29 de febrero de 2024
29 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Los hechos ocurrieron en un procedimiento ilegal el 20 de mayo de 1976
Juzgarán en Tucumán a un ex juez por dar cobertura a cinco homicidios y un secuestro
Este miércoles comenzará el debate oral al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez por su intervención en los homicidios de cinco militantes montoneros y el secuestro del dueño de la casa donde se llevaron a cabo los asesinatos. Los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña serán los representantes del MPF.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán comenzará a juzgar desde este miércoles al ex juez federal de esa provincia, Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber dado cobertura como magistrado a un procedimiento ilegal el 20 de mayo de 1976 en el que fueron asesinadas cinco personas y del secuestro de otra persona que se presentó espontáneamente en su juzgado seis días más tarde.

El ex juez Martínez llega a juicio oral y público acusado como miembro de una asociación ilícita en los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia en los homicidios calificados de los militantes montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán. "Las cinco víctimas murieron como consecuencia de fusilamientos realizados por fuerzas de seguridad militares y policiales" (sic), sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al confirmar el procesamiento del ex magistrado en agosto del año pasado.

El tribunal de alzada remarcó en esa oportunidad que Martínez actuó “garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”.

El acusado también llega a juicio por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente ante el ex juez Martínez.

El magistrado indagó a Romano sin la presencia de un defensor y luego dispuso su detención a disposición de la Policía provincial, que lo interrogó y confinó en centros clandestinos de detención con conocimiento del juez. Romano, que sufría una enfermedad mental severa, pasó más de un año detenido con prisión preventiva acusado de asociación ilícita, hasta que el propio juez Martínez le dictó el sobreseimiento el 25 de agosto de 1977.

La fiscalía puso de relieve que, de esa forma, el entonces juez Martínez decidió investigar a Romano pero no realizó diligencias para averiguar qué había sucedido con los cinco asesinatos del 20 de mayo de 1976.

Según fue acreditado durante la instrucción de la causa, personal policial uniformado y de civil atacó la casa donde estaban reunidos los cinco militantes. Allí también estaba la hija de María Alejandra Niklison y Gerardo Romero, María Alejandra Romero Niklison, de entonces un año y medio de edad, quien hoy integra la querella. Cuatro de las cinco víctimas fueron ejecutadas dentro de la casa, mientras que Fernando Saavedra fue perseguido y asesinado en inmediaciones de la Iglesia Monserrat.

En el debate intervendrán en la acusación pública el fiscal general subrogante Leopoldo Peralta Palma y el fiscal ad hoc Pablo Camuña, en tanto que los abogados Bernardo Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo representarán a las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de María Delina Romano y Patricia Silvia Romano, respectivamente. Por su parte, los abogados Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison encabezarán la representación de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano.

El imputado, en tanto, estará representado por los defensores oficiales ad hoc, Adolfo Edgardo Bertini y Vanessa Lucero.

El debate estará a cargo de los jueces María Alicia Noli, Hugo Norberto Cataldi y José Fabián Asis y se desarrollará, tras su comienzo este miércoles, el jueves 30 de octubre, y el 6, 7 y 13 de noviembre, al cabo de lo cual se prevé la declaración de 62 testigos.