De forma virtual comenzó hoy, ante el  Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, el debate oral y público contra siete personas acusadas de integrar una organización narcocriminal que operaba a escala internacional, seis de las cuales reconocieron en la audiencia inicial haber participado del hecho investigado. En el juicio, en el que habrá más de un centenar de testigos, interviene el  fiscal federal Gabriel González Da Silva.

Tras unos problemas técnicos, la jornada que estaba pactada para que comience a las nueve de la mañana, empezó pasado el mediodía con una apertura por parte del fiscal, símil al que prevé el nuevo Código Procesal Penal Federal. En su enunciación, basada en el requerimiento de elevación a juicio, González Da Silva formuló los hechos imputados en los actos de declaración indagatoria, junto a su calificación jurídica.

Además, en la audiencia de hoy, la defensa de uno de los imputados interpuso un planteo de nulidad del requerimiento a elevación, a la cual se opuso tanto el fiscal como la querella. Su resolución se difirió para cuando el tribunal integrado por Pablo Candisano Mera, Pablo Larriera y Pablo Díaz Lacava  dicte la sentencia.

La acusación es por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa. A su vez, a uno de los imputados se lo juzgará por el delito de lavado de activos.

La causa

La causa comenzó el  14 de marzo del 2017, a partir de un aviso que hizo el departamento de control de drogas de EEUU, la Drug Enforcement Administration (DEA), a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en la que advertía una operación de narcotráfico en Argentina. En esa comunicación se informaba sobre las actividades de exportación de estupefacientes camufladas en el envió de bobinas de láminas de acero hacia España y/o Canadá. Además, el informe detallaba que el grupo narcocriminal era financiado desde México y que operaba desde el Puerto de la ciudad de Campana.

A partir de ese momento, y a través de las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, el 18 junio de ese mismo año se logró desbaratar la organización narcocriminal y secuestrar un total de 1862,17 kilogramos de cocaína, ubicadas en gran parte dentro de ocho bobinas de acero que había en un galpón en el Parque Industrial de Bahía Blanca, mientras que el restante se encontraba acondicionado dentro de bolsas de arpillera en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel.

En los allanamientos se pudo dilucidar el método empleado para camuflar los estupefacientes en los envíos y su meticulosa construcción, que consistía en 1258 paquetes rectangulares de cocaína ubicados dentro de las bobinas, adecuadas especialmente para guardar la droga y repeler todo posible método de detección a partir de la construcción de un campo magnético a su alrededor.

La organización criminal

Según la investigación, la estructura criminal estaba conformada en la cúpula por un ciudadano de origen canandiense, que lideraba la firma “Can Trade Connections” y tenía sedes operativas en México, Canadá, Reino Unido, España y Argentina. La segunda línea jerárquica la ocupaba un ciudadano mexicano que residía en Canadá, que se encargaba de tomar las decisiones económicas a nivel Argentina y a quien le respondían cuatro imputados mexicanos, que operaban con dos grupos empresariales constituidos, uno en la ciudad de Mendoza y otra en Bahía Blanca.

El “modus operandi” de la organización consistía en armar sociedades gerenciadas por personas argentinas, de recursos bajos o medios, de instrucción media, con un giro comercial lícito para llevar a cabo, luego de un tiempo de trabajo, el envío al exterior de grandes cantidades de estupefacientes.

Por otra parte, la organización también se ocupaba de colocar en el mercado financiero, específicamente a través de la moneda virtual “bitcoins”, dinero por montos que superaban los 300 mil pesos argentinos y que eran usados en el marco de las presuntas actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes.