El fiscal general Alejandro Alagia y la auxiliar fiscal Berenice Timpanaro solicitaron ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la imposición de penas de 20 años de prisión para el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Juan Etchebarne, y de 12 años de prisión para el ex agente civil de Inteligencia del Ejército Argentino, Raúl Antonio Guglielminetti, por sus responsabilidades en las privaciones ilegales de la libertad y tormentos que sufrieron 26 víctimas durante la persecución al grupo empresarial "Chavanne-Grassi”, bajo la última dictadura cívico militar.

En la segunda jornada de alegato, que comenzó a las 9.30 y que se realizó de forma semipresencial, la fiscalía finalizó su exposición con el pedido de penas hacia los acusados. Alagia señaló que “los crímenes probados fueron parte de un plan sistemático y masivo de ataque contra la población civil, con la particularidad en este caso, de que los perseguidos pertenecían a la subversión económica, según la perspectiva de los perpetradores”.

El tribunal, integrado por Daniel Horacio Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Federico Grünberg, juzga los hechos que tuvieron como víctimas a empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne y Grassi. Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, denominada “cárcel de encausados de Campo de Mayo”, en la provincia de Buenos Aires, en el periodo que va del 13 de septiembre de 1978 hasta el 22 de diciembre de ese año, fecha en la cual fueron “legalizadas”, es decir puestas por decreto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Petitorio

Alrededor de las 11.30 de la mañana, el fiscal cerró su exposición con el pedido de penas. Con respecto al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Etchebarne, la fiscalía solicitó la condena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por resultar coautor de 22 casos de privación de la libertad coactiva y por 22 casos de tormentos agravados.

Para el ex agente civil de Inteligencia del Ejército, Raúl Antonio Guglielminetti, el fiscal general solicitó la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, por considerarlo coautor de nueve casos de privación ilegal de la libertad coactiva y nueve casos de tormentos agravados.

Alagia señaló que el ex titular de CNV “contribuyó a los secuestros por haber autorizado la participación de peritos de la CNV para colaborar con el grupo de secuestradores en la elaboración de los interrogatorios de las personas en cautiverio”.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal pidió la nulidad del sobreseimiento por prescripción dictado el 26 de abril de 1994 por el juez Carlos Liporace con respecto a Etchebarne.

Además, en caso de condena, Alagia solicito que se extraigan testimonios para una investigación a fin de establecer la responsabilidad que tuvieron en estos hechos Christian Zimmermann -entonces vicepresidente del Banco Central-, René Garris – exgerente de legales de la CNV-, y Roberto Carlos Solá, entonces fiscal de la fiscalía nacional de investigaciones administrativas.

De igual forma, el representante del MPF pidió, en caso de recaer condena, que se extraigan los testimonios relativos a los casos que damnificaron a la familia Grassi para que se investigue la confiscación de bienes denunciados en este debate.

Alegato

Durante su exposición que había iniciado el martes 8 de marzo y culminó ayer, el fiscal Alagia señaló que Etchebarne tuvo una intervención como presidente de la CNV de modo necesario en los secuestros y torturas ejecutados por un grupo de tareas que se encontraba a las órdenes del entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.

“Etchebarne intervino en interrogatorios a prisioneros secuestrados. Fue visto o escuchado con certeza por al menos cinco víctimas”, señaló Alagia. “También fue reconocida su presencia en el campo de concentración por autoridades del Primer Cuerpo del Ejército y por funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, que intervinieron en los interrogatorios en el lugar de los hechos”.  En este caso también estuvo imputado el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, acusado de haber actuado como jefe del grupo de tareas, pero fue declarada extinta la acción penal tras su fallecimiento.

La fiscalía expuso videos con testimonios de víctimas que identificaron a Echebarne en interrogatorios con torturas. También fueron exhibidos registros audiovisuales de una inspección ocular realizada por las víctimas en los cuales se reconoció las estructuras del CCD.

El supuesto objetivo de la dictadura en la persecución del grupo económico fue intervenir en la compra del Banco de Hulingham para “recuperar” el dinero que la organización Montoneros habría obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born.

El representante del MPF sostuvo que el ex titular de CNV “contribuyó a los secuestros por haber autorizado la participación de peritos de la CNV para colaborar con el grupo de secuestradores en la elaboración de los interrogatorios de las personas en cautiverio”. Por otro lado, el fiscal sostuvo que Guglielminetti como agente civil de inteligencia del Batallón 601 tuvo participación directa sobre nueve secuestros. Enfatizó que “su participación fue reconocida por las víctimas o los familiares que presenciaron los hechos”.

En este marco, la auxiliar fiscal Timpanaro sostuvo que a las víctimas “se les impusieron condiciones inhumanas de vida y alojamiento” en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo. “Los interrogatorios permanentes estuvieron rodeados de condiciones inhumanas de vida que constituyen tormentos. Torturas, golpes, gritos, llantos, simulacros de ejecución, incomunicación, aislamiento extremo, prisioneros encapuchados, esposados en celdas sin luz, trabajo forzado, alimentación casi inexistente, pérdida de peso, extremos maltratos físico y psicológicos, falta de higiene, entre cosas”, desarrolló la auxiliar fiscal.

Asimismo, la auxiliar fiscal detalló que una de las víctimas relató cómo logró supuestas mejoras en sus condiciones de detención (la dejaban bañarse y le quitaban las vendas), a cambio de trabajo forzado. “Tenía que cocinar, limpiar, ordenar documentación, acondicionar colchones. Incluso encontró cartas de otras mujeres detenidas. Vemos así el funcionamiento patriarcal del circuito concentracionario”, describió.

La trama de persecución a grupo empresarial “Chavanne-Grassi”

Según dio por acreditado la fiscalía los hechos ocurrieron en el marco de la conformación de un grupo de tareas entre integrantes de las Fuerzas Armadas y la CNV para perseguir a personas vinculadas al grupo empresarial “Chavanne-Grassi”.

El inicio del accionar delictual comenzó con una investigación realizada por la propia CNV que derivó en una denuncia penal, que recayó en el Juzgado Federal N°2 y fue inmediatamente remitida al Cuerpo Primero del Ejército, con los fines de intervenir sobre la compra del Banco de Hurlingham por parte de Juan Chavanne, una de las víctimas. El supuesto objetivo de este accionar era “recuperar” el dinero que la organización Montoneros habría obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma "Bunge & Born".

En este marco, Chavanne fue privado ilegalmente de su libertad el 14 de septiembre de 1978, luego de ser secuestrado en el microcentro porteño por un grupo de efectivos del Primer Cuerpo del Ejército Argentino, armados y vestidos de civil. Posteriormente fue trasladado a la sede del Comando del Primer Cuerpo del Ejército en la ciudad de Buenos Aires y posteriormente a la cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde sufrió tormentos. Esta misma mecánica se repetió con distintas variantes sobre las otras víctimas.