10 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El centro clandestino que funcionó en los cuerpos de Caballería e Infantería
La Plata: irá a juicio oral una causa con 22 acusados por delitos contra casi 200 víctimas
Los acusados son militares y policías, y también hay un civil de la CNU. El centro clandestino comenzó a funcionar el mismo 24 de marzo de 1976 y principalmente sirvió a la persecución de trabajadores y delegados sindicales.

El juez federal subrogante de La Plata, Laureano Durán, elevó a juicio oral y público la causa por los crímenes contra 192 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía bonaerense, en la capital de la provincia, y que involucran a 22 acusados, entre militares, policías y un civil.

Durán adoptó la decisión el 15 de diciembre pasado, en línea con lo requerido por la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en esa ciudad y siete querellas. Casi cuatro meses antes, el 21 de agosto, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira habían requerido la elevación a juicio por 23 acusados. En el ínterín, falleció quien fuera segundo jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal Alberto Larroca.

De esta forma, irán a juicio oral los entonces integrantes de la plana mayor del Regimiento 7 de Infantería de La Plata: Héctor Reynaldo Amuchástegui, ex oficial de Logística; Alberto Jorge Crinigan, ex oficial de Inteligencia, e Ismael Ramón Verón, ex oficial de Operaciones.

También, el ex jefe de la Compañía A de ese regimiento Lucas Marcelo Castro y el ex teniente 1° Oscar Antonio Gómez Mígenes; el ex jefe de la Delegación La Plata de la Policía Federal Juan Rafael Pochelú; los ex cabo 1° de esa fuerza de seguridad José Luis Benítez y Carlos Alberto Leguizamón, y el ex cabo Roberto Arturo Gigli; el ex jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía bonaerense José Clemente Forastiero y los ex oficiales a su mando Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón, Tomas D'Ottavio, José Esteban Pulvermacher y Adalberto Oscar Rincón, y el ex jefe del denominado Grupo Cóndor de la Policía bonaerense, Juan Antonio Vidal.

La lista se completa con los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Ricardo Armando Fernández, Anselmo Pedro Palavezzati, Gustavo Adolfo Cacivio y Miguel Ángel Amigo, y el civil vinculado a la CNU de esa ciudad, Carlos Ernesto "el Indio" Castillo.

Los imputados llegarán acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y lesiones graves calificadas, considerados crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Uno de los primeros CCD

El centro clandestino de detención funcionó en dependencias que aún pertenecen a la Policía provincial y que están situadas en un punto neurálgico de la ciudad de La Plata, en la intersección de las avenidas 1 y 60. Allí, en cuadras y galpones, fueron alojados los prisioneros políticos -fundamentalmente, trabajadores y delegados sindicales de empresas de la zona- desde la misma madrugada del 24 de marzo de 1976.

A lo largo de ese año, funcionó como lugar de ingreso al sistema represivo ilegal y centro de tortura.

Esas actividades contaron con la actuación de la Policía bonaerense y la conducción de los militares del Regimiento de Infantería 7, que estaba a la cabeza de la represión, dado que esa unidad militar ejercía la jefatura del Área Operacional 113, una de las porciones territoriales en las que estaba subdidido el Cuerpo I del Ejército.

Durante la investigación, fueron hallados en el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA) documentos sobre las víctimas labrados por el personal policial. Al confirmar el procesamiento de buena parte de los acusados, la Sala III de la Cámara Federal platense describió lo encontrado: "Las fichas confeccionadas, que en algunos casos incluían las huellas del detenido, permitían determinar fehacientemente su identidad y sus antecedentes -particularmente, aquellos vinculados con su actuación política y gremial-. A su vez, por medio de interrogatorios -efectuados en forma de declaración espontánea- los responsables del cautiverio ahondaban en la formación de la víctima, en su actividad gremial y política dentro del lugar donde se desempeñaba laboralmente y, especialmente, buscaban identificar a otras personas que cumplieran con el perfil que había delineado la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional".

La elevación a juicio de la causa se produjo a casi trece años del inicio del expediente. El fiscal Félix Crous pidió la investigación de los hechos en 2003, tras la recopilación de pruebas en el marco del denominado Juicio por la Verdad que lleva a cabo desde 1998 la Cámara Federal.