El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dio inicio hoy al juicio oral a 26 exmilitares, expolicias y civiles por crímenes de lesa humanidad perpetrados en perjuicio de 109 víctimas, bajo la denominada Subzona militar 12 durante la última dictadura militar. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales federales Santiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, y María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, como auxiliares fiscales.

La audiencia fue llevada adelante mediante una modalidad dual que combina la asistencia presencial y la participación por medios virtuales, y fue transmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación y proyectada en Tandil en el recinto de la Universidad Nacional del Centro. Durante casi siete horas y con breves intervalos para ventilar la sala, el tribunal integrado por los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas escuchó la lectura -realizada por los integrantes del MPF- de los requerimientos de elevación a juicio de las tres causas unificadas que abarcan los hechos que son objeto de debate. El juicio se reanudará el 11 de marzo a las 9.00.

De acuerdo con las acusaciones, los implicados deberán responder por su responsabilidad como coautores o particípes necesarios en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometido mediante violencia física y amenazas, tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, homicidios calificados por haber sido cometido con alevosía y violación de domicilio, según cada caso.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio, los acusados son exmiembros del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Bonaerense (además de dos civiles señalados) que tuvieron intervención en el circuito represivo que funcionó en la Subzona 12, según la zonificación militar desplegada por la dictadura para desplegar el plan criminal. En esta marco, la Subzona 12 se encontraba internamente fragmentada en las Áreas 121, 122, 123, 124 y 125, bajo la dependencia del Comando de la Primera Brigada de Caballería Blindada con asiento en Tandil.

El centro clandestino de detención La Huerta, que da nombre al expediente, se encontraba localizado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada.

La lista de acusados se encuentra conformada por el exjefe de Inteligencia del Área 123, Raul Alfredo Arguello de la Vega; el exoficial de Logística del Área 123, Horacio Ricardo Barriola; el exteniente primero de Sanidad, Luis Ernesto Benítez; el exjefe de Personal del Área 121, Héctor Eduardo Bernadou; el exjefe de Plana Mayor del Área 124, Jorge Roberto Casares; el exauxiliar de Inteligencia del Área 123, Raul Alberto Conti; el exjefe de Personal del Área 123, Juan Manuel Durante; el exjefe del Área 124, Héctor Alberto González Cremer; el exjefe de Logística del Área 124, Osvaldo Miguel Guarnaccia, el exjefe de Inteligencia del Área 123, Martín Carlos Luzuriaga; el exjefe de la Sección Inteligencia de la Base Aérea Militar de Tandil, Héctor Martínez Salgado; el exoficial de Logística del Área 121, Osvaldo Héctor Repetto; el exjefe de Personal del Área 123, Eduardo Augusto Samyn; el exjefe de Operaciones del Área 124, Fráncico Oscar Sarmiento; el exjefe de Operaciones de la Base Aérea Militar de Tandil, Román Valdecantos; y el exauxiliar II de la División Inteligencia del Comando de la 1ª Brigada de Caballería Blindada de Tandil, Mario Edgardo Viviani. En relación con el personal policial, se encuentran acusados el excomisario de Azul, Argentino Alberto Balquinta; el exagente de la Policía Federal Argentina, Roberto Mario Gómez; el exagente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Alberto Mangudo; y los exoficiales de la Comisaría 1° de Tandil, Joaquin Alberto Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Raul Omar Carlucho y Néstor Omar Vapore. También integran la nómina de acusados el ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, Juan Manuel Miller, y los civiles, hermanos, Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez.

Víctimas y centros clandestinos de detención

Las víctimas de estos expedientes unificados conocidos como “La Huerta y sus acumuladas” -por el nombre del centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en las afueras de Tandil-, fueron en gran parte militantes estudiantiles, sociales y sindicales perseguidos y secuestrados en las ciudades del Tandil, Azul, Saladillo y alrededores. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran trasladadas a múltiples CCD en los cuales sufrieron tormentos. El listado de CCD que forman parte del juicio incluye a La Huerta, la ex estación del Ferrocarril Provincial de Azul, la comisaría de Saladillo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Comisaría 1ª de Azul de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Monte Peloni, la Chacra de los Méndez, el Instituto Superior de Educación Rural (ISER) y las Comisarías Primera y Segunda de Tandil.

En relación al CCD La Huerta -cuyo nombre lleva el expediente- se encontraba localizado en la intersección de la Ruta Nacional 226 y camino a la Base Aérea Militar Tandil a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada. Con anterioridad a 1955 había sido utilizado como huerta de la Guarnición, y luego fue destinado a campo de instrucción de las unidades locales. Al constituirse la Brigada Blindada se arrendó anualmente a particulares para su explotación como campo de pastoreo, sin perjuicio de su utilización para actividades de instrucción. Este CCD se encontraba bajo el mando directo de la Jefatura del Área 121 en cabeza del Batallón Logístico I de Tandil.

Según pudo acreditar la investigación, en este circuito represivo las víctimas eran casi siempre enviadas primero a las Comisarías 1° o 2° de Tandil y luego trasladadas al CCD La Huerta. Allí eran alojadas en habitaciones, esposadas y tabicadas. En algunos casos, las manos y los pies se encontraban atadas al piso a través de una especie de cadena. Las sesiones de tortura se instrumentaban en un galpón alejado unos veinte o treinta pasos de la construcción principal. Las personas eran desnudadas y atadas de pies y manos, eran mojadas y se les aplicaba corriente eléctrica en los genitales, en la boca, en las axilas y en el resto del cuerpo. Simultáneamente eran interrogadas y golpeadas.