La Unidad especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante la época del terrorismo de Estado logró acortar el plazo para la obtención de muestras para el cotejo del ADN de casi dos años a menos de seis meses, según se desprende del primer informe de gestión del organismo, que mañana cumplirá un año desde su creación.

El informe evalúa los principales problemas en torno a la investigación de las apropiaciones de hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado y los avances logrados en los últimos doce meses para agilizar los procesos, al tiempo que traza, entre otros objetivos, la necesidad de avanzar en investigaciones que permitan abordar de forma genérica -y no puntual- aquél fenómeno criminal.

De acuerdo con un diagnóstico producido por Abuelas de Plaza de Mayo y presentado a la procuradora general Alejandra Gils Carbó antes de la creación de la Unidad, los juzgados de instrucción demoraban 21,2 meses en promedio en ordenar la toma de la muestra de ADN a presuntas víctimas, desde el momento en que se presentaba la denuncia. Durante ese lapso, los jueces recababan las pruebas que les permitieran fundar el estado de sospecha para la orden del análisis genético.

Pero ese período logró acortarse gracias a la intervención de la Unidad en una instancia previa a la denuncia judicial, en el marco de investigaciones preliminares. En los casos en los que ha intervenido, la Unidad logró reunir todos esos elementos en un promedio de cinco meses y tres semanas, para que luego se formalice la presentación a los juzgados instructores, con el pedido para que el juez ordene la obtención de la muestra genética.

La Unidad, creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó el 23 de octubre de 2012 mediante la resolución PGN 435/2012, señala en su informe que esa notable reducción se debe a la aplicación del Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, que tiene carácter de instrucción general para los fiscales a través de la resolución de la PGN 398/12, del 19 de octubre de 2012.

La cifra expuesta por la Unidad para obtener las pruebas que permitan fundar un pedido de muestras para análisis de ADN surge del promedio de las doce denuncias presentadas por ese organismo en distintas sedes judiciales a lo largo de su primer año de funcionamiento. La demora, resalta el informe de gestión, fue reducida "aproximadamente a una cuarta parte del tiempo estimado por Abuelas de Plaza de Mayo en su Informe".

Durante este primer año la Unidad abrió 51 investigaciones preliminares, un mecanismo previsto en la ley orgánica del Ministerio Público que permite a las fiscalías reunir elementos para constatar si efectivamente se cometió un delito y luego, al confirmar la hipótesis, presentar la correspondiente denuncia penal. De esas 51 investigaciones, la Unidad judicializó doce hasta ahora.

Las investigaciones preliminares se iniciaron de la siguiente manera: veintiuna ingresaron a través del Fondo de Recompensas del Ministerio de Justicia de la Nación; quince fueron iniciadas por información remitida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; ocho por información aportada por particulares; cinco por presentaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), una iniciada como derivación de otra investigación y la restante derivada por una fiscalía de juicio.

Si bien la Unidad no descarta que en algunos casos existe reticencia de los funcionarios judiciales a investigar este tipo de hechos, sostiene en el informe que "las demoras en ciertas ocasiones también obedecen a una falta de conocimiento por parte de muchos de los operadores judiciales sobre dónde y cómo buscar la información".

Los problemas, los objetivos y los resultados

La reducción del tiempo de las investigaciones es uno de los tres objetivos prioritarios establecidos por la Unidad de casos de apropiación, actualmente a cargo de Pablo Parenti pero que en su primer año de funcionamiento tuvo también como coordinador al fiscal Martín Niklison.

Otro de los objetivos es la consolidación de las reglas establecidas por el Protocolo para implementar la medida de toma de muestras biológicas. "Si bien el Protocolo es obligatorio sólo para fiscales, se convirtió en una herramienta valiosa también para jueces y funcionarios judiciales, dado que encuentran en él pautas concretas en las que apoyarse para realizar una medida que no es de fácil implementación", refiere el informe.

En efecto, las estadísticas demuestran que desde la puesta en funciones del Protocolo se aceleró el proceso de toma de muestras. "Durante el año 2012 se obtuvieron un total de 19 muestras biológicas, de las cuales 8 se efectuaron durante los primeros 10 meses del año (enero-octubre), y las otras 11 durante los dos meses finales (noviembre-diciembre), justamente los primeros de vigencia del Protocolo", refiere la Unidad en su informe.

En ese sentido, destaca que "se obtuvieron en sólo dos meses más muestras que en los diez meses anteriores. Esto demuestra que el Protocolo ha tenido una incidencia sumamente relevante en la decisión de ordenar la toma de muestras biológicas para efectuar el cotejo de ADN".

"El año 2013 presenta un panorama aún más alentador: en lo que va del año se obtuvieron 24 muestras biológicas, y se encuentran con fechas fijadas de obtención otras 2 más", indica el informe, que resalta que "desde la adopción del Protocolo de actuación, se obtuvieron en total, hasta la actualidad, 35 muestras biológicas a los fines del cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

"El Protocolo vino consolidándose como instrumento regulador de la medida. En este sentido, los fiscales vienen interviniendo en las audiencias donde se cita a la presunta víctima tal como indica el Protocolo, y casi la totalidad de los juzgados intervinientes aplicaron sus pautas", resalta el informe.

La Unidad pondera que, en este marco, aquél instrumento ha ayudado para la convocatoria a los procesos judiciales de agencias estatales especializadas en la intervención en este tipo de casos, como el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) del Ministerio de Seguridad de la Nación, que "posee personal capacitado especialmente para este tipo de actos, cuando involucran requisas personales, allanamientos y tareas previas para dar con la persona en cuestión".

Desde la sanción del Protocolo el GEAJ "intervino en 18 procedimientos de obtención de muestras y en todos ellos se obtuvo el material biológico necesario y apto para el posterior cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos".

El restante objetivo planteado por la Unidad es el abordaje del fenómeno de la criminalidad de la apropiación de hijos e hijos de personas desaparecidas desde una perspectiva superadora al "caso a caso" con el que se ha trabajado históricamente. "Surge la necesidad de encarar investigaciones que, teniendo en cuenta las características del fenómeno criminal, inviertan la metodología y vayan de lo general a lo particular", proyecta la Unidad en su informe. Sucede que hasta ahora la gran mayoría de los casos que se investigan surgen de sospechas en torno a víctimas puntuales.

En ese sentido, la Unidad diagnostica y traza el perfil de la tarea a realizar: "Se requiere un trabajo profesional e interdisciplinario que se realice de forma planificada, metódica y sistemática, con criterios propios de la investigación científica, a fin de construir e interpretar patrones comunes, lógicas burocráticas y la detección de posibles acervos documentales que puedan ofrecer información útil para la investigación".

No obstante el objetivo, la Unidad pone de relieve que actualmente se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones algunas investigaciones que tienen aquellos alcances y en las que se encuentra interviniendo.

Entre ellas, cita la hipótesis de trabajo sobre 493 casos que conforman el registro de asiento de partos del Hospital Militar de Campo de Mayo, la investigación sobre procesos de adopción en los que hubiera intervenido el Movimiento Familiar Cristiano (MFC) y el caso de un hogar de menores por el que la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora solicitó recientemente la indagatoria de varios imputados, entre los que se encuentran funcionarios judiciales, profesionales de la salud y personal responsable de aquella institución.