En base al requerimiento presentado por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira –responsables de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado-, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso que se enjuicie al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, a los ex comisarios de la policía provincial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Bruno Trevisán y Rómulo Jorge Ferranti y al ex agente de esa fuerza, Miguel Ángel Ferreyro, por los crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención “El Infierno”.

Además, en su resolutorio, el magistrado rechazó la oposición a la elevación a juicio, interpuesta por la defensa de Trevisán, quien había planteado que la acción penal se encontraba extinguida por prescripción y amnistía.

Torturas y condiciones de detención inhumanas

La Brigada de Investigaciones de Lanús –que funcionaba en la calle 12 de octubre 234, en la localidad bonaerense de Avellaneda- alojó a sesenta y dos personas que estuvieron secuestradas durante la última dictadura cívico-militar. Allí, las víctimas eran interrogadas y torturadas, al tiempo que eran encarceladas en condiciones inhumanas.

En su requerimiento de elevación a juicio, los representantes del Ministerio Público Fiscal identificaron tres grupos particulares por su pertenencia: hay doce directivos y empleados del Hotel Liberty de la Ciudad de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- de la Comisión Interna de Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de las cuales dos fueron desaparecidos: Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo. El cuerpo de este último fue identificado en 1990 en una tumba NN del cementerio de Avellaneda y este caso es el único de homicidio agravado que se abordará en el juicio.

En su decisorio el juez Kreplak, consideró que Jaime Lamont Smart, en su calidad de Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “impartió órdenes verbales e ilegales para la realización de los hechos investigados en la presente causa, como así también, proporcionó a sus ejecutores directos los medios necesarios para cumplirlas, realizando de esta manera una cooperación necesaria sin la cual no habrían podido cometerse los mismos”.

De este modo, se le imputó al ex funcionario la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos que sufrieran sesenta víctimas, una de las cuales fue asesinada. Kreplak definió en el mismo sentido la situación del ex Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, a quien atribuyó los mismos hechos y tipo de responsabilidad.

En relación a Juan Miguel Wolk, quien ostentaba el cargo de director de Investigaciones “Zona Metropolitana” de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el juez le imputó 26 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y un homicidio.

Por su parte, al ex Jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Bruno Trevisán, el juez lo elevó a juicio como responsable de la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por 22 víctimas.

Igual imputación recayó sobre Rómulo Jorge Ferranti, ex segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, por los mismos delitos respecto de 20 víctimas.

Por último, el cabo Miguel Ángel Ferreyro deberá responder por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos de cuarenta personas.

División de roles

En su resolutorio, el juez Kreplak sostuvo que Smart, Etchecolatz, Trevisán y Ferranti “en virtud de la posición jerárquica que detentaban podían desde niveles distintos, impartir órdenes a sus subordinados ya sea por propia iniciativa o en interés de sus superiores”.

Agregó que “con respecto a la situación de Miguel Ángel Ferreyro se comprobó que el imputado ha intervenido de forma directa y personal en las maniobras delictivas analizadas (…) cumplía funciones de control sobre los detenidos, siendo uno de los encargados de las guardas de los detenidos ilegítimamente, alojados en la dependencia y fue reconocido por algunos de ellos en dicha práctica”.

Por ello, y en base a los testimonios y pruebas colectadas, y en consonancia con lo oportunamente requerido por los fiscales Molina, Schapiro y Nogueira, el titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata dispuso la clausura de la instrucción y la elevación a juicio respecto de Smart, Etchecolatz y Wolk como coautores del homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas de Luis Adolfo Jaramillo.

Al tiempo que deberán responder junto a Trevisán, Ferranti y Ferreyro como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes y de aplicación de tormentos, en perjuicio de las 62 víctimas -ese es el total de casos- que estuvieron alojadas ilegítimamente en la Brigada de Investigaciones de Lanús.