El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, y el fiscal ad-hoc Álvaro Baella continuaron hoy con su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Rosario, en el marco del juicio de la denominada causa “Guerrieri IV”, en el que se juzga a 16 exmilitares y expolicías del Destacamento de Inteligencia 121 y de la Delegación rosarina de la Policía Federal por aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, homicidios y asociación ilícita, entre otros, comprensivos del delito internacional de genocidio, en perjuicio de 62 víctimas.

La acusación fue ampliada a los hechos cometidos contra 19 niñas y niños que se encontraban con sus padres en el momento de los operativos represivos o que permanecieron con ellos en el centro clandestino de detención. De acuerdo con los representantes del Ministerio Público Fiscal, el plan represivo implementado por el Destacamento de Inteligencia 121 tuvo como epicentro el centro clandestino de detención (CCD) “La Calamita”, ubicado en el municipio santafesino de Granadero Baigorria y el “Campo Militar San Pedro”, propiedad del Ejército Argentino, que fue utilizado para inhumaciones clandestinas durante la última dictadura cívico-militar.

El alegato de la fiscalía

En la jornada del lunes pasado, ante el tribunal integrado por Jaime Díaz Gavier, María Noel Costa y Mariela Emilce Rojas, el fiscal Villatte repasó el contexto histórico de los hechos ocurridos y se refirió a cómo estaba diagramado el sistema represivo por el Ejército Argentino, con especial intervención del área de inteligencia. Efectuó además un primer repaso de las víctimas, con foco en los primeros 18 casos incluidos en la acusación.

Por su parte, el fiscal ad-hoc Álvaro Baella remarcó que, a lo largo del debate y con la prueba producida, se demostró que “los acusados, en la inmensa mayoría de los casos, seleccionaron a sus víctimas de acuerdo a la definición de enemigo que proporcionaban las órdenes secretas de exterminio. Identificaban al blanco con anticipación. La tortura sistemática de prisioneros proporcionó a los acusados la identificación de nuevos blancos para secuestrar”.

El debate se reanudó esta mañana, pasadas las 10.30. En la segunda jornada de su alegato, la fiscalía continuó con la descripción de los casos de tres víctimas y luego se centró en la “Masacre de Las Verbenas” del 23 de junio de 1977, que consistió en la simulación de un enfrentamiento entre el Ejército y militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para ocultar los homicidios de nueve personas y una décima -que aún permanece desaparecida-, que habían sido secuestradas durante mayo de ese año.

Villatte destacó que todas las constancias de la causa indicaban que se trató de “un hecho pergeñado desde el Destacamento de Inteligencia 121” y entendió que no cabía ninguna duda respecto a que las víctimas “fueron secuestradas por este grupo operativo, fueron mantenidas cautivas en ‘La Calamita’, fueron asesinadas, sea en la misma Calamita o en la propia casa de Las Verbenas y 9 de Julio”.

Agregó que “fue en este domicilio donde se fraguó que, en la madrugada del 23 de junio de 1977, se produjo un enfrentamiento donde fueron asesinados, y una de las víctimas habría podido fugar del lugar, aunque, a nuestro criterio, el hecho de su desaparición hace indudable que también fue víctima de ese mismo hecho y que se le dio un destino distinto a su cuerpo, generando así una segunda desaparición”.

La audiencia continuó con el repaso de los hechos que perjudicaron a otras catorce víctimas, algunas de ellas, menores edad.

Pasadas las 16.15, la jueza Mariela Emilce Rojas dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 26 de junio a las 9.00. La fiscalía continuará en esa jornada con la tercera parte de sus alegatos, cuya culminación está prevista para el martes 11 de julio próximo.

El juicio

El debate, que comenzó en agosto de 2022, se centra en 62 casos, 58 de los cuales nunca fueron juzgados, y -del total- 54 son desapariciones forzadas u homicidios. En el juicio se aborda también la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el predio de una iglesia católica, la Casa Salesiana Ceferino Namucurá de la localidad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron detenidas ilegalmente.

Dentro de la lista de los imputados, se encuentran quienes fueron integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército: Pascual Guerrieri, quien al momento de los hechos era segundo jefe, con el rango de teniente coronel; Jorge Fariña, exjefe de la Central Operaciones de Inteligencia y luego de Actividades Especiales de Inteligencia, con el rango de capitán; Juan Daniel Amelong, ex 2° jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia, con el rango de teniente; Marino González, exjefe de Actividades Especiales de Inteligencia con el rango de teniente primero; y Ariel Antonio López, Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Eduardo Constanzo y Rodolfo Isach, quienes se desempeñaron como personal civil de inteligencia (PCI) del destacamento. También estaba imputado el PCI José Luis Troncoso pero en agosto de 2022 el tribunal suspendió su intervención en el debate por incapacidad sobreviniente.

Completan la nómina expolicías que integraron la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina: el entonces subinspector Federico Almeder, el exsargento Juan Carlos Faccendini, el excabo Juan Félix Retamozo, el exinspector Enrique Andrés López, el exagente Osvaldo Tebez, el exinspector Oscar Giai y el excabo Roberto Squiro. De todos ellos, Faccendini, Retamozo, Tebez, Giai y Squiro llegan al juicio sin una condena previa.