En el cierre de 2013, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó las estadísticas del proceso de juzgamiento de los imputados por delitos en el marco del terrorismo de Estado: actualmente hay 1069 procesados, 520 personas fueron condenadas y 60 resultaron absueltas desde el retorno del Estado de derecho, mientras que sólo 71 personas cuentan con la sentencia firme.

"Buena parte de estas condenas firmes son por juicios llevados a cabo en la década de 1980 y casos de apropiación de menores", indica en su informe trimestral la Procuraduría a cargo del fiscal general Jorge Auat.

El número contrasta con la agilidad que adquirieron los juicios por estos crímenes en los últimos nueve años: de los 122 procesos judiciales concluidos desde 1983, 107 se han realizado a partir de 2004 y 24 concluyeron en 2013, informa la Procuraduría.

Actualmente se registran 927 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, 114 más de las que había hace un año y casi un 40 por ciento más que en diciembre de 2011, cuando se registraron 593.

"El 62,1% está en unidades penitenciarias, el 36,2% en detención domiciliaria, el 1,1% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales) y 0,6% en hospitales", señala la Procuraduría, que asimismo destaca que "no se verifica la presencia de detenidos en dependencias a cargo de personal militar" y que "en el último año creció el porcentaje de personas detenidas en institutos carcelarios, pasando del 50,5% en 2011 al 58,9% en el 2012, hasta arribar al 62,1% en la actualidad".

"Máxima expansión"

El organismo a cargo del fiscal Auat y coordinado actualmente por Carolina Varsky comenzó a funcionar en 2007 como Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado hasta que este año la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, adecuó su estructura al nuevo esquema de trabajo del Ministerio Público Fiscal, con el nombre de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Su trabajo consiste en coordinar y asistir el trabajo de los fiscales federales de todo el país en este tipo de causas y diagramar estrategias de intervención de acuerdo a problemáticas locales o generales.

El informe de la Procuraduría indica que desde 2008 la cantidad de condenados aumentó más de un 700 por ciento. De los 70 condenados a fines de aquél año, al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 100, a fines de 2010 a 199, y en diciembre de 2011 llegó a 267.

En 2012, la cifra cerró en 378 personas. Con las 160 condenas dictadas en 2013, el número total de condenados ascendió a 520. Este número incluye a las personas sobre las que recayó condena, varias de las cuales cuentan con más de una. De hecho, de los 160 condenados este año, 142 recibieron pena por primera vez.

"Esto muestra que el proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad ha alcanzado su punto de máxima expansión", destaca el informe de la Procuraduría.

El organismo destaca que se encuentran en curso doce juicios (diez procesos orales y dos escritos), en los que se está juzgando a 219 imputados, por un total de 1924 víctimas. Y anticipa que, de acuerdo con el cronograma ya definido por diferentes tribunales del país, en 2014 serán juzgadas al menos otras 105 personas más por los casos de 663 víctimas, "imputadas en las 11 causas que ya tienen fecha de juicio programada". A esas causas probablemente se sumen nuevos procesos que serán programados en el devenir del año judicial.

Procesados y rumbo a juicio

De los 1069 procesados, casi la mitad (525) cuenta con una o más causas elevadas a juicio. Es decir que los expedientes en los que se encuentran imputados ya atravesaron la etapa de instrucción y están próximos a la celebración del debate oral y público. A ellos se suman otros 123 procesados sobre los que las fiscalías han requerido la elevación a juicio, cuyas causas transitan el último paso de la etapa de instrucción.

Sumadas las dos variables, la Procuraduría remarca que "el 60,62% del total de personas procesadas cuentan con una causa elevada a juicio o con requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal".

En este contexto, 219 personas que cuentan con su causa elevada a juicio (es decir, un 41,71 por ciento del total en esa condición) "ya ingresó a la etapa de juicio propiamente dicha", con audiencias de debate, y "se encuentra próximo a obtener una sentencia definitiva a su respecto".

Avance sobre los civiles

"A partir del año 2012 se ha prestado especial atención a las investigaciones sobre la responsabilidad de actores civiles involucrados en el terrorismo de Estado", señala el informe de la Procuraduría y establece dos subgrupos de imputados: los funcionarios de gobierno y los judiciales.

En ese sentido, la Procuraduría destaca que durante 2013 adquirió firmeza la primera condena a un funcionario judicial, el ex juez santafesino Víctor Hermes Brusa.

También remarca la elevación a juicio de dos causas que involucran a cinco funcionarios judiciales de Mendoza y otro de Santa Fe, y las confirmaciones de procesamiento sobre otros cinco imputados, mientras que otros once cuentan con un procesamiento en primera instancia en diferentes puntos del país.

Como hechos sobresalientes de 2013, la Procuraduría pone de relieve la extradición desde Chile del ex camarista federal mendocino Otilio Roque Romano; la decisión de la Cámara de Casación acerca de que la actuación del ex juez salteño Ricardo Lona constituyó crímenes de lesa humanidad; y que asimismo el máximo tribunal penal también prohibió la salida del país del suspendido juez marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft.

Además, el informe refiere como avances de las investigaciones sobre "la complicidad del sector empresarial con los actos de terrorismo de Estado" el procesamiento de los antiguos jefes de personal y de sección de la Minera “El Aguilar” (Jujuy), la confirmación del procesamiento de los directivos del ingenio “Ledesma” (Jujuy) y el requerimiento de elevación a juicio presentado el 20 de diciembre pasado en las actuaciones en las que se investiga la responsabilidad de los ex directores de la automotriz “Ford”, en General Pacheco (Buenos Aires).