El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata hizo lugar a la solicitud de la Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en esa jurisdicción y acumuló la actualmente paralizada causa por los delitos de sustracción y ocultamiento de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez -en 1977, cuando se iniciaron los hechos, tenían 2, 4 y 5 años de edad, respectivamente-, la alteración de su estado civil y los abusos sexuales cometidos durante su cautiverio en el Hogar Casa de Belén de Banfield, con la causa en la que se investiga el homicidio de su madre, María Vicenta Orrego Meza, y de otras personas.

La decisión del tribunal fue adoptada en el marco del proveido de prueba de la causa por el homicidio de Orrego Meza. En la oportunidad de contestar el traslado previo, el fiscal general coordinador de la Unidad, Hernán Schapiro, y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, solicitaron la producción de la prueba que se ventilará en el debate por los homicidios y remarcaron en ese pedido la necesidad de realizar este juicio con la acumulación de la causa en la que se investigan los delitos contra los entonces niños y niña.

El 15 de marzo de 1977, Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez fueron sustraídos luego de ser testigos de la ejecución de su madre en manos de fuerzas de seguridad en la localidad bonaerense de San José. Se los alojó durante más de seis años en el “Pequeño Hogar de Belén”, un instituto de menores de Banfield, a disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, que durante todo el período impidió que los familiares –su padre y una hermana de éste- conocieran su paradero, a pesar de las incesantes averiguaciones y gestiones que llevaban adelante para dar con ellos.

La causa que tiene como víctimas a los hermanos tuvo una audiencia anticipada en diciembre de 2017, en la que se les recibió declaración testimonial desde Copenhague, Dinamarca, por videoconferencia. Hacia allí viajaron a testimoniar desde Suecia, donde residen -exiliados- junto a su padre Julio Ramírez desde 1983. Pero esa causa nunca pudo comenzar el debate por el estado de salud de los acusados, todos civiles. El "padrino" del hogar, Juan Carlos Milone, la titular del Hogar de Belén, Dominga Vera, y la psicóloga que actuaba en el Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, María Teresa Gómez, fueron apartados del proceso por problemas de salud. La única acusada en este proceso es la entonces secretaria del Tribunal, Nora Susana Pellicer.

Con la unificación del debate con la causa de los homicidios, se suman los procesados por los homicidios: seis ex policías bonaerenses imputados como autores directos de los homicidios agravados, y los ex comisarios Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Bruno Trevisán, acusados como autores mediatos.

Todos ellos están acusados por su participación en los ataques a domicilios del barrio San José, en Almirante Brown, y Lavallol, Lomas de Zamora, llevados a cabo durante el 15 y 16 de marzo de 1977, que tuvieron por víctimas fatales a María Florencia Ruival, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Meza de Ramírez, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y otra persona aún no identificada. En la instrucción de ambas causas intervino el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola.

En el proveído de prueba, que contiene todos los testimonios y documentos que se examinarán en el juicio, el TOCF1 de La Plata dispuso que la audiencia preliminar de ambas causas acumuladas se lleve a cabo el 21 de septiembre de 2020.

El TOCF1 de La Plata dispuso que la audiencia preliminar de ambas causas acumuladas se lleve a cabo el 21 de septiembre de 2020

Los operativos en San José y Llavallol

En la instrucción de la causa se pudo determinar que el 15 de marzo de 1977 personal policial y militar rodeó la finca sita en la calle Nother, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, del Barrio de San José y abrió fuego indiscriminadamente. Murieron Vicenta Orrego Meza de Ramírez, quien residía allí desde hacía tres meses junto a sus tres hijos. En ese lugar se encontraban también María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, militantes de la organización Montoneros que huían de la persecución de las fuerzas de la represión ilegal, a quien Vicenta había dado refugio, y quienes también fueron asesinados.

Al día siguiente, personal policial y militar rodeó la finca sita en Ascasubi y Camino de Cintura de Llavallol, e incluso se apostó en los techos de las viviendas vecinas y comenzó a disparar contra la vivienda. La casa era propiedad de Pedro Juan Berger, quien residía allí en compañía de otras dos personas: Narcisa Adelaida Encinas y un individuo que aún no fue identificado. Berger era padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew.

Los únicos sobrevivientes de estos operativos fueron los hijos de Vicenta Orrego Meza de Ramírez, Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano Ramírez, quienes fueron dejados al cuidado de un vecino por los oficiales, y cuya suerte luego quedó retratada en las atrocidades investigadas en el marco de la causa “Hogar de Belén”, entre marzo de 1977 y diciembre de 1983.

Una medida reparatoria

La unificación dispuesta de las causas sigue en la línea de distintas medidas procesales con sentido reparatorio solicitadas por la Unidad Fiscal en la causa “Hogar de Belen” que han venido siendo otorgadas por el Tribunal, como la dispuesta en diciembre de 2017 para recibir declaración anticipada a las tres víctimas, definida por entonces por los fiscales como "el punto más alto de la reparación al que puedan acceder las víctimas de la causa, que han aguardado más de 30 años para poder manifestarse sobre los hechos tan graves que han padecido".

Al solicitar la acumulación de las dos causas, la Unidad Fiscal resaltó la evidente conexidad entre el operativo que asesinó a Vicenta y dejó desamparados a sus hijos, y los hechos de sustitución de identidad y abusos sexuales sufridos por los niños en el Hogar Casa de Belén. “Podemos afirmar que el homicidio de Vicenta fue el hecho ilícito antecedente que, entre otras cosas, facilitó la sustracción de sus hijos e hija, y de las distintas violencias y abusos que estos sufrieron, circunstancia que se encuadra en lo que establece el inciso 2° del art. 41 del Código Procesal Penal de la Nación”, sostuvieron Schapiro y Nogueira.

Para la Unidad Fiscal es evidente la conexidad entre el operativo que asesinó a Vicenta Orrego Meza y dejó desamparados a sus hijos, y los hechos de sustitución de identidad y abusos sexuales sufridos en el Hogar Casa de Belén.

Indicaron al respecto que la acumulación funcionaría como una suerte de medida procesal reparatoria para todos los integrantes de la familia Ramírez. "Consideramos que la circunstancia de que toda esa familia pueda estar unida defendiendo sus derechos en el mismo juicio significaría un enorme grado satisfacción para ellos y tendría un innegable valor simbólico”, señalaron.

Schapiro y Nogueira relacionaron el valor de investigar todos los hechos en un mismo juicio con el reciente proceso desarrollado en La Plata, cuyo objeto fue un operativo que tuvo también como víctimas a una familia cruelmente atacada. "Como vemos, las modalidades y connotaciones son muy parecidas y presentan puntos de contacto evidentes. Las distintas audiencias celebradas y la participación de toda la familia en el juicio –que incluye también a otros parientes y allegados- nos ha revelado la importancia y necesidad de un juicio o proceso conjunto para reparar y garantizar la reparación de sus derechos violentados, además de los beneficios procesales que ello apareja", apuntaron los fiscales.