El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus dio inicio ayer al juicio que se le sigue a Marcos Jacobo Levín, ex propietario de la empresa "La Veloz del Norte"; a José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.

Levín llegó a juicio acusado por su presunta responsabilidad como instigador de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas” en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.

El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2016 -el fallo aun no está firme- por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también trabajador de la firma.

Grueso, en tanto, está acusado como partícipe necesario de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.

Almirón, por su parte, está acusado como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.

Las acusaciones se desprenden de la requisitoria de elevación a juicio impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien interviene en el debate junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.

Acusación

Abierto el debate, el tribunal dispuso la lectura del requerimiento de juicio. En aquella pieza procesal, el fiscal analizó el rol de cada uno de los acusados en una sucesión de hechos cometidos cuando imperaba un violento esquema represivo en la provincia.

Según el requerimiento, los hechos fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la exComisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.

Las detenciones se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o bien se efectivizaron en la comisaría, adonde habían sido previamente citados. De acuerdo con la acusación, tuvieron como disparador una denuncia formalizada por Levín en la misma comisaría, donde funcionó en un centro de detención clandestino.

La fiscalía indicó que el empresario había acusado a sus empleados de participar en una supuesta defraudación a la firma, lo cual nunca quedó acreditado judicialmente. Durante los operativos de detención, intervino personal policial uniformado y de civil, y se utilizaron tanto vehículos policiales no identificados como rodados provistos por la misma empresa.

En la investigación se estableció que las detenciones ilegales surgieron de una lista provista por Levín, a través de Grueso, quien era su “mano derecha” en la empresa. Fue así como todos los trabajadores, en su mayoría integrantes de la Unión de Trabajadores del Automotor, terminaron en la Comisaría Cuarta, ubicada en calle Lerma 656, y luego en el penal de Villa Las Rosas.

De acuerdo a los elementos de prueba, Almirón, Levín y Grueso decidieron sobre la situación de los detenidos ilegalmente. “Específicamente, determinaron el tratamiento represivo que se aplicaría a cada una de las personas detenidas, tanto en lo referente a la privación de libertad como en cuanto a los interrogatorios y torturas a las que serían sometidas, en particular las víctimas de autos”, resaltó el fiscal en la acusación.

En ese contexto, siempre bajo la supervisión de los tres acusados, los empleados fueron víctimas de torturas, para lo cual previamente les vendaron los ojos, fueron maniatados y, en algunos casos, los desnudaron. Para tapar los gritos de dolor de las víctimas, encendían una radio a alto volumen, o bien, le daban arranque al motor de una motocicleta, sostuvo la fiscalía.

La acusación señaló que, además de golpes, se usaron picanas eléctricas, en particular en las partes sensibles. Durante estas sesiones de torturas las víctimas fueron tildadas de “subversivas”, y se las sometió a extensos interrogatorios sobre las actividades sindicales y sobre la persona del delegado gremial.

Finalmente, fueron obligadas a firmar declaraciones cuyo contenido no se les permitió leer, en las que se auto incriminaron o incriminaron a otras víctimas y reconocieron los ilícitos que Levín había denunciado.

Testimonios

Luego de que los tres imputados se abstuvieron de prestar declaración, el tribunal recibió declaración a cuatro testigos, dos de los cuales ratificaron los argumentos expuestos por la fiscalía en el pedido de elevación a juicio.

Uno de ellos, Víctor Manuel Cobos, reafirmó con vehemencia la participación de Levín y Grueso en las detenciones ilegales y las torturas sufridas, tanto por él mismo, como por sus compañeros, ya que pudo dialogar con algunos de ellos en los calabozos de la ex Comisaría Cuarta.

“A mí me detuvieron dentro de la empresa. Todo estaba planificado por Grueso y Levín, con la policía”, afirmó. Sostuvo que, a partir del gobierno militar, la actividad sindical estaba prohibida y que, a mediados de 1976 apareció en la empresa un oficial de la policía provincial, Víctor Hugo Bocos, quien se desenvolvía como si fuera empleado de la firma.

Ante preguntas de la fiscalía, precisó que la patronal infiltraba empleados en las reuniones gremiales de la UTA: “Grueso los mandaba para averiguar cuando íbamos a hacer paro, después todo le informaban a Levín, quien como castigo ordenaba que nos cambien de recorridos, lo que, en definitiva, nos sirvió, pues así pudimos tener contacto con otros trabajadores, quienes nos sumaron su apoyo a las medidas gremiales”, declaró.

También confirmó que fue detenido junto a 8 o 9 compañeros, quienes eran los que más lo apoyaban. “Fuimos los que terminamos en la cárcel; golpearon y torturaron a mucha gente, pero nunca tuvieron prueba”, indicó, para luego argumentar que con este accionar se buscaba “mi desaparición”.

En cuanto a la denuncia de fraude contra la empresa, el testigo señaló que sólo se hizo para darle alguna cobertura legal a las atrocidades cometidas, para luego describir las agresiones que sufrieron que, en algunos casos, les costó la vida a algunos de los detenidos ilegalmente.

Mencionó que las torturas ocurrieron dentro de la exComisaría Cuarta y que vio a Levín y Grueso entrando a esa dependencia, mientras ellos estaban presos, cuando también llegaron otros compañeros detenidos en la provincia de Tucumán.

“Grueso se burlaba de la gente de Tucumán y estuvo siempre comandando el secuestro y detención de todos los compañeros. Éramos más de 10 detenidos en la comisaria cuarta, en dos calabozos. Tuvimos una semana y después nos pasaron a la Central de Policía, donde nos volvieron a golpear y, por último, fuimos trasladados al penal de Villa Las Rosas”.

El testigo declaró que, una vez que fue liberado, después de un mes, le informaron que había sido exonerado de la empresa. “Me tuve que ir de Salta porque no conseguí trabajo gracias a Levin. Donde alquilaba, siempre tenía un auto vigilando, así que me fui a Paraguay y posteriormente a Buenos Aires por 25 años”, recordó.

El testigo Víctor Segovia contó que militaba en la Juventud Peronista y que fue detenido en la terminal de ómnibus local, tras lo cual fue derivado a la exComisaría Cuarta con otros detenidos. “Me acusaban de montonero y me torturaron. Ponían música fuerte mientras nos picaneaban y nos pegaban con la goma”, reveló. También confirmó que en ese lugar de detención habló con personas que eran delegados de La Veloz del Norte y que uno de ellos era Cobos.

Por su parte, la testigo Cristina Cobos, hermana de una víctima, coincidió con el relato de su hermano. La testigo Carla Juárez, quien residía en los alrededores de las instalaciones de la empresa transportista, en la zona este de la ciudad, recordó la detención de su padre en calle Independencia e Yrigoyen. Contó que los policías lo llevaron a la sede de la empresa transportista, donde permaneció detenido en una oficina policial que funcionaba adentro de la empresa.