El fiscal Federal de la localidad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Enrique Sansserri, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Félix Crous, requirieron la elevación a juicio de los principales cinco acusados por el mayor contrabando de cocaína detectado desde Argentina hacia Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco", en alusión al camuflaje del estupefaciente en contenedores cargados con carbón vegetal.

Para los representantes del Ministerio Público, se trata de "un caso testigo que muestra la densa complejidad que posee cada uno de los engranajes que componen este motor criminal al que conocemos como narcotráfico". En efecto, el requerimiento da cuenta de la logística y las conexiones a nivel internacional y muestra al caso que se juzgará en Argentina como una porción una estructura también investigada en Portugal y en España.

Los acusados son el empresario Patricio Daniel Gorosito (63 años), el abogado Carlos Alberto Salvatore (57), el empresario Juan Carlos Pérez Parga (59), y los comerciantes Rubén Félix Esquivel (55) y Héctor Ángel Roberto (61).

Los cinco están imputados por tres hechos. El primero de ellos sucedió el 8 de marzo de 2012 con la exportación de aproximadamente 380 kilos de clorhidrato de cocaína que finalmente fueron secuestrados en la localidad de Cabanas do Chao, en las cercanías de la ciudad Lisboa, Portugal.

Los paquetes, reseñan los fiscales en la acusación, se hallaban ocultos en bolsas de carbón que formaban parte del embarque perteneciente a la firma Carbón Vegetal del Litoral S.R.L. El cargamento provenía de Quitilipi, Chaco, y había sido inspeccionado en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia. Su salida del país fue a través del Puerto de Buenos Aires.

El segundo hecho imputado ocurrió cinco días más tarde, durante la requisa de dos contenedores de la misma firma que se encontraban en la Terminal 1, 2 y 3 del Puerto de Buenos Aires a la espera de otro embarque a Portugal. En uno de los contenedores, 70 de las 1050 bolsas supuestamente de carbón contenían cocaína. En total, pesaban poco más de 519 kilos.

Finalmente, en el tercer hecho fueron secuestrados en Lisboa el 11 de abril de 2012 casi 152 kilos de cocaína en un contenedor de la misma empresa. El estupefaciente también estaba camuflado en el interior de bolsas plásticas de carbón vegetal.

Sansserri y Crous consideraron que el abogado Salvatore llevó a cabo "la puesta en marcha de este engranaje criminal" y que ocupaba "lo más alto de la escala de mando", dado que tenía a cargo "la tarea de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar lo que ha sido una verdadera empresa comercial dedicada al transporte de estupefacientes al continente europeo". La pesquisa logró comprobar que Salvatore tenía participación en veinte sociedades comerciales de distintos rubros, poseía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y registraba viajes a este último país y a islas del caribe conocidas como paraísos fiscales.

Entre otras cosas, durante un allanamiento a sus oficinas la policía secuestró "documentos que son de uso exclusivo de los funcionarios aduaneros que tienen la tarea de velar, justamente, por el control de las mercaderías que salen del país". Esos elementos también son parte de otra causa, aún en fase de instrucción, donde se investiga la responsabilidad de los funcionarios de la Aduana.

También, le encontraron en la computadora un archivo con la descripción de reuniones en Rosario con colombianos a quienes se les había ofrecido el traslado de 300 kilos de cocaína a Europa a cambio de un millón de dólares.

Entre tanto, Gorosito fue individualizado como quien manejaba en Europa las operaciones. Para los fiscales, tuvo "semi-plena capacidad operativa y un rol trascendental en el dominio del aparato material de la logística del transporte".

"Roberto, Pérez Parga y Esquivel han cumplido un rol trascendental en la organización", agregaron los representantes del MPF. Roberto era la "mano derecha" de Gorosito y cumplía la función de "enlace y articulación" con Salvatore; Pérez Parga era el gerente de producción de Carbón Vegetal del Litoral S.R.L.; y Esquivel era el encargado de la planta en Quitilipi.

Todos ellos deberán afrontar la acusación de haber cometido, en distintos grados de participación, contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas.

No es ficción

Frente a la extraordinaria maniobra realizada para perpetrar el tráfico internacional de droga, los fiscales aclararon que "los hechos que explican la puesta en funcionamiento de este negocio criminal (..) no son parte de un relato fílmico o de ficción, sino que, uno tras otro, han quedado asentados en el marco de la presente investigación".

La causa se inició con la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de que el organismo se anoticiara de la detección en Lisboa del cargamento de carbón vegetal con cocaína. La actuación conjunta de las policías española y portuguesa permitió detener a siete ciudadanos argentinos, cinco en Portugal y otros dos en España. Entre estos últimos estaba Gorosito, ubicado en Barcelona.

Los primeros pasos de la investigación lograron determinar que la carga había sido acondicionada en contenedores y trasladada por vía terrestre en camiones desde Quitilipi hasta la ciudad de Buenos Aires.

Los integrantes de la sociedad exportadora Carbón Vegetal del Litoral S.R.L eran Jorge Carlos Rodríguez (fallecido), en calidad de gerente titular, y Victoria Carla Rodríguez y Silvina Andrea Rodríguez, como socias de la empresa.

También, se logró determinar que la firma había presentado otros dos destinos de exportación durante el año 2012, que aún no habían llegado a Lisboa. El 12 de marzo de ese año, la jueza Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, ordenó la apertura de uno de los cargamentos, que aún permanecía en el Puerto de Buenos Aires. El otro había zarpado y se encontraba en medio de un trasbordo en el puerto de Santos, Brasil, pero fue recién requisado a su ingreso a Portugal, el 11 de abril, con la presencia de funcionarios de la Aduana Argentina y la Policía española. En esa oportunidad fueron hallados 157,95 kilos de cocaína y unas 25 bolsas que, en lugar de contener carbón, tenían "ladrillos de construcción y madera de igual tamaño y espesor" que los bloques de estupefaciente.

En tanto, el cargamento requisado en Buenos Aires estaba constituido por 20 mil kilos de carbón vegetal entre los que iban ocultos 510,350 kilos de cocaína.

Con el avance de la investigación y la recolección de las primeras pruebas, la jueza ordenó la detención y el llamado a indagatoria de 21 personas que, de una u otra manera, habían intervenido en forma directa en los cargamentos. La medida incluyó al personal aduanero que había tenido la tarea de verificación y control en la planta exportadora, al despachante de aduana, al personal que debía efectuar el control y escaneo en el puerto de Buenos Aires y a los conductores de los vehículos que habían transportado los contenedores hasta el puerto.

La trama europea

La detección de la organización y su funcionamiento fue obra de la policía portuguesa, que investiga desde el 6 de diciembre de 2011 el tráfico de cocaína en cargamentos de carbón vegetal. Ese día, los funcionarios policiales secuestraron más de 12 kilos de cocaína oculta y olvidada en bolsas de carbón en instalaciones de una firma dedicada al acondicionamiento del mineral para su comercialización, ubicada en Torres Vedra, Portugal.

El cargamento procedía de otra empresa portuguesa, que lo había enviado para su limpieza y nuevo envasado. Los empleados que realizaban esas tareas advirtieron los envoltorios y llamaron a la policía y al dueño de la firma que les encargó el trabajo.

Los datos surgen de parte de la investigación judicial de Portugal, que fue traducida y forma parte de la que ahora se juzga en la jurisdicción federal de Resistencia.

El titular de la firma dueña del cargamento, un hombre de nacionalidad rumana, explicó a la policía local que su empresa se había constituido meses antes y que él había prestado su nombre para el armado de la sociedad, dado que el verdadero dueño era un ciudadano uruguayo que no tenía la documentación migratoria en regla. La policía lo ubicó y constató su verdadera identidad y nacionalidad: era argentino.

Así, reseñan los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio, "la policía de Portugal determinó que se encontraba frente a una organización criminal con ramificaciones en Argentina, Portugal y España, por lo que se inició una investigación que dio lugar a intervenciones telefónicas y seguimientos de las personas involucradas". La investigación culminó con las detenciones de ciudadanos argentinos el 12 de marzo de 2012. Dos de ellos fueron condenados en Portugal y, una vez que cumplan la pena, serán extraditados a la Argentina.

En total, aquél día se secuestraron 380,6 kilos contenidos en las bolsas de carbón que tenían una doble costura. Esa era la marca que servía para diferenciar las bolsas que contenían droga.

Las autoridades portuguesas dieron entonces aviso del caso a las argentinas, que lograron interceptar un cagamento de la misma firma exportadora, Carbón Vegetal del Litoral S.R.L., en el Puerto de Buenos Aires y averiguar que otro estaba a mitad de camino. Los tres despachos, que contenían cocaína, integran los hechos que llegarán a juicio.