El auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin desarrollaron este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata la primera mitad de la acusación en el juicio por los crímenes cometidos contra los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez -quienes viven actualmente en Suecia- y el homicidio de su madre Vicenta Orrego y de otros cinco militantes en dos operativos en marzo de 1977. "Dejaremos demostrada la integración de los hechos con el plan sistemático de desapariciones que implementó la última dictadura cívico militar", indicaron.

La exposición de la fiscalía se lleva a cabo en el debate de la denominada causa "Hogar de Belén", institución de Lomas de Zamora que fue epicentro de los maltratos, abusos sexuales y la ocultación a su familia biológica que sufrieron los hermanos de entonces 2, 4 y 5 años de edad. La fiscalía sostuvo que en ese lugar "se aplicó la lógica concentracionaria" contra la niña y los niños, aunque hoy no llegó a abordar en su exposición los hechos ocurridos en ese establecimiento.

A esta instancia del juicio -que comenzó en marzo del año pasado- llegaron acusados el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk; los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López; Rubén Carlos Chavez; y la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer.

El exministro y los expolicías llegaron acusados por los crímenes perpetrados en los procedimientos del 15 y 16 de marzo de 1977 en fincas de Almirante Brown y Banfield, donde fueron asesinados Vicenta Orrego, María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, en el primero, y Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, en el segundo. La exfuncionaria judicial está acusada por haber intervenido desde el tribunal en la sustracción, retención y ocultamiento de los hermanos y en la supresión y alteración de la identidad mientras la niña y los niños estuvieron bajo guarda del "Hogar de Belén" -entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983- por disposición judicial pese al reclamo de su padre y de su tía.

"Minutos después de rodear la casa, [los atacantes] ejecutaron una violenta balacera que tuvo como consecuencia el asesinato de las tres personas adultas que se encontraban allí, quienes no tuvieron ninguna chance de salvar su vida".

La fiscalía adelantó que en el petitorio requerirá una "declaración de verdad" en relación con los crímenes perpetrados en el "Hogar", dado que durante la tramitación de este largo proceso judicial fallecieron o fueron apartadas por incapacidad sobreviniente personas consideradas autoras directas de los abusos sexuales y de otros delitos. La jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Delia Pons falleció antes de iniciado el proceso.

"Sincronicidad represiva"

El y la representante del MPF sostuvieron que los hechos de la causa "se relacionan a un esquema de sincronicidad represiva", que tuvo por un lado "la persecución de personas por razones políticas e ideológicas, su asesinato y la desaparición de sus cuerpos" en el marco de la "lógica binaria imperante" que los concebía como "blancos que había que destruir o aniquilar", y, por otro, que "esos mismos hechos criminales se integraron a otros de los objetivos del plan, en cuanto a la extensión y/o direccionamiento hacia los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con acciones que tenían la finalidad de modificar la propia descendencia y/o filiación de las víctimas".

Añadieron que la sincronicidad represiva -que describieron con el gráfico presentado a continuación- incluyó los hechos padecidos por Julio Ramírez -el padre de la niña y los niños, secuestrado en 1974 y detenido al momento de los hechos de esta causa en la Unidad 9 de La Plata- y de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew en 1972, cuyo padre fue asesinado en el procedimiento del 16 de marzo juzgado en esta causa.

El ataque a la casa de la calle Nother

La fiscalía describió que el primer eslabón de la cadena de hechos juzgados en este juicio fue el ataque perpetrado en la madrugada del 15 de marzo de 1977 por integrantes de la Policía bonaerense, entre ellos -especificó el MPF- "los aquí imputados, junto con otros hoy fallecidos y personas no individualizadas", y del Ejército contra la vivienda de la calle Nother N°5100, en el barrio San José de la localidad de Adrogué, cabecera del distrito bonaerense de Almirante Brown. La casa se encontraba en una zona descampada, rodeada de baldíos, con acceso por calles de tierra.

El personal policial interviniente pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Lanús, sede del centro clandestino de detención "El Infierno", cuyo funcionamiento está siendo juzgado actualmente en otro debate oral y público.

En esa casa se encontraban Vicenta Orrego Meza junto a sus hijos Alejandro Mariano y Carlos Alberto y su hija María Esther; María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga. La fiscalía reconstruyó sus historias de vida, como "parte de la dimensión reparadora de estos juicios", que consiste en "recuperar las identidades de las personas que sufrieron el terrorismo de Estado".

Al repasar la historia de las víctimas de ese procedimiento, la fiscalía describió que Vicenta Orrego llegó a esa casa de la calle Nother en diciembre de 1976 junto a su hija e hijos y que luego llegaron José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival, ambos de 28 años, perseguidos con anterioridad al golpe de Estado por su militancia en Montoneros.

"Minutos después de rodear la casa, [los atacantes] ejecutaron una violenta balacera que tuvo como consecuencia el asesinato de las tres personas adultas que se encontraban allí, quienes no tuvieron ninguna chance de salvar su vida. Además, las fuerzas atacantes dispusieron de sus cadáveres como si fueran personas no identificadas", describió la fiscalía. Uno de los disparos rozó e hirió a Carlos Ramírez, a quien su madre había intentado poner resguardo junto a su hermana y su hermano.

El hecho fue descripto en los informes policiales como "un enfrentamiento con delincuentes subversivos", aunque "se trató de un verdadero ataque con el objetivo de aniquilar a las personas que estaban allí", y "los medios de comunicación de la época, como era habitual, reprodujeron el relato oficial": refirieron la muerte de tres personas adultas y el hallazgo de tres niños.

De acuerdo con el testimonio de los hermanos y de diferentes vecinos, quince minutos después de comenzada la balacera, desde adentro de la casa se pidió que se deje de disparar para sacar a los niños y a la niña. Vicenta Orrego salió con ellos por una ventana que daba al fondo de la vivienda. "Ella mostraba y agitaba un trapo blanco, para que cesaran los disparos. En ese momento, un efectivo que estaba apostado allí, recibió a sus hijos. Seguidamente, condujo a Vicenta unos metros más adelante y, de manera totalmente intempestiva e injustificada, sin haber hecho ella ningún tipo de movimiento, le disparó en la cabeza desde muy poca distancia, provocando su muerte de inmediato. Todo esto ocurrió frente a sus hijos e hija", sostuvo hoy la fiscalía en su alegato de acuerdo al relato de dos testigos presenciales.

Los homicidios de Ruival y Alvarenga sucedieron minutos después, cuando un grupo de policías ingresó a la casa y disparó contra ambos. Las actas de defunción señalaron como causa de su muerte “lesiones graves en nobles centros encefálicos”, describió la fiscalía. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de Rafael Calzada. Los restos de Alvarenga y Ruival fueron identificados con posterioridad, mientras que Orrego permanece desaparecida.

"Ella mostraba y agitaba un trapo blanco, para que cesaran los disparos. En ese momento, un efectivo que estaba apostado allí, recibió a sus hijos. Seguidamente, condujo a Vicenta unos metros más adelante y, de manera totalmente intempestiva e injustificada, sin haber hecho ella ningún tipo de movimiento, le disparó en la cabeza desde muy poca distancia, provocando su muerte de inmediato".

Los hermanos Ramírez fueron abandonados por la policía. Los tres niños caminaron solos, guiados por Carlos, el mayor, de cinco años de edad, hasta la casa -situada a unos 100 metros- de una familia vecina al lugar, donde vivieron alrededor de una semana. Pasados los días, los vecinos se dirigieron el Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Pons, para denunciar la situación de desamparo de Carlos, Alejandro y María Ramírez.

El ataque a la casa de Llavallol

La fiscalía describió que el 16 de marzo de 1977, al día siguiente del ataque a la casa de la calle Nother, efectivos del Ejército, de la Brigada de Investigaciones de Lanús y de la seccional de esa ciudad cercaron una vivienda situada en Ascasubi y Camino de Cintura de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y abrieron fuego "sin ningún aviso previo, ni posibilidad para los habitantes de salvar su vida". Juan Pedro Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee murieron como consecuencia de los disparos. De acuerdo con los testimonios, las tres víctimas fueron obligadas a salir de la vivienda: "Ellos obedecieron e, indefensos, salieron y fueron acribillados", explicaron los auxiliares fiscales. "El brutal ataque finalizó con la explosión de granadas que dejaron a las víctimas bajo los escombros de la vivienda", añadieron.

Las actas de defunción de las víctimas, repasadas en el alegato, dieron cuenta de "hemorragia aguda" en los tres casos, en dos atribuibles a "herida de granada" y "herida de guerra" y en otro a "fractura de cráneo". Los restos de las tres víctimas fueron inhumados como NN en una sola fosa en el cementerio de Lomas de Zamora.

De acuerdo con la prueba reunida, los homicidios fueron parte de la persecución para dar con María Antonia Berger, fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sobreviviente de la Masacre de Trelew de 1972 y responsable de la Columna Oeste de Montoneros en 1976. Su padre era Juan Pedro Berger -de 66 años-, mientras que Encinas y Steketee eran un matrimonio amigo de aquel. María Antonia Berger, desaparecida, fue asesinada en octubre de 1979 y su cuerpo fue exhibido a los prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el ataque a la casa de Llavallol fue propiciado porque "las fuerzas represivas o bien estaban buscando a María Antonia Berger o procuraron asesinar a su padre con el propósito de amedrentar la actividad militante de ella".

La responsabilidad en los homicidios

La fiscalía relató que la individualización de los autores materiales -Calabró, Chávez, Catinari, Francescangelli y López, este último sólo por el caso de Llavallol- se logró gracias al testimonio de vecinos -uno de ellos, miembro de la Policía provincial- de ambos lugares que reconocieron a algunos de los agentes actuantes y también a documentación obtenida de sus legajos, donde figuran felicitaciones relacionadas a los procedimientos ilegales. La identificación de los autores materiales de bajo rango permitió a la fiscalía avanzar sobre las responsabilidades de sus jefes Wolk y Smart.

https://youtu.be/VKcCFBTilis