La reducción de los plazos para la obtención de las muestras para someter a análisis genético, con un promedio menor a cuatro meses, y la quintuplicación de las investigaciones preliminares, herramientas de los fiscales para recabar elementos que permitan la apertura de pesquisas judiciales sólidas, son dos de los principales puntos del balance de la gestión anual de la Unidad Especializada en casos de Apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.

El informe 2014 también muestra "un marcado crecimiento de denuncias en sede judicial con pedidos de obtención de muestra de ADN" en un total de 85 casos. Durante 2014, en todo el país "se realizaron 26 obtenciones de muestras de ADN", mientras "existen otras 33 causas judiciales que se encuentran con tareas de investigación tendientes a determinar domicilios y rutinas de las personas involucradas, previas y necesarias a la realización de la audiencia de obtención de muestras de ADN", resalta.

La mayor cantidad de casos corresponde a las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, zona en la que se destaca el circuito judicial de Lomas de Zamora.

En este contexto, la Unidad destacó como "un gran avance" la obtención vía consular de muestras biológicas para someter a análisis genético de presuntas víctimas que residen en el exterior. Esa tarea fue articulada junto a las fiscalías y juzgados intervinientes, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Área de Cooperación Internacional de la Procuración General de la Nación, como ocurrió en el caso de la nieta recuperada Ana Libertad Baratti de la Cuadra y en otro en el que "si bien no se trató de la restitución de la identidad de una persona hija de desaparecidos, se logró reconstruir su historia, se estableció su verdadera identidad y se concretó el encuentro con su madre biológica", indica el documento.

Todas estas tareas se desarrollan en un escenario nacional que tiene actualmente a 66 personas procesadas y a 84 condenadas por delitos vinculados con la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. En 2014, se registraron 17 causas en etapa de juicio o a punto de llegar a ella.

La Unidad Especializada está a cargo del fiscal general Pablo Parenti. El organismo fue creado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, el 23 de octubre de 2012 "con el fin de optimizar el trabajo del Ministerio Público Fiscal en investigaciones que, si bien tienen características comunes con el resto de las causas por delitos de lesa humanidad, presentan particularidades que justifican una atención diferenciada".

Desde entonces, está abocada al estudio de diferentes alternativas para el abordaje de la investigación del fenómeno criminal de la sustracción, la retención y el ocultamiento de niños y niñas durante la época del terrorismo de Estado. En ese sentido, la preocupación ha estado centrada en realizar un diagnóstico sobre los problemas y en la búsqueda de respuestas, que incluyen la elaboración de métodos de investigación diferentes, la creación de un software en base a las necesidades y particularidades de estos casos, la localización de información estatal y no gubernamental y la conformación de un acervo para su procesamiento.

"Todas las metas y acciones específicas planteadas se construyen desde una perspectiva federal, contemplando la problemática de la apropiación en todo el territorio nacional con sus particularidades locales, a través de la articulación con las fiscalías federales y otros organismos, priorizando aquellas regiones que cuentan con una mayor cantidad de casos de apropiación no resueltos y posiblemente menos alcanzadas históricamente por las investigaciones realizadas hasta el momento", precisa el informe elaborado por la Unidad.

Una nueva forma de abordaje

Para la concreción de los objetivos, la Unidad Especializada cuenta con tres áreas: una dedicada a la tramitación de investigaciones preliminares, otra al seguimiento de las causas penales en trámite y a la colaboración con las fiscalías y, la restante, a la tarea de "planificar y poner en práctica una metodología de investigación, complementaria a la de los casos particulares que se denuncien, que parta de hipótesis de trabajo más generales y que tenga en cuenta las características del fenómeno criminal con el fin de llegar a casos individuales que no han sido denunciados y de facilitar el esclarecimiento de los denunciados".

Una de las novedades en materia de investigación criminal que se dieron a lo largo del último año es la conformación -en base al análisis de diferentes archivos- de investigaciones preliminares genéricas (IPG), llamadas así porque no versan sobre un caso puntual. "Contemplando las variables temporales y territoriales surgidas del análisis de los casos abiertos, como de los procedimientos fraudulentos y sus artífices en la sistematización de los casos resueltos, se realizó un amplio trabajo exploratorio", indica la Unidad en su informe. Con esos parámetros, se sometieron a análisis las partidas de nacimiento labradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1977 y 1978 con el objeto de indagar acerca de los partos domiciliarios en cuatro circunscripciones del distrito y la actuación de médicos que han firmado en otros casos partidas de nacimientos falsas.

Estas IPG han permitido la localización de casos puntuales, a partir de los cuales se procedió a la apertura de investigaciones preliminares en las que se están recabando elementos de prueba para el inicio de una investigación judicial. La investigación preliminar es un mecanismo previsto en la ley orgánica del Ministerio Público que permite a las fiscalías reunir elementos para constatar si efectivamente se cometió un delito y luego, al confirmar la hipótesis, presentar la correspondiente denuncia penal.

Los números y los plazos

"Si durante el primer año de trabajo de la Unidad se iniciaron 51 investigaciones preliminares, en este segundo año de trabajo, se abrieron 241 investigaciones preliminares, cifra que da cuenta de un crecimiento exponencial. Hay que agregar que 34 investigaciones iniciadas en el primer año continuaron su tramitación en este segundo año de trabajo, con lo cual el número de IP que tramitaron durante este último año asciende a 275", destaca el documento.

El origen de las investigaciones es variado. La mayor parte (161) se inició por presentaciones del Fondo de Recompensas del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para aquellas personas que aporten datos novedosos que posibiliten la restitución de la identidad a una víctima. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo durante el este período realizó treinta presentaciones de casos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) formuló ocho presentaciones, una de las cuales derivó en la restitución de la identidad de Ana Libertad Baratti de la Cuadra..

Además, 13 casos se iniciaron por denuncias de particulares, cuatro por derivaciones de fiscalías y 17 "en virtud de la labor del equipo de investigación de esta Unidad, cuestión altamente novedosa y trascendental, dado que es la propia Unidad la que detecta posibles casos de niños apropiados a partir del relevamiento documental". Otros ocho casos se originaron en denuncias de organizaciones de Derechos Humanos y de reparticiones del Estado vinculadas con la materia.

Además de las 85 pesquisas preliminares que derivaron en el pedido del análisis genético, prueba considerada "crucial" para el esclarecimiento de los casos, en otros cinco expedientes se formuló denuncia sin pedido expreso de ese peritaje, para que esa cuestión se decida luego de otras medidas de prueba, ya en sede judicial. Todas estas presentaciones "contienen una descripción del caso y la sugerencia de medidas de prueba útiles", de acuerdo con el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, una instrucción general para los fiscales dictada a través de la resolución PGN 398/12, del 19 de octubre de 2012.

En tanto, otras 24 investigaciones arrojaron que los casos allí investigados se encontraban "fuera de rango", es decir, del período del terrorismo de Estado, o que en ellas el ADN había dado resultado negativo en otra instancia, y otras 21 fueron archivadas sin formular denuncia penal porque no se comprobó la existencia del delito.

El tiempo transcurrido desde la presentación judicial de los casos que tramitaron como investigación preliminar en la Unidad Especializada hasta la obtención efectiva de la muestra de ADN tuvo "una marcada y constante disminución", de los seis meses a los que había sido bajado en promedio el año pasado a 3,8 meses durante los últimos doce meses.

El relevamiento de archivos y la necesidad de una ley

En su informe, la Unidad Especializada señala que una de sus líneas de trabajo es "la preservación de archivos documentales en un sentido amplio, donde puedan rastrearse no sólo las huellas de inscripciones falsas de distinta naturaleza, sino también todo un complejo universo documental que pueda contener información susceptible de ser analizada, sistematizada y articulada para la elaboración de hipótesis de trabajos y la apertura de nuevos horizontes de búsqueda". El objetivo -sostiene- es "el desarrollo de un Archivo/Biblioteca de consulta y preservación de documentación que contemple la mayor cantidad de información que se pueda recabar y que hoy está dispersa y desarticulada en decenas de instituciones y agencias en diferentes zonas del país".

En ese sentido, la Unidad ha obtenido copia de la totalidad de las actas de nacimiento del período estudiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos.

También, cuenta parcialmente con los Formularios 1 de la ciudad de La Plata y tiene como "objetivo prioritario" la obtención del archivo completo de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que se registraron en esa jurisdicción.

Por otro lado, se han recopilado los libros de partos de diferentes hospitales y centros sanitarios de la zona metropolitana, al tiempo que se avanza en la obtención de otros acervos similares y en la digitalización de las constancias de adopción de diferentes tribunales de menores.

La experiencia en esta búsqueda llevó a la Unidad a advertir en su informe
"la gran dispersión y el dispar estado de conservación y muchas veces la destrucción de la documentación útil para el estudio del fenómeno de apropiación de niños", por lo cual propone "la sanción de una ley nacional que obligue a entes públicos y privados a la conservación de actas y certificados de nacimiento, libros de hospitales, expedientes de guarda y adopción, libros de parto, historias clínicas y demás documentación pertinente del período 1975 a 1983".