El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó el jueves pasado a un miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por haber brindado información confidencial y encubierto a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes en esa ciudad. La sentencia fue en sintonía con el pedido formulado durante su alegato por el fiscal general Gabriel González Da Silva y la auxiliar fiscal María Fernanda Aimar.

La condena recayó sobre Sebastián Moreno (43), quien se desempeñaba como ayudante de segunda en la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA en Bahía Blanca, con participación en investigaciones complejas sobre tráfico de estupefacientes.

Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís consideraron al prefecto autor del delito de encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave —la comercialización de estupefacientes— y por haber sido cometido por un funcionario público integrante de una fuerza de seguridad.

En su alegato, González Da Silva había pedido una pena levemente superior a la que se dispuso, de 5 años y 6 meses de prisión. El tribunal también le impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, pero no hizo lugar —tal como también había solicitado el representante del MPF— a la revocación de la prisión preventiva domiciliaria para que quede detenido en una unidad carcelaria, cuestión que la fiscalía evalúa recurrir.

Durante el debate, el fiscal general sostuvo que el imputado “garantizó seguridad e impunidad” al sindicado narcotraficante Héctor Leonardo Diez —fallecido en mayo de 2024—, a quien le transmitía datos reservados de investigaciones en trámite mientras omitía denunciar su actividad ilícita. Para el fiscal, que Diez no haya llegado a ser condenado, debido a su deceso, no constituyó un obstáculo para la configuración del encubrimiento.

“Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”, le escribió el prefecto a un investigado. El fiscal entendió que ese mensaje constituyó una “garantía de impunidad” y una demostración de que el prefecto ocultó deliberadamente información relevante para la pesquisa.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 una serie de conversaciones con Diez, a quien le aportó información sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y el avance de causas federales vinculadas al narcotráfico.

González Da Silva afirmó que quedó acreditado que Moreno “sabía perfectamente” que Diez comercializaba estupefacientes y que, aun así, no solo omitió denunciarlo, sino que además “le brindó apoyo estratégico para que continuara desarrollando esa actividad con tranquilidad”.

El origen del caso

Según describió el representante del Ministerio Público Fiscal, el caso se inició a partir de un allanamiento realizado el 17 de junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una investigación provincial por violencia de género y abuso sexual. Allí se secuestró un teléfono celular cuyo análisis permitió recuperar conversaciones que comprometían al prefecto.

El fiscal remarcó que el contenido de esos mensajes evidenció que Moreno aportaba “información sensible y reservada” sobre causas federales en las que él mismo intervenía, entre ellas las investigaciones seguidas contra Fabián Accarino y Sebastián Tenías, ambas vinculadas al tráfico de drogas y que culminaron luego con sus respectivas condenas en un juicio abreviado tramitado en 2022.

Las comunicaciones, prueba clave

En uno de los episodios reconstruidos en el juicio, Moreno le informó a Diez sobre la detención de Accarino —identificado como su proveedor de estupefacientes— y le envió fotografías del procedimiento. Al día siguiente, incluso le indicó dónde se encontraba alojado y le sugirió otros posibles vendedores a quienes podía recurrir para comprar droga.

Para González Da Silva, una de las conversaciones más relevantes fue la del 13 de febrero de 2020, cuando Moreno le comunicó a Diez que había aparecido mencionado en teléfonos secuestrados durante la investigación contra Accarino, aunque aclarándole que no iba a quedar mencionado en la investigación: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”, le escribió en un mensaje. El fiscal entendió que ese mensaje constituyó una “garantía de impunidad” y una demostración de que el prefecto ocultó deliberadamente información relevante para la pesquisa.

De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 una serie de conversaciones con Diez, a quien le aportó información sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y el avance de causas federales vinculadas al narcotráfico.

“El mensaje fue tranquilizarlo y asegurarle que no iba a quedar involucrado en la investigación”, sostuvo el representante del MPF, quien agregó que la conducta del imputado “lesionó gravemente la administración de justicia” al impedir que avanzaran líneas investigativas sobre Diez.

El rol del prefecto y la postura de su defensa

En su exposición, González Da Silva también destacó que Moreno había suscripto compromisos formales de confidencialidad dentro de la Prefectura Naval Argentina y que, por su función, tenía la obligación legal de preservar la reserva de las investigaciones y promover la persecución penal de los delitos que conociera.

Durante el juicio, Moreno negó las acusaciones y afirmó que nunca brindó información confidencial ni supo que Diez vendía drogas. También sostuvo que muchas de las conversaciones correspondían a “bromas” o referencias a información publicada en medios periodísticos.

Sin embargo, el fiscal descartó esa explicación y sostuvo que las comunicaciones revelaban “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos. “Moreno no obtenía información de Diez; era él quien constantemente le aportaba datos y le confirmaba detalles de investigaciones en curso”, concluyó.

El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de mayo a las 9.30.