El fiscal general Marcelo García Berro solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín que acumule seis causas y realice un juicio oral para juzgar a diez imputados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva y que no han sido juzgados previamente. El pedido precisa que el objeto de ese debate oral deben ser casos ya acreditados en otros juicios realizados en la jurisdicción, por lo cual el debate deberá encaminarse sólo a probar la responsabilidad de los acusados.

El pedido de la Fiscalía tiene como objetivo afrontar la complicada situación de ese tribunal, que tiene radicadas 24 causas por crímenes de lesa humanidad donde se espera la fijación de audiencia para dar inicio a los debates; el tribunal cuenta con una jueza titular, un juez subrogante y un cargo vacante. Por ese cuadro, los juicios se vienen atrasando, entre ellos la emblemática causa "Ford", por los crímenes contra trabajadores de esa automotriz. Ese debate viene siendo suspendido desde el año pasado y actualmente tiene fecha para el 28 de noviembre pero aún no se sabe quiénes serán los jueces. Entretanto, en esa causa ya se produjo la muerte de un acusado.

La propuesta de García Berro para acumular causas y hacer un juicio con los imputados que no han sido aún juzgados y por casos en los que la materialidad ilícita fue acreditada en procesos anteriores fue presentada por escrito y discutida en una audiencia celebrada este martes ante ese tribunal. En la instancia, participaron, además del fiscal, los abogados querellantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y del Centro de Estudios Legales y Sociales.

"Las demoras provocan la privación de justicia para acusados y víctimas: esto es, una suerte de impunidad biológica por la muerte de los represores sin sentencia firme o sin llegar a debate y también por el fallecimiento de las víctimas y sus familiares".

El fiscal explicó en su escrito que, de llevarse a cabo esta propuesta, "podrá definirse la suerte procesal de diez acusados por delitos de lesa humanidad en seis causas diferentes, en un único juicio de corta duración ya que la prueba que deberá producirse en el debate versará únicamente sobre la participación o no de los imputados en los diferentes sucesos".

García Berro solicitó que, de manera "urgente", después de que finalice el juicio por crímenes de lesa humanidad actualmente en trámite, se fije audiencia para este nuevo debate, que abordaría las situaciones de los imputados Francisco Rolando Agostino, por delitos cometidos contra tres víctimas; Luis del Valle Arce, por 16; Benito Ángel Rubén Omaecheverría, por 2; Carlos Francisco Villanova, por 72; Carlos Javier Tamini, por 73; Bernardo Caballero, por 18; Roberto Julio Fusco, por dos; Miguel Ángel Conde, por una; Eduardo Alfonso, por dos; y Rafael Félix López Fader, por dos víctimas.

Durante la audiencia, todas las querellas formularon sus adhesiones al pedido formulado por García Berro y luego se le dio la palabra a las defensas oficial y particulares de los imputados Alfonso, Tamini y Agostino. Todas se opusieron al planteo. El Tribunal deberá resolver en los próximos días.

En su escrito, el fiscal citó las obligaciones -emanadas de instrumentos internacionales- del Estado Argentino de juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad, recordó los nombres de los imputados que fallecieron impunes en esa jurisdicción, explicó el dificultoso camino que transitaron estas causas en nuestro país y destacó las instrucciones contenidas en las resoluciones PGN 13/08, del procurador general Esteban Righi, y PGN 1154/16, de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dirigidas a que los fiscales promuevan la unificación de los procesos para avanzar con juicios significativos.

En ese sentido, el fiscal señaló que "así como resulta imperioso para ese tribunal la neutralización de todo riesgo procesal que atente contra la efectivización del juicio, también deberá velar para que el propio paso del tiempo impida el debido juzgamiento, ya sea por el fallecimiento de víctimas/testigos y sus familiares o por el fallecimiento de los acusados".

En su presentación, García Berro indicó que las demoras provocan la privación de justicia para acusados y víctimas: esto es, una suerte de impunidad biológica por la muerte de los represores sin sentencia firme o sin llegar a debate y también por el fallecimiento de las víctimas y/o sus familiares; de esa forma se le niega a estos últimos y a toda la sociedad el derecho de conocer lo ocurrido y que se sancione, cuando corresponda, a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Durante la audiencia oral las partes acusadoras resaltaron la falta de perjuicio para las defensas respecto de la celebración del juicio propuesto por el Ministerio Público, a la vez que entendieron que la oposición de los defensores se trataba claramente de una estrategia especulativa y dilatoria a los efectos de evitar el juzgamiento de los imputados con el único propósito de garantizar, por el propio paso del tiempo, la impunidad.