El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, presidido por el juez Abelardo Basbús e integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga y Enrique Lilljedahl, rechazó ayer el pedido de suspensión del juicio interpuesto por la defensa del ex juez federal Santiago Olmedo de Arzuaga y de inmediato dio comienzo al nuevo proceso ordenado por la Cámara Federal de Casación para juzgar al exmagistrado y a otros cinco acusados en el marco de un proceso de reenvío que ordenó revisar las absoluciones que recibieron al final del juicio de la denominada "Megacausa III", en diciembre de 2017.

A continuación, los fiscales generales Carlos Gonella y Federico Carniel (vía Zoom) y la fiscala Indiana Garzón expusieron su alegato. Luego lo hicieron las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y finalmente fue el turno de la defensa. El debate continuó con la emisión de los videos con el relato de dos testigos.

Los acusados en este juicio son el exmilitar Jorge D'Amico; los ex policías Pedro Carlos Ledesma, Roberto Díaz Cura y Juan Felipe Bustamante; el civil Raúl Humberto "Cashulo" Silva; y el exjuez federal Santiago Olmedo Arzuaga.

La "Megacausa III" fue el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero en tener entre sus acusados a funcionarios judiciales de la última dictadura. Se juzgaron delitos de torturas, prisiones ilegales, homicidios y abusos sexuales contra 38 víctimas –14 de las cuales permanecen en condición de desaparecidas-, durante el período comprendido entre 1975 y 1983.

Absoluciones

En diciembre de 2017 finalizó el juicio oral por la "Megacausa III", en el que se dictaron siete absoluciones, entre ellas la de Olmedo de Arzuaga, quien había sido acusado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (omisión agravada de hacer cesar la detención ilegal) en perjuicio de Mercedes Cristina Torres, Miguel Ángel Cavalín, Sara Alicia Ponce y Gladys Estela Loys.

Sobrevivientes del terrorismo de Estado testimoniaron que fueron visitados por funcionarios judiciales cuando estaban en el centro clandestino de detención D2 y que sus denuncias sobre la situación que estaban viviendo y los tormentos que habían sufrido fueron desoídas.

Las querellas acusaron también al ex funcionario judicial como partícipe necesario de tormentos y privación ilegítima de la libertad y como miembro de una asociación ilícita.

En el final de aquél debate también fue absuelto el ex policía Pedro Ledesma, por los hechos que tuvieron como víctima a Carmen Morales, y el empresario Raúl Humberto Silva, empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia durante la dictadura, por delitos contra Dante Barraza. Ese debate reunió por primera vez en la provincia el análisis de las responsabilidades de miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y civiles en crímenes de lesa humanidad.

Entre los condenados en el juicio, resultaron absueltos por algunos hechos el exmilitar D’Amico, por su responsabilidad en la desaparición de Hugo Vega; el ex policía Díaz Cura, por la desaparición de Abdala Auad y por la detención y torturas de Roberto Zamudio; y Bustamante, por delitos contra el Carmen Morales y Dante Barraza.

Después de la sentencia en la “Megacausa III” fallecieron el ex jefe de los grupos de tareas policiales, Antonio Musa Azar; su segundo Miguel Tomás Garbi; y el expolicía Ramiro López. De estar vivos, los dos primeros hubieran sido parte del actual proceso de reenvío.

Juicio de reenvío

Tras el veredicto, las querellas y el Ministerio Público Fiscal recurrieron las absoluciones a la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV finalmente las revocó en julio de 2019 y ordenó el reenvío de la causa para una nueva sentencia.

En el recurso de casación, interpuesto en abril de 2018, los fiscales generales Indiana Garzón y Carlos Gonella cuestionaron, entre otros aspectos, que el fallo del tribunal contenía una valoración arbitraria de pruebas, que se había incurrido en una “defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos” y que se había segmentado “el análisis de los hechos, desconectándolos del contexto del terrorismo de Estado y el plan sistemático de persecución por razones políticas”.

El tribunal fijó fechas de audiencias en dos oportunidades, en octubre de 2020 y febrero de 2021, pero ambas fueron suspendidas ante los planteos de las defensas de los acusados. Finalmente, el 10 de octubre pasado, dos años después del fallo de Casación, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero fijó como fecha el 21 de febrero de 2022 para comenzar el debate del reenvió de la causa.

Las audiencias son públicas, se realizan los lunes, martes y miércoles y son transmitidas en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.