24 de septiembre de 2021
24 de septiembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene la fiscal federal Ángeles Ramos
Privaciones ilegales de la libertad y coacciones: juzgan al agente de inteligencia Carlos Españadero, alias “Mayor Peirano”
El civil de inteligencia que integró el Batallón 601 del Ejército está acusado de ocho casos de privación ilegal de la libertad y dos de coacciones con posterioridad a la liberación de las víctimas. Los hechos sucedieron en 1975 y tuvieron su epicentro en un centro clandestino de detención de La Matanza.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 porteño comenzó hoy a juzgar al ex militar y ex personal civil de inteligencia del Ejército, Carlos Antonio Españadero, alias "Mayor Peña" o "Mayor Peirano", por crímenes de lesa humanidad cometidos contra ocho víctimas que, además del victimario, tienen en común que estuvieron secuestradas antes del golpe de Estado de 1976 en el centro clandestino de detención y tortura "Cuatrerismo Brigada Güemes", localizado en el distrito bonaerense de La Matanza.

El debate está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel y de la jueza Sabrina Namer. El Ministerio Público Fiscal será representado por la fiscal federal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Ángeles Ramos.

En la primera jornada del juicio, el tribunal rechazó los planteos preliminares de la defensa dirigidos a cuestionar la competencia del tribunal para juzgar el caso, a buscar la declaración de inconstitucionalidad de la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal sobre reglas prácticas para la realización de los procesos y la "inconstitucionaliadad de declaraciones" (sic) del imputado como testigo en dos causas que no tienen relación con la cual se lo juzga y de declaraciones testimoniales de miembros de fuerzas de seguridad que declararon en este proceso en la instrucción, entre ellas la de un testigo que no fue convocado a este juicio. La fiscalía, en tanto, solicitó que se resuelva el pedido pendiente de incorporación por lectura de las declaraciones de testigos, de conformidad con las reglas prácticas, que el tribunal contestó que tendría presente. Posteriormente, comenzó la recepción de testimoniales.

Españadero, quien está detenido en prisión domiciliaria en cumplimiento de la condena a prisión perpetua que le impuso el TOCF de Comodoro Rivadavia en 2014, llega acusado a este nuevo debate como autor material de la privación ilegal de la libertad de ocho prisioneras y prisioneros políticos, agravada por mediar violencia o amenazas, y en dos de esos casos por haber durado más de un mes. Además, en dos casos se lo acusa del delito de coacciones, pues en la instrucción de la causa fue probado que realizó "seguimientos de control" con posterioridad a la liberación de aquellas personas.

De acuerdo con la investigación, Españadero fue integrante del Ejército desde 1952 hasta 1970, cuando pasó a desempeñarse como personal civil de inteligencia (PCI, en la jerga castrense) en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, órgano central de la represión ilegal antes y después del golpe de Estado. Su nombre de fantasía para el desempeño de su vida diaria era “Fernando Raúl Estevarena”.

Durante la instrucción de la causa, en la que intervinieron el fiscal federal Federico Delgado y el juez Daniel Rafecas, quedó acreditado que al menos desde noviembre de 1974 el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada Güemes, también conocido como "Protobanco" en la jerga represiva, sirvió para el confinamiento de personas privadas ilegalmente de la libertad. Con posterioridad al golpe, el lugar funcionó con esa clandestinidad al menos hasta el 17 de febrero de 1977.

Las víctimas de los hechos por los que se acusa a Españadero habrían estado detenidas en ese lugar entre noviembre y diciembre de 1975. De acuerdo con sus testimonios, que constituyen la principal carga probatoria contra el acusado, Españadero se presentaba ante ellas para presionarlas y sacarles información. Por caso, una parte del grupo de las víctimas integraba el círculo familiar del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho: "Mirá que tenemos a varios de ustedes y ya casi estamos sobre la pista de dónde está tu tío”, declaró una de las víctimas, María Ofelia Santucho, que le dijo quien se presentó ante ella como "el Mayor".

En otros casos, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, Españadero se presentaba ante ellas para exigirles que una vez en libertad no hicieran denuncias y que levantaran los habeas corpus que se habían presentado en su favor. A algunas, incluso, les proporcionaba un teléfono dónde localizarlo "por si las secuestraba otro grupo de tareas", a quienes debían decirles que "estaban a cargo del Mayor Peña". Una vez liberadas, las víctimas eran advertidas que podían ser "citadas" y que debían concurrir a "donde les indicara" Peña.

Una de las víctimas, de hecho, declaró haber recibido la vista de Españadero -y de otros dos sujetos que lo acompañaban- durante la fiesta de cumpleaños de un familiar.