El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta condenó esta tarde a 12 años de prisión al empresario transportista Marcos Jacobo Levín, dueño de "La Veloz del Norte", como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados en 1977 a un trabajador y delegado sindical de la firma. Los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Federico Santiago Díaz -el juez Gabriel Casas votó en disidencia con la calificación legal y propuso penas menores- impusieron la misma condena a los ex comisario y subcomisario de la seccional 4ª de Salta, Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, quienes fueron considerados coautores de los crímenes.

En tanto, el ex policía Víctor Enrique Cardozo recibió ocho años de prisión por los mismos delitos y grado de autoría que sus colegas.

El Tribunal, que difirió la publicidad de los fundamentos para el 23 de mayo a las 12:00, consideró que los crímenes de los que fue víctima el ex trabajador de "La Veloz del Norte" Víctor Manuel Cobos son "pertenecientes a la categoría de lesa humanidad" y, por lo tanto, imprescriptibles.

Antes de dar a conocer el resultado del debate, los jueces reseñaron el voto en disidencia de Casas. El juez propuso penas de ocho años de prisión para Almirón y Bocos, de seis años para Cardozo y de tres años en suspenso para Levín por el delito de aplicación de tormentos. El magistrado consideró que Almirón actuó en grado de autor mediato, que Bocos y Cardozo fueron autores materiales y que Levín fue apenas un cómplice secundario.

El fiscal general Francisco Snopek dijo a Fiscales que se sentía "conforme y contento con la primera condena en el país a un empresario por crímenes de lesa humanidad". "Fue satisfactorio porque se llegó a la condena, que fue lo que buscó la Fiscalía", agregó el representante del Ministerio Público, que durante el debate contó con la asistencia del fiscal general Carlos Amad y del fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.

El 28 de febrero pasado, los fiscales habían reclamado 18 años de prisión para Levín, 17 años para Almirón y Bocos, y 16 años para Cardozo. "Esperaremos a conocer los fundamentos del veredicto para evaluar qué pasos seguiremos", indicó Snopek.

La condena dictada hoy en Salta es la primera recibida por un empresario por crímenes de lesa humanidad cometidos contra un trabajador de su dependencia. Los primeros empresarios condenados fueron los hermanos Emilio Felipe y Julio Manuel Méndez, a quienes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata impuso en marzo de 2012 11 y 15 años de prisión por haber aportado una quinta de su propiedad para el secuestro y las torturas del abogado de los trabajadores de Loma Negra, Carlos Moreno, quien luego fue asesinado.

Los hechos que llegaron a juicio comenzaron el 22 de enero de 1977. A las 9:30 de aquella jornada, Cobos se aprestaba a salir de viaje de servicio cuando fue detenido por Bocos, Cardozo y otro efectivo de apellido Figueroa. Además de ser el subcomisario de la seccional 4ª Bocos trabajaba como empleado de Levín a cargo de la seguridad de la empresa.

Un Ford Falcon gris trasladó a la víctima a la comisaría. La siguieron otros 20 trabajadores, también detenidos ilegalmente, que fueron interrogados y torturados. Estos casos forman parte de otra causa judicial en trámite.

Cobos fue encapuchado y torturado a golpes, mientras le requerían que declarara que él y sus compañeros robaban boletos y talonarios de la empresa. Los torturadores llegaron a producirle la rotura de los ligamentos de los hombros, lo cual le dejó secuelas físicas.

La detención de Cobos luego se "blanqueó" con el armado de una causa penal por defraudación, de la que resultó sobreseído. Logró la libertad el 19 de abril de 1977 y fue exonerado de la empresa.

En la Seccional, a Cobos le colocaron una venda en los ojos y una capucha cerrada con una piola al cuello. Cobos fue torturado a golpes mientras le requerían que declarara que él y sus compañeros robaban boletos y talonarios a la empresa. Durante la tortura, llegaron a producirle la rotura de los ligamentos de sus hombros, lo cual le dejó secuelas físicas.

Cobos, quien fue investigado y luego sobreseído en una causa penal por defraudación, logró la libertad el 19 de abril de 1977 y fue exonerado de la empresa.

En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también "aportó" a la policía "información de inteligencia relativa a los trabajadores": las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La Fiscalía dio por acreditado que el empresario también colaboraron con los represores en proveer los vehículos particulares y de línea de la empresa, el personal y las propias instalaciones de la firma para que allí se produjeran secuestros. También, señalaron, "aportó con recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores".