24 de junio de 2024
24 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen el fiscal federal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko
Juzgan a dos ex oficiales de inteligencia de la Armada por delitos sexuales contra tres prisioneras de la ESMA
El debate es el primero por este tipo de hechos en aquél centro clandestino. Las tres víctimas sobrevivieron. Los acusados son Jorge “El Tigre” Acosta y Alberto González. Las audiencias se celebrarán por Zoom.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará inicio hoy martes al primer juicio por los crímenes de violencia sexual cometidos contra víctimas que estuvieron privadas ilegítimamente de la libertad en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Serán juzgados el ex oficial de inteligencia Alberto Eduardo González “alias “Gato” “González Menotti” “Luis” y el jefe de la Sección Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 que operaba allí, Jorge Eduardo Acosta, alias “El Tigre” “Santiago”, “Aníbal” o “Capitán Arriaga”, por los delitos cometidos contra tres prisioneras políticas.

Las audiencias del juicio se celebrarán mediante la aplicación Zoom, aunque el tribunal solicitó a la Cámara de Casación la habilitación de una sala del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, de resultar necesaria la presencia de alguna de las partes.

El TOCF 5 está integrado por la jueza Adriana Palliotti y los jueces Daniel Horacio Obligado y Adrián Federico Grumberg (presidente). El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal federal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, quienes cuentan con la asistencia de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

El miércoles pasado, también en forma remota, se celebró la audiencia preliminar, presidida por el juez Grumberg, en la que participaron el fiscal Filippini y los imputados Acosta y González, y sus defensores. En esa ocasión se determinó que las audiencias se desarrollarán en lo sucesivo todos los lunes.

En este juicio serán juzgados los hechos de violencia sexual cometidos contra Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes, quienes prestaron el consentimiento a la fiscalía para la difusión pública de sus nombres. En la ESMA se registraron también otros casos de violencia sexual, pero aún permanecen en la etapa instructora.

Los imputados Acosta y González registran condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, dictadas por el mismo tribunal, con distinta conformación, en las causas “ESMA II” (2011) y “ESMA Unificada” (ESMA III, 2017). Esta última aún no se encuentra firme. Acosta también fue condenado a 30 años de prisión en la causa conocida como “Plan Sistemático”, sobre apropiación de niños y niñas.

Los hechos ocurrieron tanto dentro de la ESMA como en lugares fuera del centro clandestino. En el caso de una de las víctimas, también fueron perpetrados durante los controles de su "libertad vigilada", en 1980.

Los casos

Los casos que mañana llegarán a juicio comenzaron a investigarse como consecuencia de la sentencia dictada en la denominada causa ESMA II, también conocida por el número de registro 1270. Al final de aquel juicio, que abordó principalmente la actuación del Grupo de Tareas 3.3.2 a cargo de Acosta, se ordenó la extracción de testimonios para investigar la comisión de delitos contra la integridad sexual de las personas secuestradas.

En efecto, al cabo de la investigación Acosta fue acusado por el fiscal Eduardo Taiano como coautor de los delitos que afectaron a las tres víctimas, mientras que su subordinado González está imputado en los hechos que afectaron a una de ellas.

En el caso de Labayrú, según la acusación fiscal, González y Acosta se encuentran acusados como coautores de los delitos de violación sexual cometida contra una persona que no se pudo resistir y mediante el uso de fuerza o intimidación, doblemente agravada por ser el autor el encargado de la guarda de la víctima y por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades. Acosta, además, está acusado del mismo delito en grado de tentativa y de abuso sexual agravado.

En este caso, la conducta de González consistió en obligar a la víctima a mantener relaciones sexuales, mientras que Acosta, como su jefe, generó las condiciones para que ello sucediera y posteriormente convalidó ese accionar.

La sucesión de hechos ocurrió en distintos lugares y horarios durante 1977 y principios de 1978. De acuerdo con el auto de elevación a juicio, la víctima narró que alrededor de un mes después de haber dado a luz se le acercó Acosta, la llevó a una salita y le dijo que tenía que adelgazar, porque estaba muy gorda y debía ponerse en mejores condiciones físicas. También le dijo que debía entender que “como no había entregado a nadie desde su detención, no estaba probado cuál era su grado de recuperación”, por lo cual “le planteó que la mejor manera de demostrarles que no los odiaba, era manteniendo una relación física con alguno de ellos, debiendo entender esa situación como parte de un proceso de recuperación y del camino correcto, si quería algún día salir en libertad, poder ver a su familia y reencontrarse con su marido y su bebé”.

Por otro lado, Zanta –quien estuvo secuestrada en la ESMA entre el 6 y el 23 de septiembre de 1978- declaró en la instrucción de esta causa diversos episodios de abuso sexual, consistentes en la desnudez y en la tortura que le aplicaron en esa condición, como la quema con un cigarrillo. También refirió diferentes episodios de “manoseos” y, puntualmente, narró el episodio en que un guardia no identificado, de apodo “El Lobo", la retiró del lugar y la llevó a un baño, donde la accedió de modo carnal mientras la apuntaba con un arma en la cabeza.

Finalmente, Paredes fue secuestrada junto a su esposo el 12 de marzo de 1979 y confinada en la ESMA hasta el 22 de junio de ese mismo año. En las sesiones de tortura durante su cautiverio fue abusada con tocamientos. Tras su salida de la ESMA, y hasta fines de 1980, fue sometida a un régimen de "libertad vigilada". Durante esos controles fue accedida carnalmente, en reiteradas oportunidades, mediante la utilización de fuerza e intimidación, y aprovechando la situación de inferioridad en la que se encontraba la víctima que no le permitía resistirse a la consumación del acto sexual, por parte de un integrante del grupo de tareas, señaló la fiscalía en su acusación.