El fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, Martín Niklison, y las fiscales ad hoc Clarisa Miranda y María Saavedra requirieron este mediodía la condena para tres ex jerarcas de la Fuerza Aérea, otros dos ex cabos de ese arma y tres ex policías bonaerenses en el juicio por crímenes en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, en el ámbito de la Subzona militar 16, que incluye, entre otros, el centro clandestino Mansión Seré. También, solicitaron que todos cumplan la pena en la cárcel, para lo cual deben revocarse las prisiones domiciliarias y excarcelaciones de las que gozan cuatro de los acusados.
En rigor, el y las representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron prisión perpetua para el ex brigadier Miguel Ángel Osses; 25 años de prisión para los ex brigadieres Hipólito Rafael Marini y César Comes, para los ex cabos de la Fuerza Aérea Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis, y para los ex policías bonaerenses Néstor Rubén Oubiña y Héctor Oscar Seisdedos; mientras que para el ex policía Felipe Ramón Sosa el pedido de pena ascendió a 19 años de prisión.
"Un imputado, condenado en las causas que aquí se juzgan a penas tan altas de prisión, no puede seguir en libertad. Nadie que presencie tal acto puede creer que esté ante un acto de justicia", señalaron los representantes de la Fiscalía, quienes requirieron las detenciones para Mariani, Comes y Ouviña y la revocación de la prisión domiciliaria concedida a Osses.
"No hay ninguna razón para optar por cualquiera de las formas de atenuación de la prisión, ni, menos aún, por ese eufemismo de la impunidad llamado prisión domiciliaria, que ni siquiera es controlada permanentemente por fuerza alguna; prisión domiciliaria que en muchos casos fue burlada a gusto y placer por los presuntamente detenidos, y que, cuando fue descubierta la transgresión, no fue un estado diligente el que la descubrió sino la prensa, las víctimas u otros ciudadanos indignados ante esa comprobación", señaló Niklison. "Pedimos que el Tribunal se pronuncie al respecto en el veredicto, sin diferimientos ni dilaciones innecesarias. Las víctimas, todos, ya hemos esperado demasiado", completó.
La jornada de hoy fue la cuarta y última de exposición del alegato del Ministerio Público -comenzó el lunes de la semana pasada- ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, integrado por Marcelo Díaz Cabral, Alfredo J. Ruiz Paz y María Claudia Morgese Martín.
Los imputados llegaron a juicio acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y homicidios en perjuicio de 95 víctimas. Pero el 18 de marzo pasado, el TOCF 5 hizo lugar al pedido del fiscal Niklison y amplió la acusación por doce hechos de violaciones y uno de abuso sexual respecto de los tres brigadieres, considerados coautores mediatos, y de Seisdedos, por su presunta participación necesaria en uno de aquellos hechos.
El circuito represivo juzgado en este debate estuvo integrado por el centro clandestino Mansión Seré, que funcionó en una casa en Morón; la I Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, y las comisarías 1ª de Morón, 2ª de Haedo y 3ª de Castelar. Todos estaban insertos en la Subzona 16 del Cuerpo I del Ejército, bajo dominio de la Fuerza Aérea en el reparto territorial del poder.
Nombres y horrores
Niklison, Saavedra y Miranda acusaron a Ossés en su condición de comandante de Operaciones Aéreas y titular del Comando de Agrupaciones de Marco Interno, como coautor mediato de dos homicidios agravados, once violaciones, 45 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y otras cincuenta triplemente agravadas, y 95 casos de aplicación de tormentos agravados.
El y las fiscales consideraron a Mariani coautor mediato, en su condición de jefe de la I Brigada Aérea de El Palomar y, por lo tanto, titular de la subzona militar 1.6 y jefe de la Fuerza de Tareas 100, de seis violaciones, un hecho de abuso deshonesto, 33 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y otras 27 triplemente agravadas y 60 casos de tormentos doblemente agravados.
A Comes, en tanto, la Fiscalía lo consideró coautor mediato, en su carácter de jefe del Área Militar 160, de siete casos de violación, uno de abuso deshonesto, 41 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y otras 25 triplemente agravadas y 64 casos de tormentos doblemente agravados.
Ouviña, como jefe máximo de la comisaría 2ª de Morón, fue considerado por los representantes del Ministerio Público como coautor directo de siete privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y otras tres triplemente agravadas y un caso de tormento doblemente agravado.
Scali, cabo 1° de la Fuerza Aérea e integrante de los grupos de tareas de esa fuerza, fue acusado como coautor directo de 25 privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas y otros 22 casos triplemente agravados, y 47 hechos de tormentos doblemente agravados.
En tanto, Barberis, que también prestó funciones como cabo 1° de la Fuerza Aérea e integró grupos de tarea, fue considerado coautor directo de nueve privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y de la misma cantidad de casos de tormentos doblemente agravados.
El entonces cabo de la policía bonaerense Héctor Seisdedos fue acusado como coautor directo de 17 privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas y de otras diez triplemente agravadas, y 24 casos de tormentos doblemente agravados. También fue considerado partícipe necesario de dos casos de violación.
Finalmente, el agente de la Policía bonaerense, Felipe Sosa, fue acusado como coautor directo de once privaciones ilegítimas de la libertad doblemente agravadas y otras diez triplemente agravadas y 19 casos de tormentos doblemente agravados.