29 de mayo de 2024
29 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Encuentro regional celebrado en el Espacio de Memoria del exdepartamento de Informaciones D2
La Mesa de Discusión Institucional y Social se reunió en Mendoza para debatir los desafíos y dificultades de los juicios por crímenes de lesa humanidad
Participaron fiscales y equipos de fiscalías de las secciones Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis y miembros de organizaciones de derechos humanos, querellantes y representantes de organismos del Estado. La ejecución de la penas, la identificación de las víctimas desaparecidas, el derecho a la verdad y las convocatoria a las nuevas generaciones a presenciar los juicios orales y públicos fueron temas de la agenda.

La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y los fiscales generales de Mendoza y San Juan, Dante Vega y Francisco Maldonado, respectivamente, se reunieron junto a sus equipos de trabajo con integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13, para debatir en torno a los desafíos y las dificultades y para formular propuestas para el avance de los procesos en la región de Cuyo.

El encuentro contó con la intervención de los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante (Mendoza), Matías Eidem (de la Procuraduría) y Pablo Garciarena (San Rafael). La actividad continuó los encuentros regionales en los que, además de debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas por crímenes de lesa humanidad, se abordan particularidades de carácter local. La Procuraduría destacó que esta modalidad permite una construcción colectiva de carácter federal y afianza los vínculos con los organismos de derechos humanos que intervienen local y regionalmente, a cuyos integrantes les resulta complejo participar de las Mesas Institucionales de Discusión nacionales.

La reunión celebrada este miércoles se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 de la ciudad de Mendoza, cuyas instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la policía provincial, sede del centro clandestino de detención, tortura y extermino (CCDTyE) más importante de esa región. Estuvieron presentes representantes de las secciones judiciales de Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis.

La jornada se realizó con modalidad híbrida, es decir, con participaciones presenciales y virtuales. Intervinieron la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Equipo de acompañamiento a las víctimas y testigos de Mendoza y San Rafael; el Centro Ulloa; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mendoza; Mujeres sobrevivientes de las dictaduras por la memoria; la Asociación de expresas y presos políticos de Mendoza; el Colectivo de Juicios Mendoza; la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); el Programa Verdad y Justicia (Mendoza); la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Mendoza); la abogada querellante Viviana Beigel; el titular de la Dirección de Derechos Humanos de San Juan, Carlos Goya Martínez Aranda; Abuelas de San Rafael y sur mendocino; Ex presos de San Rafael; representantes de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); y familiares de las víctimas.

En el encuentro se analizó la situación de cada sección judicial, partiendo del reconocimiento de la labor de articulación entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas y los organismos de derechos humanos como pilar de los logros alcanzados. Se puntualizaron dificultades en cuanto a la duración de los juicios así como de las audiencias y la situación derivada de las vacantes de los tribunales orales.

La Procuraduría destacó que esta modalidad permite una construcción colectiva de carácter federal y afianza los vínculos con los organismos de derechos humanos que intervienen local y regionalmente.

Asimismo, se debatieron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena previsto por la ley 24.660, de ejecución penal, y el otorgamiento de prisiones domiciliarias, salidas transitorias, libertades condicionales, entre otros. En tal sentido, se puso como eje la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, de acuerdo con lo normado en la ley 27.372.

En cuanto al control de las situaciones de salud que impiden que los imputados formen parte de los juicios por ser encontrados incapaces de afrontar el proceso penal, el MPF resaltó la efectividad de la intervención de los organismos técnicos auxiliares, como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que, a través de reconocimientos médicos y elaboración de informes, aportan información de calidad que permite tomar decisiones ajustadas a la situación de cada individuo.

Se planteó asimismo la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, que sigue siendo una de las deudas del proceso de juzgamiento.

Por otro lado, acordaron el carácter prioritario que tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del terrorismo de Estado y el deber de garantizarlo que poseen estas investigaciones. En este punto, la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, remarcó la importancia de la reconstrucción de su identidad. Destacó que muchas veces es la víctima la que tiene que hacerlo y por ello propuso que sea el Estado quien asuma esa obligación, reconstruyendo y devolviendo la historia de sus padres.

Otra propuesta fue la reactivación de la asistencia a los juicios a través de la creación de lazos de comunicación con las nuevas generaciones haciendo uso de las redes sociales para difundir e incentivar las demandas de memoria, verdad y justicia.

Finalmente, se puso de manifiesto la necesidad de exigir a las agencias estatales que den las respuestas necesarias en la medida de sus respectivas competencias para garantizar el avance de las investigaciones aún abiertas. El encuentro concluyó con un recorrido por las instalaciones del Espacio de Memoria, con el acompañamiento de un sobreviviente, quien en su relato evocó a las víctimas que no lograron sobrevivir.