El Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín dio inicio ayer al juicio a cinco exmilitares y tres expolicías acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra quince víctimas a partir de un operativo ilegal realizado el 29 de marzo de 1976 en la quinta “La Pastoril”, ubicada en la localidad de Moreno, en el momento que se realizaba una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). En el debate intervienen la fiscal Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y el auxiliar fiscal Esteban Bendersky.
Por diversos problemas técnicos y de conexión, la audiencia, que se realizó de forma semipresencial, comenzó pasadas las 10.30 con un pedido de suspensión por parte de una de las defensas por no estar presente un cuarto juez. La fiscal Ramos se opuso al planteo y señaló que “la grabación y la transmisión de las audiencias, a través de los medios tecnológicos, relevan la necesidad que esté presente”. Además, sostuvo que era un perjuicio potencial y que no presentaba ninguna afectación a la legalidad del juicio.
Finalmente, luego de que la querella también se opusiera y, tras un cuarto intermedio, el tribunal, integrado por Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, rechazó el pedido defensista. Sostuvo que no se apreciaba un agravio y ordenó a continuación la lectura de una síntesis de los requerimientos de elevación a juicio, que se extendió hasta el final de la jornada. La próxima audiencia se realizará el jueves 28 de octubre. El debate continuará con la declaración indagatoria de los acusados y con las primeras declaraciones testimoniales.
Imputados
Los acusados son los ex militares integrantes de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá del Ejército: Juan Carlos Jöcker, quien se desempeñaba como capitán y segundo jefe; Juan Manuel Giraud, que era cabo primero y jefe del Grupo de Tiradores de la Primera Sección de Contrasubversión; y Carlos Alberto Guardiola, quien cumplía la función de cabo primero y jefe del Grupo Segunda Sección de Combate.
Los ocho acusados prestaban servicios en la compañías de Ingenieros 10 de Pablo Podestá y de Agua 601 del Ejército, y en la Comisaría 1° de Moreno.
También están acusados los integrantes de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo del Ejército Argentino: Eduardo Sakamoto, capitán y segundo jefe de la compañía; y Héctor Alberto Raffo, teniente primero y jefe de la Sección Comando y Servicios.
Finalmente, llegaron a juicio los ex policías bonaerenses que cumplían funciones en la Comisaría 1° de Moreno: Julio Salvetti, quien se desempeñaba como sargento ayudante; Julio Alejandro Pérez, cabo primero; y Juan José Ruíz, entonces suboficial mayor.
La masacre
Los hechos investigados tuvieron lugar el 29 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe de Estado cívico militar, en la quinta “La Pastoril”, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, cuando se llevaba a cabo una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), momento en que irrumpió un operativo ilegal del Ejército y de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
En la pieza acusatoria leída en la apertura del debate se señala que el operativo no fue casual y sorpresivo, sino que existió dentro del ámbito del Ejército Argentino una actividad de inteligencia previa, que se verificó con la presencia del personal de las unidades militares intervinientes en el lugar previamente al inicio del fuego.
Durante el ataque, cuatro personas resultaron muertas en la quinta a raíz de los disparos de armas de fuego: María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez. Otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir a bordo de un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas: Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez. El niño Eduardo Garbarino Pico, quien se encontraba con ellos en el vehículo, fue privado de la libertad. Los cuerpos sin vida fueron conducidos a la Comisaría 1º de Moreno para luego ser enterrados como “NN” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Años después, fueron exhumados e identificados.
En el contexto del operativo ilegal, al menos siete personas -Rodolfo Ortiz, Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena, Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault- fueron privadas ilegalmente de su libertad y tuvieron diferentes destinos.
Del ataque lograron escapar los líderes de la organización del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, entre otros asistentes a la reunión que pudieron huir de ese escenario. Algunos y algunos de ellas serán testigos en el juicio.