La Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata pidió este mediodía que el juicio por la apropiación de dos niños y una niña, las violencias ejercidas contra ellos en un hogar, y el homicidio de su madre y otros cinco militantes, ocurridos en 1977, comience antes de fin de año con dos audiencias semanales. El pedido de la representación del MPF fue expuesto durante la audiencia preliminar llevada a cabo por medios virtuales ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que tras escuchar también a las querellas y a las defensas fijó un plazo de diez días a los organismos de protección de testigos para que le brinden la información que le permita evaluar la fecha de inicio.

El debate en vías de preparación viene largamente demorado -en diciembre 2017 se llevó a cabo una primera audiencia de anticipación de prueba- y el paso del tiempo derivó en la posibilidad de unificar dos causas que tramitaron por separado en la justicia federal de Lomas de Zamora. En total, el juicio tendrá a diez acusados -un civil ex ministro y nueve ex policías-, por los homicidios, y a una acusada, ex funcionaria judicial, por delitos cometidos contra las personas entonces menores de edad.

Por los homicidios están acusados el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex comisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk, y otros siete ex policías bonaerenses. Todos ellos llegan imputados por su participación en los ataques a domicilios del barrio San José, en Almirante Brown, y Lavallol, Lomas de Zamora, llevados a cabo durante el 15 y 16 de marzo de 1977, que tuvieron por víctimas fatales a María Florencia Ruival, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Meza de Ramírez, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y otra persona aún no identificada.

La fiscalía buscará en el debate "dejar evidenciado la extensión del daño, en una sustancialidad que permitirá establecer y solicitar las reparaciones correspondientes".

En tanto, en la causa por los delitos cometidos contra la niña y los niños se encuentra acusada la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer. Este expediente también fue elevado a juicio con el "padrino" del hogar, Juan Carlos Milone, la titular del Hogar de Belén, Dominga Vera, y la psicóloga que actuaba en el Tribunal, María Teresa Gómez, quienes fueron apartados del proceso por problemas de salud. En esa causa se juzga los delitos cometidos a partir del homicidio de Vicenta Orrego Meza. Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años, respectivamente, fueron sustraídos luego de presenciar la ejecución su madre en manos de la policía provincial. Se los alojó durante más de seis años en el “Pequeño Hogar de Belén”, un instituto de Banfield, a disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, que durante todo el período impidió que los familiares conocieran su paradero, a pesar de las incesantes averiguaciones y gestiones que llevaban adelante para dar con ellos. En el hogar, la niña y los niños fueron víctimas de los delitos de sustracción y ocultamiento, la alteración de su estado civil y de abusos sexuales.

La audiencia preliminar de este mediodía se desarrolló a través de la plataforma Jitsi Meet y estuvo presidida por el juez subrogante Ricardo Basílico. La Unidad Fiscal estuvo representada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira. Intervinieron también las abogadas de la querella que representan a las víctimas, el representante de la también querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los abogados defensores.

La fiscalía postuló que el juicio se celebre mediante métodos virtuales y solicitó al tribunal que fije fecha antes de fin de año para realizar audiencias dos veces por semana.

La fiscalía dejó en claro que por el momento no iba a solicitar la incorporación por lectura de ningún testimonio ni a desistir de ninguna prueba. “Ello en razón de que nos resulta esencial para poder demostrar distintos aspectos fundamentales de estos hechos, no solo para dejar establecidas las responsabilidades penales, sino también para dejar evidenciado la extensión del daño, en una sustancialidad que permitirá establecer y solicitar las reparaciones correspondientes en función de la verdad de lo acontecido. Esto es un principio elemental en este tipo de causas que hace a la legalidad y a los intereses de la sociedad que como Ministerio Público Fiscal nos toca controlar y proteger”, enfatizó el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

Sobre esta base, y teniendo presente la voluntad de las víctimas, la fiscalía también solicitó que el juicio se organice dotando de autonomía probatoria a los hechos relacionados con los operativos y a los vinculados con los del “Hogar de Belén”, de modo que cada tramo tenga su lugar propio en el juicio.

En esa línea, la fiscalía postuló que -dada la pandemia de COVID-19- el juicio se celebre mediante métodos virtuales y solicitó al tribunal que fije fecha antes de fin de año para realizar audiencias dos veces por semana, lo cual -calculó la representación del MPF- permitirá terminar el debate en poco más de un mes. La premura de la fiscalía para celebrar este juicio radica en la demora que ha tenido fundamentalmente la causa en la que se investigan los crímenes contra Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, quienes declararon junto a su padre, Julio Ramírez, en diciembre de 2017 en una audiencia anticipada de prueba. Las víctimas prestaron declaración desde la representación diplomática argentina en Copenhague, hasta donde viajaron desde Suecia, lugar en el que residen desde 1983.

Tras escuchar a las partes, el juez Basílico fijó un plazo de diez días para que los organismos encargados de la contención y protección de los y las testigos elaboren un informe que permita establecer las posibilidades de que declaren en el juicio de manera remota, como también las condiciones en las que las víctimas residentes en Europa puedan asistir y participar del debate de manera remota. El magistrado indicó que, una vez recibidos esos informes, el tribunal estará en condiciones de fijar la fecha de inicio.