La fiscal federal subrogante de San Nicolás, María Paula Moretti, apeló la decisión del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, de devolver los libros societarios a la empresa dueña de la camioneta Ford F100 que embistió el 11 de julio de 1977 el Renault 4 S en el que viajaba el obispo Carlos Horacio Ponce de León, en el marco de la causa en la que se investiga su muerte en un incidente de tránsito.

La devolución de los documentos fue requerida por la empresa durante el proceso. Se trata de tres libros: actas de directorio, actas de asamblea e inventario.

El incidente investigado ocurrió el 11 de julio de 1977 en la Ruta Nacional N°9, cuando Ponce de León se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires y su automóvil colisionó con una camioneta, que viajaba en sentido contrario. La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) señaló en el informe Nunca Más de 1984 que, al momento de su muerte, Ponce de León "se dirigía a la Capital Federal con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementadas en la Diócesis de San Nicolás y también en Villa Constitución (Provincia de Santa Fe)".

En la apelación a la devolución de los libros societarios, Moretti señaló que si bien las diligencias probatorias no son recurribles, ese "principio no es de carácter absoluto", y remarcó que los documentos "resultan fundamentales para el correcto esclarecimiento" de los hechos, dado que su estudio permitirá corroborar, entre otros aspectos, si a la fecha de los hechos la firma tenía actividades comerciales en la provincia de Entre Ríos.

Ese es un punto importante que busca dilucidar la investigación, pues los ocupantes de la Ford F100 dijeron que, cuando embistieron el Renault 4 S en el que viajaba Ponce de León -junto al sobreviviente Víctor Oscar Martínez- se dirigían a Entre Ríos por cuestiones comerciales.

La fiscal hizo notar que "todos los libros secuestrados en autos datan de la década del setenta, cuestión que genera cuanto menos curiosidad respecto a la urgencia de su devolución, si se considera que han transcurrido cuarenta años".

En la apelación, Moretti también hizo notar varios datos sugestivos:

• "Al día de la fecha no se ha podido acreditar cuál era la real actividad de la empresa en cuestión, ni que tuviese actividades agrícolas en la provincia de Entre Ríos".
• Cuando sucedió el incidiente, uno de los tripulantes de la camioneta declaró que era empleado judicial, pero no lo era desde 1973.
• A la época de los hechos, el domicilio de la firma se encontraba lindante al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, el órgano que canalizaba por las fuerzas represivas la información sobre la represión ilegal.
• Uno de los hermanos de los socios fundadores se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército.
• La actual presidenta de la firma tiene 85 años y dijo que desconoce el giro comercial de la empresa, que nunca participó en reuniones de directorio, que ejerce esa función por la amistad con el estudio de contadores de la sociedad y que desconoce quiénes son los propietarios.
• Recién en 2002 la empresa se inscribió en la Administración Federal de Ingresos Públicos para tributar el impuesto a las ganancias, consignó que su actividad era el "alquiler de inmuebles propios" y fijó su domicilio legal en un departamento de la ciudad de Buenos Aires que, cuando fue allanado en el marco de esta causa, no pertenecía a la firma.

"Todas las irregularidades antes mencionadas me llevan a postular que la devolución de la documental, en esta instancia del proceso es apresurada, y conlleva el riesgo de perder elementos probatorios esenciales para la comprensión y dilucidación de los hechos ilícitos investigados en este sumario", indicó Moretti.

Señaló, al respecto, que si bien el juzgado cuenta con copias certificadas de los libros societarios, podría eventualmente requerirse "la realización de una pericia caligráfica para establecer la pertenencia de las grafías estampadas sobre los mismos, en aras de delimitar las responsabilidades en los hechos, entre otras circunstancias, con lo cual su devolución es desacertada en esta etapa".

La investigación sobre la muerte del obispo Ponce de León es conducida por la Fiscalía. Hace dos años, el entonces fiscal del caso, Matías Di Lello, pidió la colaboración del Vaticano, luego de que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se reuniera en la Santa Sede con el Papa Francisco para establecer mecanismos de cooperación que permitan al MPF acceder a documentación archivada.