que adopte las medidas conducentes para asegurarle a una víctima asistencia médica y psicológica con un profesional que la familia designe, todo ello bajo expresa conformidad y aceptación de la víctima y de su familiares.

- Se declare el derecho a recibir una reparación pecuniaria en concepto de los daños materiales e inmateriales sufridospor una víctima.

- Se requiera al Ministerio de Defensa de la Nación que disponga los mecanismos necesarios para que se suprima de los legajos militares la calificación de desertor de tres víctimas que eran conscriptos al momento de su desaparición.

- Se exhorte al Poder Ejecutivo Nacional y a la provincia de Santiago del Estero para que erijan en el Batallón de Ingenieros de Combate 141 "una señalización en la cual consten los nombres de los conscriptos desaparecidos y detenidos políticos declarados falsamente desertores".