El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata inició ayer el juicio al expolicía bonaerense de la comisaría de Berazategui Juan Humberto Keller y al exministro de Gobierno provincial, Jaime Lamont Smart, quienes se encuentran acusados como autores directo y mediato, respectivamente, de un caso de homicidio, de cuatro hechos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y del robo de las pertenencias a las víctimas de esos delitos a partir de un procedimiento llevado a cabo el 22 de abril de 1978 en una vivienda de la ciudad de Rafael Calzada.

La causa que arribó a juicio tramitó su investigación en el fuero federal de Lomas de Zamora y en ella intervino la fiscal federal Cecilia Incardona. En el debate actuará la Unidad Fiscal Federal de La Plata, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin. El tribunal está compuesto por la jueza subrogante Karina Yabor y sus pares, también subrogantes, Ricardo Basílico y Andrés Basso.

En la audiencia de inicio el tribunal informó que, tras su fallecimiento, fue declarada extinta la acción penal contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, que había sido enviado oportunamente a juicio junto a los acusados. Puntualizó además que fue suspendido el proceso por incapacidad sobreviniente respecto del expolicía Héctor Amado, quien junto a Keller había llegado acusado a esta instancia como autor directo de los crímenes. Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, ninguna de las partes realizó planteos preliminares y se recibió declaración indagatoria a los acusados.

Primero fue el turno de Keller, quien afirmó ante la consulta del tribunal que no cuenta con condenas ni otras causas abiertas y señaló que el operativo que se le reprocha fue legal, como consecuencia de una orden judicial en el marco de un expediente por robo de automotor. En este contexto, indicó que ingresó al domicilio donde se llevó a cabo el procedimiento pero negó haber participado del homicidio. También negó haber tenido contacto con las víctimas sobrevivientes durante su alojamiento posterior en la Comisaría de Berazategui. Sostuvo -preguntado por el tribunal- que no vio la orden judicial a la cual aludió en su declaración.

Por su parte, Smart declaró que se encuentra acusado en doce procesos por crímenes de lesa humanidad y que cuenta con cuatro sentencias condenatorias. Relató su recorrido como funcionario y su convocatoria al Gobierno provincial, y desarrolló el régimen jurídico de la administración bonaerense. En este marco, sostuvo que no tuvo ningún tipo de vinculación con la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Tras la finalización de las declaraciones, el tribunal convocó a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia del jueves 23 de noviembre.

"El consentimiento prestado por Smart para desempeñarse como Ministro de Gobierno conlleva, en consecuencia, un aporte solidario al plan criminal, facilitando, colaborando y poniendo a disposición de las fuerzas armadas la estructura y el aparato policial", indica la acusación fiscal.

El caso

En el juicio se abordarán los hechos que culminaron con la muerte de Horacio Wenceslao Orue; la privación ilegal de la libertad seguida de tormentos de Marcelina Juani, Marcelo Adolfo Juani, Ariel Bernardo Juani y Raúl Ernesto Aguirre; y el robo de las pertenencias de la familia Juani. Los hechos tuvieron su inicio en la noche del 22 de abril de 1978 en el domicilio de la familia Juani.

Según la acusación fiscal, los entonces policías Héctor Amado y Juan Keller actuaron junto a los efectivos Inocencio Saucedo, Eustaquio Ávila Caballero, Rogelio Meza, Julio Héctor Santillán, Juan Domingo Salerno y Carlos Alberto González. En el caso se encuentra prófugo Juan Salvatore, otro de los policías individualizados como intervinientes en los hechos. En la pieza acusatoria la fiscalía describió que los hechos se iniciaron cuando todos esos efectivos secuestraron a Raúl Ernesto Aguirre, a quien torturaron para que indicara el domicilio en el que residía su medio hermano, Orue.

Con la dirección del lugar, el grupo policial se dirigió a la vivienda en la que Orue vivía desde hacía tres meses, en Marcos Avellaneda 3239 de Rafael Calzada. El lugar era propiedad de su tía Marcelina, quien residía junto a sus hijos Marcelo y Ariel Bernardo, de 14 y 9 años. Se presentaron allí vestidos de civil y armados, en varios vehículos. Rodearon el lugar, impidieron la salida de los vecinos e ingresaron por la fuerza, esgrimiendo armas largas, granadas y sin exhibir orden alguna, reconstruyó la fiscalía en la investigación. En ese momento, la familia estaba mirando una película infantil.

Una vez adentro, los atacantes tomaron del cuello a Marcelo Juani y lo obligaron a que los acompañara hasta los fondos de la vivienda, mientras que Marcelina Juani y su hijo Ariel fueron tirados al piso y mantenidos a la fuerza boca a bajo mientras pisaban sus espaldas.

Orue, en tanto, había logrado escapar por una ventana pero fue asesinado momentos después. Desde los fondos de la vivienda, Marcelo Juani escuchó gritos seguidos de disparos. Los restos de Orue fueron sepultados sin identificación, como NN, en el cementerio de Rafael Calzada. La policía produjo actuaciones dando cuenta de un "enfrentamiento con presuntos D.S. [delincuentes subversivos] pertenecientes a la B.D.S. [banda de delincuentes subversivos] Montoneros (abatido Horacio Orue) secuestrándose armas y municiones", según la carátula consignada.

Al momento de su registro en la comisaría, Marcelina Juani fue informada por el comisario Rodolfo Ricardo Cuartucci que todo se había tratado de un error y que no debía retornar a su domicilio. El funcionario policial le aclaró que los bienes saqueados formaban parte del “botín de guerra”.

Luego del homicidio, el niño Marcelo Juani fue llevado nuevamente al lugar en el que su madre y su hermano se encontraban retenidos y pudo observar la presencia de varias personas vestidas de civil que revisaban todos los ambientes, abrían cajones y tiraban al piso todo lo que hallaban en su interior. En ese contexto percibió cuando, de un disparo, mataron al perro ovejero alemán de la familia, que les ladraba.

Otros vehículos arribaron al lugar con personas armadas, que cargaron las pertenencias de la familia -incluidas utensilios y vestimenta- en unos camiones.

Horas después, en la madrugada del día siguiente, la mujer y sus hijos fueron sacados de la vivienda y apilados en la caja de una camioneta. Con los pies de los captores sobre sus cuerpos, fueron llevados primero a la subcomisaría de Rafael Calzada y, de allí, a la comisaría de Berazategui, se consignó en el requerimiento de elevación a juicio.

En ese lugar, la mujer y los niños fueron depositados en el entrepiso de esa dependencia que, por aquella época, funcionaba como centro clandestino de detención. "Permanecieron encapuchados, tirados en el piso, privados de alimentos y bebidas y sometidos a tormentos psicológicos por, al menos, cuatro días, junto con otras personas que eran sometidas a tormentos físicos, entre quienes se encontraba, Raúl Ernesto Aguirre, hermano de Horacio Wenceslao Orue, sobrino de Marcelina Juani y primo de Marcelo Adolfo y Ariel Bernardo Juani", describió la fiscal Incardona en el requerimiento de elevación a juicio.

Después de esos cuatro días, la mujer y sus hijos fueron registrados en la comisaría. Ella fue enviada a un calabozo y los niños permanecieron en el casino de oficiales a la espera de ser retirados por una persona de confianza de la familia.

Mientras estuvieron allí, la mujer y sus hijos reconocieron entre el personal de la comisaría a varias de las personas que habían atacado su vivienda, entre quienes identificaron a Amado, a Keller, a “el flaco” que había retenido a Marcelo Adolfo Juani en su domicilio y "al de bigote” que había exhibido la granada durante el procedimiento, respectivamente.

Al momento de su registro en la comisaría, Marcelina Juani fue informada por el comisario Rodolfo Ricardo Cuartucci que todo se había tratado de un error y que no debía retornar a su domicilio. El funcionario policial le aclaró que los bienes saqueados formaban parte del “botín de guerra”.

De acuerdo con la acusación fiscal, los nombres de Amado y Keller aparecen en la documentación policial relacionada con el procedimiento realizado en la casa de la familia Juani. El MPF destacó que en los legajos de ambos acusados se consignaron sendas felicitaciones por su participación en los hechos. A esa prueba documental, la fiscalía sumó la testimonial de las víctimas sobrevivientes, quienes mencionaron en el proceso a ambos policías por sus apellidos. Por esas constancias, tanto Amado como Keller fueron acusados en carácter de autores de homicidio, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y robo.

El exministro de Gobierno Smart fue acusado como autor mediato, pues desde de ese rol tenía bajo su dependencia tanto a la Policía bonaerense como al Servicio Penitenciario. "El consentimiento prestado por Smart para desempeñarse como Ministro de Gobierno conlleva, en consecuencia, un aporte solidario al plan criminal, facilitando, colaborando y poniendo a disposición de las fuerzas armadas la estructura y el aparato policial de la provincia de Buenos Aires, para cumplir con tal cometido", sostuvo la fiscalía.