Con la asistencia de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, se llevó a cabo este martes en Tucumán la Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13, para debatir entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal y representantes de organismos de derechos humanos, de las querellas y de organismos estatales en torno a los desafíos y las dificultades de los procesos por delitos de lesa humanidad en la región del NOA y para formular propuestas para su avance.

La actividad se realizó en la sala de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Tucumán y contó con la participación de los fiscales federales de Tucumán Pablo Camuña y Agustín Chit, de la fiscal general de Santiago del Estero Indiana Garzón, de los y las auxiliares fiscales Valentina García Salemi (Tucumán), Pablo Álvarez (Santiago del Estero), Bárbara Chunco (Salta), María Laura Ramírez (Unidad Fiscal de Apropiación de Niños y Niñas) y del y la fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila (Salta) y Marina Cura (Jujuy).

Intervinieron también representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación; el Equipo de acompañamiento a las víctimas y testigos de Tucumán; Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Tucumán; H.I.J.O.S. Tucumán; la Asociación de ex presos políticos de Tucumán; Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); el Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero; y familiares, víctimas y querellantes de la región.

El encuentro regional estuvo dirigido a debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas de lesa humanidad y a visibilizar y abordar las particularidades de carácter local.

La intención de celebrar la Mesa de Discusión Institucional y Social por regiones busca una construcción colectiva de carácter federal y el afianzamiento de los vínculos con los organismos de derechos humanos de los ámbitos provinciales/regionales a los que muchas veces les resultaba complejo acercarse y participar de las reuniones que se realizan en la Capital Federal.

Puntos de coincidencia

En el encuentro se puntualizaron dificultades en cuanto a la duración de los juicios, así como de las audiencias y la situación derivada de las vacantes de los tribunales orales, cuestión que en el caso puntual de Tucumán tiene alto impacto, ya que solo cuenta con un Tribunal Oral Federal integrado con un solo vocal titular.

Asimismo, se abordaron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena previsto por la ley 24.660, de ejecución penal, y el otorgamiento de prisiones domiciliarias, salidas transitorias y libertades condicionales, entre otros. En tal sentido, se puso como eje la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere a la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, de acuerdo con lo normado en la ley 27.372.

Por otro lado, se trató la problemática derivada de la práctica de reenvíos en la etapa recursiva de las sentencias. Al respecto, se remarcó la necesidad de consensuar pautas de actuación que guíen la intervención de los diferentes tribunales orales federales en la materia.

También se discutieron alternativas para abordar el tratamiento de los casos de víctimas en situación indefinida a partir del apartamiento procesal por incapacidad sobreviniente o fallecimiento de los acusados por tales hechos.

En este contexto, se visualizó la transcendencia de la incorporación en los procesos judiciales de los casos de las víctimas que, siendo niños y niñas, padecieron distintos tipos de violencias relacionadas con los secuestros de sus cuidadores.

En este marco, también se planteó la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, que sigue siendo una de las deudas del proceso de juzgamiento.

La procuraduría especializada informó que se encuentra en estudio y elaboración una guía de buenas prácticas en la materia junto con los equipos fiscales de la región mesopotámica, con miras a producir un protocolo que ofrezca a todas las jurisdicciones una batería de medidas destinadas a la búsqueda de diferentes fuentes documentales a partir del hallazgo de restos sin identificar. Al respecto, se destacó que en Tucumán se han realizado numerosas identificaciones de víctimas del terrorismo de Estado, particularmente en el denominado “Pozo de Vargas”.

En ese sentido, durante la reunión se puso de relieve la labor conjunta de los equipos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad (CAMIT) y el Laboratorio de Investigaciones Grupo interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT). Puntualmente, se planteó la necesidad de sostener el financiamiento de los equipos periciales, así como de las medidas necesarias para continuar con esta imprescindible tarea.

Otro de los puntos de coincidencia estuvo en la importancia de las tareas de acompañamiento a las y los testigos/víctimas sobrevivientes. Al respecto, se puso de manifiesto la necesidad de sostener en el tiempo dichas medidas en los casos necesarios.

Finalmente, se valoró la realización de estos encuentros como mecanismos eficaces para generar los consensos a partir del intercambio de opiniones entre los distintos actores involucrados en la tramitación de causas de lesa humanidad.