El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe comenzó este lunes el juicio oral y público a seis imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio agravado, ocurridos entre 1976 y 1977, en perjuicio de militantes políticos. Los acusados son el excomisario inspector Rodolfo Gómez Trintinaglia, el exsargento Ricardo Olivera y los excabos Víctor Stahlberg y Elbio Eduardo Píccolo –acusados de integrar un grupo de tareas de la Policía Federal-; el cabo de la Policía de Santa Fe, Lucindo Delio Benencia; y el teniente coronel Héctor Melitón Martínez, que operaba en el Destacamento de Inteligencia Militar 122.

El tribunal está compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauria y Germán Sutter Schneider. Por el Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Martín Suárez Faisal. En las audiencias, programadas semanalmente hasta septiembre, se estipula que declaren cuarenta y siete testigos, se realicen inspecciones oculares en lugares que fueron sede de centros clandestinos de detención y en el sitio donde ocurrieron los homicidios.

Los hechos

En el debate se analizarán una serie de operativos, realizados entre enero y noviembre de 1976, en los que se secuestró a dieciséis personas en las ciudades de Santa Fe y Rafaela, y en el barrio porteño de Villa Soldati. Todas las víctimas estuvieron detenidas ilegítimamente en las comisarías 1ª y 4ª  de la capital provincial, donde fueron amenazadas y torturadas, previo a su traslado a la cárcel de Coronda.

Además se buscará esclarecer los homicidios de Carlos Cattáneo y Fernando Lucio López, ocurridos el 27 de febrero de 1976, durante el operativo en el que también fueron secuestrados y luego torturados Eusebio Cabral, Carlos Courault y María Inés Gutiérrez.

Por otra parte, se abordará el crimen de Juan Clemente Chazarreta, quien estuvo detenido en la comisaría 1ª desde el 13 de mayo de 1976 y fue torturado hasta su muerte el 4 de junio de ese año. El hecho intentó ocultarse como un suicidio: su cuerpo apareció colgado en la celda donde estaba alojado.

Los imputados también deberán responder por la privación ilegal de la libertad y los tormentos sufridos por Enrique Fumeax, Eugenio Acosta, Ricardo Rivero, Horacio Amado, Néstor Bustos y Cristina María Pot entre el 16 y el 24 de enero de 1976; y por los secuestros y posteriores tormentos que padecieron en centros clandestinos de detención los militantes políticos Rafael Niemes, Alba Acosta, Rubén Viola, Mónica Martínez, Aníbal Sánchez y Carlos Echegoy, entre  octubre y noviembre de 1976, como también José María Ramat, Carlos Alberto Gorosito y Oscar Roberto Figueredo, detenidos el 31 de marzo de 1976 y desaparecidos durante más de un mes en la Comisaría 1ª.

Las acusaciones

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Héctor Melitón Martínez está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencias y amenazas, y de tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos en perjuicio de Horacio Alberto Amado. El nombre de Martínez quedó registrado en el libro de guardia de la Comisaría 4a como la persona responsable del interrogar a Amado durante su detención.

Lucindo Delio Benencia debe responder por la privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante la utilización de violencia contra Juan Clemente Chazarreta, un crimen por el que fue imputado junto al por entonces titular de la Comisaría 1a, Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, quien falleció antes de que comience el juicio.

Por su parte, Gómez Trintinaglia, Olivera, Stahlberg y Piccolo están imputados por los homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas de Cattáneo y López, y por la privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y tormentos agravados en perjuicio de Cabral, Couralt y María Inés Gutiérrez, quien estaba embarazada al momento de su detención. Durante ese operativo, el grupo de tareas estaba integrado por catorce efectivos. Ese mismo día, el jefe de la Policía Federal en Santa Fe, comisario Julio César Fuentes, ascendió a nueve de ellos, entre los que se encontraban Olivera, Stahlberg y Piccolo por haber protagonizado un “acto distinguido del servicio”.