La Unidad Fiscal que interviene en los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata requirió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad que se dé inicio al debate en la causa por delitos en el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús. El 7 de septiembre era la fecha ratificada para iniciar el proceso, pero el viernes último el tribunal comunicó la suspensión a raíz de los problemas de salud de Miguel Ángel Ferreyro, uno de los cuatro acusados.

La presentación fue firmada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

La representación del MPF pidió además que el ex agente policial Ferreyro sea apartado del proceso mientras se evalúa -de forma urgente- si está en condiciones de afrontar un debate y que se rechace por improcedente y prematuro el pedido de sobreseimiento promovido por su defensor.

Por tal motivo, solicitaron que el juicio dé inicio respecto de los imputados Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Jaime Smart.

El juicio por los crímenes cometidos contra 62 víctimas en "El Infierno", tal la denominación de ese CCDyT, viene demorado. Los fiscales recordaron que hace más de tres años la causa fue elevada a juicio oral y que en octubre de 2019 se fijó la fecha de la audiencia preliminar que, a raíz de la pandemia de COVID-19, recién se celebró el 12 de agosto pasado.

Durante esa instancia, el tribunal ratificó que el lunes 7 de septiembre comenzaría el debate. Pero el viernes 28 de agosto -a raíz de que se recibieron informes del Cuerpo Médico Forense sobre el mal estado de salud de Ferreyro- el tribunal decidió la suspensión: "Teniendo en consideración la demora que razonablemente insumirá el abordaje y tratamiento de esta nueva circunstancia [es decir, la evaluación del estado del imputado], fundamentalmente en razón de la pandemia, suspéndase el inicio del debate hasta tanto se resuelva si el imputado Ferreyro puede estar o no en juicio", había dispuesto el TOCF. Dos días más tarde, y antes de cualquier resultado de los exámenes, la defensa solicitó el sobreseimiento.

En su presentación de hoy, la fiscalía insistió con el comienzo del debate. Al respecto, subrayó que "si bien es cierto que la expectativa, la preocupación y la angustia de las víctimas ocurren ante cualquier proceso penal, ello se ve sin dudas acrecentado en casos como los que aquí tratamos".

"No debemos olvidar, al respecto, que quienes padecieron delitos de la gravedad de los que en este proceso penal se abordan, esperan el comienzo del juicio desde hace más de 40 años", añadió.

Con citas de los instrumentos internacionales que establecen la obligación del Estado de investigar y sancionar este tipo de delitos y de brindar protección y adecuado trato a las víctimas, la representación del MPF sostuvo: "Quienes intervenimos en estos juicios sabemos que las situaciones vivenciadas tienen una continua presencia en las víctimas y el juicio oral se presenta, la mayoría de las veces, como una forma de comenzar a reparar lo irreparable".

Agregó que "el aplazamiento del inicio del debate y el mantenimiento de ese estado en el tiempo, es una circunstancia adicional que puede configurar un supuesto de victimización secundaria que se adicionaría al grado primario de victimización originado en los graves delitos padecidos".