El juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, tomó declaración indagatoria y dejó detenido este mediodía al ex general del Ejército César Milani en el pabellón para imputados por crímenes de lesa humanidad de la Penitenciaria Provincial, por considerar que intervino en la privación ilegitima de la libertad y los tormentos aplicados a dos hombres y a una mujer durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como oficial del Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de esa provincia.

Durante la audiencia celebrada en el juzgado federal de la capital riojana, Milani declaró largamente y presentó un escrito de descargo, aunque por consejo de su abogado no aceptó preguntas de las partes. La fiscal federal Virginia Miguel Carmona y el fiscal general de Córdoba, Alberto Lozada, quienes venían insistiendo con el pedido para que Piedrabuena indagara al imputado, participaron de la audiencia. En marzo de 2015, Lozada dictaminó que no había impedimentos para indagarlo y recordó que desde 2013 figuraba en la causa un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que "resulta ilustrativo de la existencia de suficiente prueba testimonial directa y documental que correctamente valorada sirve como fundamento suficiente de la imputación por la que deberían responder las personas señaladas como partícipes en los delitos denunciados". El 7 de diciembre pasado la fiscal Miguel Carmona reiteró la solicitud, que tenía como antecedentes otros pedidos similares de julio de 2015 y de febrero de 2016 del fiscal ad hoc Luis Martínez.

Durante la declaración indagatoria estuvieron presentes la fiscal federal Virginia Miguel Carmona y el fiscal general de Córdoba, Alberto Lozada.

Milani se enteró que quedaba detenido una vez que le leyeron los elementos probatorios que lo involucran en los hechos. El ex general, que llegó a ser jefe del Ejército, se encuentra imputado por su presunta participación en los secuestros y las torturas de Ramón Alfredo Olivera y de su padre, Pedro Adán Olivera, en marzo de 1977 en la capital riojana, y por el secuestro y las torturas de Verónica Ligia Matta, una mujer que logró reconocerlo cuando la detenían ilegalmente en una noche de julio de 1976 y durante la tortura propinada a uno de sus compañeros de detención, gracias a que pudo observar por debajo de la venda con la que le habían cubierto los ojos. La víctima lo identificó muchos años después, cuando el nombre de Milani se hizo público, y se acercó a denunciarlo en 2014 en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Pedro Olivera fue secuestrado en su casa el 12 de marzo de 1977 y liberado dos días después. Durante el cautiverio en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS), sede de un centro clandestino de detención, fue torturado y presionado para que renunciara o se jubilara de su trabajo en la Municipalidad. En medio de esa situación, sufrió un accidente cerebro vascular con hemiplejia que le paralizó el sector derecho de su cuerpo. Luego fue abandonado por los represores en la vereda de su domicilio.

El 14 de marzo, horas antes de la liberación de Pedro, Ramón fue secuestrado de la Oficina de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de La Rioja, donde trabajaba, por dos suboficiales del Ejército. Los militares lo llevaron a un auto de la policía, donde lo esperaban los también imputados en esta causa, Américo Castro y un sargento de apellido Santacroche, tras lo cual fue conducido al IRS. Allí pudo escuchar cómo planeaban su fusilamiento y luego padeció interrogatorios y diferentes tipos de torturas en un lugar denominado "Luna Park". Al día siguiente, en el IRS lo revisó el médico del Ejército Léonidas Carlos Moliné, imputado también en este expediente, quien pese a los evidentes signos de tortura le dio un calmante. La víctima conocía al médico, porque el día del secuestro de su padre había ido a ver al profesional castrense para que se ocupara de su salud.

Según declaró Olivera, las torturas siguieron en los días siguientes hasta que el 24 de marzo lo trasladaron al Juzgado Federal, a cargo de Roberto Catalán, otro de los imputados. Fue en ese trayecto en un auto policial donde reconoció a Milani, pues ya lo había visto en su casa cuando se llevaron a su padre. Milani, por entonces subteniente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141, fue quien lo condujo hasta la sala donde declaró ante un secretario. Olivera sostuvo en sus testimonios -que datan de 1984- que durante toda su declaración Milani permaneció junto a él, que lo increpó reiteradamente, lo acusó de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), e incluso le dijo que le había cortado su "carrera de guerrillero". La víctima dijo que supo y recuerda el nombre de Milani porque escuchó una conversación entre aquél y el secretario de Catalán sobre la ascendencia del apellido.