Encabezados por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, fiscales federales de las provincias de las provincias del NOA se reunirán esta tarde con abogados querellantes y militantes de organismos de derechos humanos de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca en el segundo encuentro de la "Mesa de Diálogo Institucional y Social" para analizar los desafíos que presentan los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

La reunión se llevará a cabo desde las 17:00 en Alem 222 de San Miguel de Tucumán. Se trata de la segunda edición de este tipo de encuentros promovidos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para debatir con diferentes actores del Estado y la sociedad civil con el objeto de "construir consensos para superar los obstáculos que surgen en el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos".

En el encuentro de esta tarde, participarán los fiscales de Tucumán, Pablo Camuña, Patricio Rovira y Carlos Brito; de Jujuy, Pablo Pelazzo y Francisco Snopeck; de Salta, Juan Manuel Sibila, y de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz.

Se espera la asistencia de ocho representantes de organismos y querellantes de Santiago del Estero; otros nueve de Tucumán; cinco de Jujuy; veinte de Salta, once de Catamarca, y miembros del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer encuentro se desarrolló el 19 de marzo pasado en una de las sedes de la Procuración General, en Buenos Aires. Participaron representantes de organismos no gubernamentales y de diferentes instancias judiciales, del Ministerio de Justicia y querellantes.

La constitución de la Mesa es una de las instrucciones que dio la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, al momento de convertir la otrora Unidad de Coordinación y Seguimiento de casos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, mediante la resolución PGN 1442/2013. En esa disposición, la jefa de los fiscales señaló que el nuevo organismo debía "constituir la mesa de discusión con actores institucionales y sociales involucrados en el proceso de verdad y justicia".