A instancia del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, el Tribunal Oral Federal N°1 de esa ciudad ordenó la prisión preventiva del exdueño de la firma transportista La Veloz del Norte, Marcos Levín; de su exjefe de seguridad, José Antonio Grueso; y de los expolicías Víctor Almirón y Enrique Cardozo, en el marco de la causa en la que se encuentran a la espera de un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad perpetrados en 1977.

La medida fue cumplimentada ayer a la tarde con la modalidad de arresto domiciliario. También por pedido de la fiscalía, el tribunal actualizó los montos de embargos que ya habían sido ordenados en el procesamiento, con lo cual al empresario se le fijó una suma de 2,4 millones de pesos, mientras que la del resto asciende 1,2 millones de pesos.

El tribunal, conformado por Marta Liliana Snopek, María Alejandra Cataldi y Juan Carlos Reynaga, ordenó además la prohibición de salida del país de los cuatro acusados y la colocación de pulseras electrónicas. Ello fue dispuesto a través de la intervención del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica y con la comunicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El pasado 21 de octubre, el fiscal general había solicitado al tribunal la detención del empresario, del exjefe de personal y de los expolicías Almirón y Cardozo en el marco de la causa “La Veloz del Norte II”, que se encuentra en trámite ante ese tribunal.

El pedido se fundó en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 18 de octubre, oportunidad en la que ordenó dejar sin efecto la absolución de los acusados dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal tras revisar las condenas dictadas en 2016 por el tribunal oral de Salta.

Fundamentos

Entre los argumentos esgrimidos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que a partir del pronunciamiento del máximo tribunal quedó establecido definitivamente que los hechos formaron parte del ataque a la población civil que tuvo lugar durante el terrorismo de estado y que los hechos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Como consecuencia del pronunciamiento del máximo tribunal -según consideró- se agravaron los riesgos de fuga de los acusados y de entorpecimiento del proceso, por lo que la situación era de máximo riesgo procesal. En particular, el fiscal no descartó la alta probabilidad de que los acusados reciban penas severas de prisión efectiva, como también resaltó la proximidad del segundo juicio.

En este segundo debate, Levín, Grueso, Almirón y Cardozo enfrentan acusaciones por 17 casos de privación ilegal de libertad y torturas cometidas en perjuicio de los trabajadores de la empresa “La Veloz del Norte” entre enero y febrero de 1977.

A su vez, hizo hincapié en la mayor vulnerabilidad de los testigos, todos de avanzada edad, y los antecedentes de amenazas que se registraron a lo largo del proceso, para finalmente destacar la existencia de otros procesos abiertos en contra de los imputados, particularmente en los casos de Levín y Amirón, quienes son investigados por otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.

Tras evaluar el pedido y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el cual se basó el planteo, el tribunal oral –en un fallo decidido por mayoría- resolvió de acuerdo a los argumentos de la fiscalía, tanto respecto a la medida de prisión preventiva, como a la necesidad de actualizar el monto de los embargos.

El tribunal ordenó la imposición de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, lo que fue concretado ayer por la tarde, como también se dio intervención al Patronato de Presos y Liberados de Salta a fin de que supervise la medida de coerción.