09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Reunión de la Mesa de Discusión Social e Institucional
Respaldaron el apartamiento de dos jueces subrogantes de Bahía Blanca
Fiscales, funcionarios, querellantes y miembros de organismos de DDHH dieron su respaldo unánime a la decisión conocida ayer de apartar a los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, y de designar a un nuevo juez de acuerdo a las normas vigentes. Diagnóstico de los problemas que afrontan los juicios.

La reunión regional de la Mesa de Discusión Institucional y Social realizada hoy en Bahía Blanca culminó con un fuerte y unánime respaldo a la decisión de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura que postuló el apartamiento de los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y la propuesta de designar a un juez subrogante de acuerdo con las normas vigentes.

Encabezado por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la coordinadora Carolina Varsky, el encuentro regional realizado hoy en el salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) contó con la participación de fiscales de esa jurisdicción y de la de Mar del Plata, querellantes y representantes de organizaciones de derechos humanos y de agencias estatales que intervienen en el proceso de verdad y justicia.

Ese fue el marco en el que se debatió la particular y compleja situación que atraviesa la jurisdicción de Bahía Blanca, luego de que los cuestionados jueces subrogantes dictaran resoluciones adversas al avance del juzgamiento de responsabilidades empresariales, judiciales y eclesiásticas en el terrorismo de Estado, que beneficiaron con el sobreseimiento al ex secretario judicial Hugo Sierra y con faltas de mérito al director de La Nueva Provincia, Vicente Massot, y al arzobispo Guillermo José Garlatti. Los jueces, en particular Martínez, habían sido denunciados por realizar diferentes maniobras para aparentar "medidas pro activas" en las causas que, en realidad, tienen como consecuencia la demora y la impunidad.

Por esa razón, fiscales, funcionarios, querellantes y organismos coincidieron en respaldar la resolución del Consejo de la Magistratura. Los organismos, de hecho, anunciaron que emitirán un comunicado de respaldo a la decisión de la Comisión de Selección Consejo, que la semana próxima ese organismo abordará en el marco de una reunión plenaria.

Durante el encuentro también fue reconocida la labor desarrollada por la Unidad Fiscal local en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, al punto que se consideró como "el corazón del proceso" a esta dependencia del Ministerio Público, que hoy tiene como responsables a Miguel Palazzani y José Nebbia, pero que antes fue representada por Abel Córdoba y el ex fiscal Hugo Cañón.

En el cónclave fueron individualizados los diferentes problemas que presentan actualmente los juicios. Una vez más, se puso en evidencia la necesidad de contar con un un cuerpo pericial médico que pueda dar respuesta inmediata, teniendo en cuenta que la mayoría de los imputados de la jurisdicción permanecen en arresto domiciliario generalmente justificados por razones de salud.

También se refirió la necesidad de cuidar víctimas y testigos, que deben prestar declaración frente a las reiteradas convocatorias a declarar en diferentes procesos e instancias, como también la importancia de "aceitar" mecanismos para los testimonios que se realizan a través de videoconferencia.

En el mismo sentido, se puso énfasis en la necesidad de garantizar la continuidad de las audiencias, reduciendo los plazos de interrupción de los juicios orales. Además de la lógica demora en la tramitación de los debates, una profesional del Centro de Protección a las Víctimas (CPV) bonaerense indicó que esos largos plazos entre audiencias dificultan el trabajo de contención y atención de los testigos. Ocurre que tanto en Bahía Blanca como en Mar del Plata los tribunales orales están integrados por jueces de otras jurisdicciones, donde mantienen sus tareas habituales. A esa situación se suma que la pérdida de un vuelo u otros problemas para que viajen los jueces suelen demorar aún más los procesos.

Otro de los puntos puestos de relieve durante la discusión es la situación del camarista federal bahiense Néstor Luis Montezanti, quien durante la dictadura fue personal civil de inteligencia de las fuerzas armadas, y ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios remarcaron las dificultades que presenta en las jurisdicciones de Mar del Plata, Neuquén y Bahía Blanca que personas allegadas a los imputados o, inclusive, imputados, se desempeñen en el sistema de justicia.

Al finalizar la reunión Varsky evaluó ante Fiscales que el encuentro "tuvo una importante con la presencia de los fiscales de la jurisdicción" y que "fue positiva la representación de las agencias estatales". En ese sentido, la funcionaria del MPF ponderó "la importancia de salir de Buenos Aires para atender las cuestiones locales, lo cual genera inmediatez y permite a los operadores visibilizar los problemas".

Durante la reunión de la Mesa de Discusión participaron los fiscales federales locales Alejandro Cantaro, José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, los fiscales de Mar del Plata Pablo Larriera, María Eugenia Montero y Laura Mazzaferri, y el fiscal federal de Azul Walter Romero.

Además, participaron Cecilia Cruz, en representación del Ministerio de Defensa de la Nación; Laura Guembe, del Ministerio de Seguridad de la Nación, Francisco Ramos, Lisandro Sandoval y Diego Freedman, por el Consejo de la Magistratura; Claudia Lencina, del Programa Verdad y Justicia; la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) de la Nación Ana Oberlín; Adelqui del Do, del Centro Ulloa de atención a las víctimas de la SDH nacional; y una representante del CPV bonaerense.

También intervinieron, entre otros, las representantes de la querella de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, Alejandra Santucho y Anahí Junquera; Mónica Avello, de la SDH de la Nación; Eduardo Hidalgo, de la APDH Bahía Blanca; Hugo Cañón, ex fiscal general y actual copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria; y Alberto Rodriguez y Dante Patrignani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.