El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal inició el jueves pasado el juicio oral y público a cuatro efectivos policiales de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a dos civiles, quienes llegaron a esta instancia acusados de realizar un allanamiento ilegal a un taller mecánico donde se comercializaban estupefacientes durante el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia del virus COVID-19. Entre los acusados también están los tres sujetos que, de acuerdo a la imputación de la fiscalía, vendían la droga que se hallaba en ese local.

La lista de imputados está integrada por el oficial principal José Rubén Mujica y al subteniente Héctor Daniel Luna, acusados de simular el allanamiento en una falsa investigación por narcotráfico; el comisario inspector Alfredo Segundo Rodríguez, imputado de haber encubierto la maniobra de sus subordinados; y el comisario subinspector Daniel Javier Ávalos, acusado de haber fraguado una resolución judicial para validar el procedimiento irregular. Junto a los funcionarios policiales llegaron también a juicio los hermanos Teófilo Israel Uceda Rosales y Dany Jonathan Uceda Rosales, quienes asistieron a Luna y Mujica en el procedimiento ilícito.

En el mismo debate se juzga a Juan Roger Bareiro Sosa, Lidia Evia Romero y Milciades Anastasio Vera Caballero, quienes se encontraban en el taller mecánico -junto a otro hombre y una mujer que fueron sobreseídos en la investigación- y tenían estupefacientes en su poder.

En la primera audiencia del debate desarrollada ayer, los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel, Jorge Gorini escucharon la acusación del Ministerio Público Fiscal, representado en la instancia por el fiscal general Abel Córdoba. Luego declararon formalmente abierto el debate y dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de junio a las 14.00.

De acuerdo con la acusación, Mujica, Luna y Uceda Rosales exigieron a sus víctimas la entrega del dinero, producto de la venta de la droga, pero al no obtenerlo se apropiaron del estupefaciente para comercializarlo.

Los hechos

Oportunamente, el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2, Carlos Rívolo, consideró acreditada la conducta de las nueve personas imputadas y le solicitó al juez federal Sebastián Casanello la elevación a juicio de la investigación.

De acuerdo con la acusación, en la tarde del 7 de junio de 2020, Mujica y Luna simularon un allanamiento e ingresaron a un taller mecánico de la calle Cachimayo 1980, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, junto a Teófilo Israel Uceda Rosales, quien portaba un arma de fuego. Afuera del lugar, los esperaba el hermano de este último, Dany.

Una vez dentro del local –y siempre de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio- los sujetos que ingresaron al local amenazaron con las armas de fuego y privaron de su libertad a Bareiro Sosa, Romero y Vera Caballero, quienes tenían en su poder 2.350 gramos de cocaína fraccionada en distintos envoltorios para su comercialización, 7.311,5 gramos de sustancias de corte -cafeína, lidocaína y azúcar reductor-, balanzas, un colador y una licuadora.

Mujica, Luna y Uceda Rosales exigieron a sus víctimas la entrega del dinero, producto de la venta de la droga, pero al no obtenerlo se apropiaron del estupefaciente para comercializarlo. En ese momento, llegó al lugar personal de la Comisaría Vecinal 7B de la Policía de la Ciudad, y detuvo a los policías bonaerenses y a las demás personas, en el marco de una investigación por narcotráfico desarrollada en el fuero federal porteño.

Según la acusación, el comisario inspector Rodríguez, en su calidad de titular de la DDI de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza, concurrió al taller mecánico e intentó desligar a Luna y Mujica del procedimiento, con el argumento de que sus subordinados estaban allí en el marco de para tareas de investigación dispuestas por el Juzgado Federal N°3 de Morón. Para encubrir el accionar irregular de los dos policías, Rodríguez le habría pedido al día siguiente al comisario subdirector Ávalos que confeccionara una orden para justificar el procedimiento irregular desarrollado por los oficiales, lo cual concretó.

El accionar de los policías bonaerenses y de los civiles fue desbaratado por la Policía de la Ciudad, que ingresó al lugar en el marco de una investigación por narcotráfico desarrollada en el fuero federal porteño.

La acusación

Bareiro Sosa, Romero y Vera Caballero llegaron a debate acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Por su parte, a los agentes Mujica y Luna están acusados como coautores del delito de privación ilegal de la libertad agravado por simular orden de autoridad pública, violación de domicilio cometida por un funcionario público, extorsión, violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, abuso de autoridad y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su calidad de funcionarios públicos.

En tanto que a Teófilo Uceda Rosales y Dany Jonathan Uceda Rosales se los acusa como coautores de privación ilegal de la libertad agravada por simular orden de autoridad pública, violación de domicilio, extorsión, violación de medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, Teófilo Uceda Rosales está imputado por el delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal.

Finalmente, el comisario inspector Rodríguez está acusado como coautor del delito de privación ilegal de la libertad agravado por simular orden de autoridad pública, violación de domicilio cometida por un funcionario público, extorsión en grado de tentativa, abuso de autoridad, tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización agravado por su calidad de funcionario público. En tanto, Ávalos llegó a debate como autor de encubrimiento agravado por ser el autor funcionario público y falsificación de instrumento público mediante la inserción de declaraciones falsas.