Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Rosario comenzó ayer el debate oral y público del cuarto tramo de la causa denominada “Guerrieri”, en el que se juzgan a 17 exmilitares y expolicías por crímenes establecidos en el Código Penal de la Nación -aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita, entre otros- comprensivos del delito internacional de genocidio, en perjuicio de 116 víctimas en las ciudades de Rosario, Funes y Granadero Baigorria -provincia de Santa Fe- durante la última dictadura cívico militar. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, quien además es el autor de las piezas acusatorias por las que llegan a juicio los imputados.

Luego de más de una hora de demora, el tribunal, integrado por el juez y las juezas subrogantes Carlos Julio Lascano -Córdoba-, María Noel Costa –Córdoba-  y Mariela Emilce Rojas –Concepción del Uruguay-, dio inicio la audiencia con la lectura de una síntesis del requerimiento de elevación a juicio, que no llegó a terminar de leerse en la jornada.

De los 116 casos de víctimas de la represión ilegal, 54 ya formaron parte de los tramos anteriores de "Guerrieri", pero 62 de ellos nunca fueron juzgados. De estos últimos, 54 son casos de desapariciones forzadas u homicidios. Una de las particularidades que tiene el juicio es que abordará la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente.

El juicio, que preveé la recepción de 347 testimonios ofrecidos por el MPF, continuará el lunes que viene a las 9.30 y podrá seguirse a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Acusaciones

Dentro de la lista de los imputados, se encuentran quienes fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército: Pascual Guerrieri, quien al momento de los hechos era segundo jefe, con el rango de teniente coronel;  Jorge Fariña, exjefe de la Central Operaciones de Inteligencia y luego de Actividades Especiales de Inteligencia, con el rango de capitán; Juan Daniel Amelong, ex 2° jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente; Marino González, exjefe de Actividades Especiales de Inteligencia con el rango de teniente primero; y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera,  José Luis Troncoso, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, quienes se desempeñaron como personal civil de inteligencia del destacamento.

Completan la nómina expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: el entonces subinspector Federico Almeder, el exsargento Juan Carlos Faccendini, el excabo Juan Félix Retamozo, el exinspector Enrique Andrés López, el exagente Osvaldo Tebez, el exinspector Oscar Giai y el excabo Roberto Squiro.

De todos ellos, Faccendini,  Retamozo,  Troncoso, Tebes, Giai y Squiro llegan al juicio sin condena previa.

Centros clandestinos de detención

De acuerdo con la acusación fiscal, el plan represivo implementado por el Destacamento de Inteligencia 121 tuvo como epicentro los centros clandestinos de detención (CCD) “La Calamita”; “Quinta de Funes”; “Escuela Magnasco” y la casa quinta “La Intermedia”, así como también la “Fábrica Militar”.

El requerimiento fiscal de elevación a juicio detalló que en aquellos lugares se mantuvo a las víctimas en cautiverio de modo ilegítimo, “sometidos a un régimen de vida incompatible con la dignidad humana y al padecimiento de tormentos tanto físicos como psíquicos, de los cuales algunos pocos recuperaron la libertad y otros fueron asesinados durante sus cautiverios, ocultándose, por parte de sus perpetradores, tanto tales acontecimientos como el destino de sus restos mortales”.

Además, en el tramo final de la jornada se leyeron los casos del cura tercermundista Santiago Mac Guire y de Roberto Pistacchia y Eduardo Garat, quienes compartieron cautiverio en un predio de la Casa Salesiana “Ceferino Namuncurá” de la localidad de Funes, que habría sido identificada por las víctimas. En este juicio es la primera vez que se analizará lo que ocurrió en el predio perteneciente a la Iglesia Católica y que funcionó como centro clandestino de detención del Ejército en Funes.