La Unidad Fiscal Federal de La Plata solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad la realización de una nueva audiencia preliminar de forma remota para reorganizar el juicio suspendido en las causas unificadas por los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield. En la presentación, la fiscalía sugirió la implementación de medidas alternativas, con entornos virtuales, para la celebración del debate en el marco de las medidas de distanciamiento social dispuestas para enfrentar la pandemia de Coronavirus, y le requirió al tribunal que solicite a los organismos de asistencia a víctimas y testigos -la mayoría de los cuales depende gobiernos municipales, provinciales y de la Nación- que informen si están trabajando sobre un plan de contingencia para readecuar sus actividades en este contexto.

El pedido, firmado por el fiscal general Hernán Schapiro, la fiscal federal Cecilia Incardona y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira, fue formulado luego de que el tribunal oral resolviera suspender la audiencia de inicio de este juicio, que estaba prevista para este martes 5 de mayo.

La Unidad Fiscal delimitó el problema en el diseño de un esquema de funcionamiento y propuso utilizar la plataforma Cisco Web, que "reúne las garantías de ciberseguridad necesarias para reproducir y albergar las copias de los datos en ella producidos" y que ha sido utilizada en diferentes juridicciones. El escrito también menciona las plataformas Zoom y Google Meet.

"Los principios rectores del juicio (oralidad, publicidad, inmediación y contradicción) pueden ser resguardados mediante esta modalidad, por cuanto las partes podrán expresarse verbalmente, el juicio puede ser visto por el público por medio del sistema que posee el Centro de Información Judicial, a través de la plataforma You Tube –y otras redes sociales-; y las y los jueces y partes tendrán contacto audio-visual con todos los testigos. Por cierto, este innovador mecanismo podría acortar los tiempos del proceso", indicaron los representantes del MPF.

En ese sentido, recordaron que este martes la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a "los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, conforme los protocolos vigentes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria".

Sin menoscabar deberes y garantías

En su escrito ingresado esta mañana al Sistema Lex 100, la Unidad Fiscal remarcó "la importancia que representa asegurar la continuidad de la administración de justicia en una causa de gran trascendencia como la presente" y consideró que es necesario "agotar todas las posibilidades que nos otorga la tecnología para enfrentar las contingencias que pongan en riesgo la concreción del debate oral y público".

"La existencia de esas tecnologías a disposición de los tribunales hace posible que la presencia de los magistrados, partes y testigos pueda efectuarse de manera virtual por medio de una interacción audiovisual, permitiendo la comunicación en tiempo real a distancia y la resolución de los asuntos jurisdiccionales con plenos efectos jurídicos, sin que se vean menoscabados los deberes que les impone la ley, ni la garantía del debido proceso legal", indicó la Unidad Fiscal.

Al respecto, los fiscales recordaron que el artículo 164 inciso "e" del Código Procesal Penal de la Nación prevé la toma de testimonios mediante videoconferencia cuando esté en riesgo la salud de la víctima o en el caso de que esta se encuentre en un lugar distante, y que esa norma se encuentra en línea con el compromiso internacional asumido por nuestro país en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en Condición de Vulnerabilidad.  La fiscalía citó, en ese sentido, la jurisprudencia sobre la recepción de esta modalidad en tribunales internacionales.

Los hechos que serán juzgados

El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. La investigación llega a juicio oral con 429 víctimas identificadas y 19 acusados.

La presentación de la Unidad Fiscal apunta a reactivar el inicio del juicio, dado que el tribunal resolvió este lunes suspender el debate hasta recibir informes de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura sobre "cuáles son los medios técnicos, de conectividad y de personal especializado que resultan mínimamente indispensables para la celebración virtual de las audiencias de debate, que se extenderán por el tiempo que resulte necesario para la realización de los siguientes actos procesales: lectura de las requisitorias de elevación a juicio, declaraciones de 20 imputados, declaraciones de alrededor 400 testigos (respecto de quienes se priorizará la deposición desde el propio domicilio cuando fuere posible, y con asistencia del personal de los organismos de acompañamiento a las víctimas) formulación de los respectivos alegatos y lectura de sentencia". El tribunal también pidió que se le informe cuánto tiempo demorará la provisión de esos medios técnicos y de personal especializado que permita llevar a cabo el proceso.