El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó penas que van de los 2 a los 4 años y 3 meses para 9 imputados, entre ellos 5 productores agropecuarios y 2 funcionarios públicos de Pergamino por la presunta contaminación por el uso de agroquímicos en campos ubicados en el radio urbano de la ciudad. Además, le pidió al Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario que ordene una indemnización para las víctimas y el decomiso de cinco campos contaminados junto con la maquinaria utilizada para la fumigación.

“El suelo de los lotes fue utilizado como un instrumento para la comisión de los hechos ilícitos. Esto demuestra un agravio más complejo, ya que el suelo —y el ambiente en general— fue lo que debió ser protegido, pero terminó utilizado como un instrumento para concretar la contaminación ambiental y poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Las cuatro causas que involucran a los imputados comenzaron a tramitarse después del 2014, a través de las denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas. Dos de los damnificados se constituyeron como querellantes en el proceso judicial. El juicio ante los jueces Román Lanzón y Eduardo Rodríguez y la magistrada Elena Dilario comenzó en febrero de 2026.

Delitos

Junto con el fiscal coadyuvante Ignacio Falconi, el fiscal Reynares Solari solicitó que se condene al productor agropecuario Fernando Cortese a 4 años y 3 meses de prisión y que se le dicte una inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad agropecuaria por 8 años al señalarlo como responsable del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que penaliza a aquella persona que, a través del uso de residuos, envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Además, le endilgó el delito de amenazas coactivas.

Según la exposición, Cortese fumigó y/o pulverizó con sustancias químicas peligrosas para la salud y el medioambiente el campo de su propiedad, ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 69 de Pergamino en forma reiterada y continua desde 2011 y, puntualmente, entre enero de 2018 y enero de 2019.

Con respecto a los productores Mario Roces y Víctor Tiribó, requirió una pena de 4 años de prisión y la inhabilitación especial para ejercer la actividad agropecuaria por 8 años por el mismo delito. En relación con Tiribó, el MPF le endilgó fumigar con sustancias químicas peligrosas para la salud y el medioambiente un campo próximo al barrio Villa Alicia, desde 2011 y puntualmente entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Respecto de Roces, se lo señaló como responsable de la fumigación con sustancias químicas peligrosas, en distintas oportunidades, de forma reiterada y continua desde 2011 hasta diciembre de 2018, en un campo ubicado sobre calle Mansilla del barrio Villa Alicia de Pergamino.

Con respecto a los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, que también se dedican a la misma actividad, el MPF solicitó una condena de de 3 años de prisión de cumplimiento condicional con la inhabilitación para realizar tareas por considerarlos coautores de contaminación ambiental respecto de un hecho ocurrido el 10 de noviembre de 2019 en un campo de la localidad de Ayersa (partido de Pergamino).

En relación al ingeniero agrónomo José Luis Grattone, se pidió una condena de 3 años de prisión y una inhabitación de 6 años para ejercer su profesión por un hecho de contaminación ambiental ocurrido 19 de octubre de 2019 en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino, donde no habría respetado el margen de prohibición para fumigar, ya que llevó adelante la actividad a metros de una escuela y un jardín de infantes. Como partícipe secundario de ese suceso se señaló al fumigador Cristian Taboada, para el que se solicitó una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación especial para realizar tareas agropecuarias.

Por último, para los funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino Guillermo Naranjo y Mario Tocalini se requirió una condena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por resultar resultar autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la exposición, les endilgó no haber cumplido con lo estipulado por los artículos 6, 16 y 17 de la ordenanza Municipal N°8126/14,  que estipuló la prohibición de la aplicación de plaguicidas o biosidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, "a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercano a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado".

Reiteración de conductas ilícitas

En su alegato, el fiscal Reynares Solari analizó el artículo 55 de la Ley 24.051 e hizo referencia a los productos fitosanitarios como residuos peligrosos. Además, hizo hincapié en la prueba producida en el debate, el encuadre científico y la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.

En referencia a los productores, expuso que se trataba de personas con “años de experiencia" y que, por lo tanto, conocían los términos de las leyes y reglamentaciones. "Mas allá de eso, continuaron con la acción al decidir las aplicaciones. No quedan dudas que conocían la problemática que atravesaba a los vecinos y la preocupación por las fumigaciones y sus consecuencias contaminantes. Sin embargo, reiteraron sus conductas ilícitas”, recalcó.

En ese sentido, insistió en que tenían a su cargo una fuente de peligro y que por ello tenía la obligación tanto legal como reglamentaria de "cuidar dos bienes jurídicos: la salud y el ambiente”. “Sin embargo, sordos a los reclamos de un barrio que sólo pretendía no ser agredido en su salud, priorizando su propio interés, ejecutaron la acción ilícita", agregó.

Las querellas y las defensas

Por su parte, los abogados querellantes Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, en representación de las dos denunciantes e impulsoras de la causa desde un primero momento, expusieron su alegato el miércoles 27 de mayo.

Entre otras consideraciones, recordaron que de las pruebas obtenidas a través de peritajes se certificó que "en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer del 36% más que en otros territorios”. En su exposición, solicitaron 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional para Cortese, Roces y para el ingeniero a Grattone. Para Tiribó requirieron 4 años de cárcel efectiva y para los hermanos Sabatini, 3 años de prisión condicional y el doble de inhabilitación para producción agropecuaria.

Respecto de Taboada, coincidieron con la fiscalía y solicitaron 2 años de prisión de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación especial para realizar tareas agropecuarias al considerarlo como partícipe secundario del delito de contaminación ambiental.

Por otra parte, las defensas de Cortese, Taboada, de los hermanos Sabattini, de Naranjo y Tocalini, formalizaron el pedido de absolución. Para esta semana están previstos los alegatos de los representantes legales de Grattone, Tiribó y Roses.